Por: Mauricio Jaramillo Jassir
El paro camionero ha sido la prueba de fuego más compleja que en términos de diálogo social haya enfrentado el gobierno colombiano. Buena parte de las estrategias de la oposición (desinformación, pánico económico y negación sistemática del debate) han coincidido en una dramática coyuntura que ha puesto a prueba la autoridad de Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda y su capacidad de concertación.
El progresismo tan habituado a la convocatoria de las movilizaciones ha dado muestras ahora de un abordaje distinto cuando se trata de encarar la protesta social desde el poder. Primero, ha evitado el uso de la fuerza para que solo sea un último recurso y evitar las tragedias que han acompañado otras situaciones similares en el pasado reciente. Basta recordar la catastrófica situación de derechos humanos en los estallidos sociales de noviembre de 2019 y mediados de 2021 en el gobierno de Iván Duque. Segundo, el gobierno le salió al paso a quienes convocaron el paro para poner sobre la mesa la idea de un paro o huelga gremial, es decir, que no se trataba de una convocatoria de trabajadores, sino de patrones dueños de las grandes empresas de carga que han disfrutado de un subsidio para el congelamiento del precio del diesel a expensas de las condiciones laborales de conductores, tal como lo expresaron Luis Antonio Rojas y Ary Ramírez representantes de estos últimos. En Señal Colombia explicaron que a pesar de que se entregaron 56 billones desde el gobierno Duque, este subsidio en nada ha contribuido a que tengan condiciones laborales mínimas dignas como tampoco se ha alcanzado el propósito del subsidio que consistía en el control de precios de los alimentos. Tercero, el gobierno mostró que puede ser responsable fiscalmente aún enfrentado una férrea resistencia. El paro reveló además una paradoja: ni siquiera para los mínimos donde suele estar de acuerdo el establecimiento, son posibles los apoyos expeditos como en este caso para mantener el déficit fiscal de acuerdo a los consensos históricos (que no exceda el 5%).
El gran ganador con el acuerdo que puso fin a los bloqueos es, sin duda, Bonilla de quien se decía que era un radical y que no estaría a la altura de José Antonio Ocampo, quien abandonó el gobierno en uno de los primeros y más sonados remezones ministeriales junto a Alejandro Gaviria y Cecilia López Montaño. Valga recordar que una vez elegido presidente Petro, este buscó a Ocampo, a quien todos señalan como la única cabeza que podía enviar una señal de calma a los mercados internacionales y a los inversionistas extranjeros. En el fondo, una situación que revela hasta qué punto se ejerce un chantaje contra los gobiernos progresistas que tiene como defecto adicional la erosión de su soberanía. La salida de Ocampo hizo que volvieran los vaticinios catastrofistas y se especuló que con la llegada de personas del gabinete de Petro alcalde, habría una radicalización con efectos nocivos sobre la economía. Con el acuerdo post paro, Bonilla marcó una pauta porque convenció a transportadores de descongelar el precio del diesel y dio muestras de que un ministro de Hacienda puede negociar con la clase trabajadora asumiéndola como par.
Ahora bien, el gobierno no puede, ni debe cantar victoria, el pacto con los transportadores no significa un punto de llegada sino de salida. A partir de la fecha se deben instalar mesas de negociación que son una buena noticia pues demuestran que es posible el diálogo social en una sociedad donde todavía el concepto no parece calar del todo. Perdieron algunos medios hegemónicos y sectores de la derecha más radical que advirtieron precipitadamente sobre la emergencia de un estallido social y que la ingobernabilidad sería la regla. Es más de lo mismo, la profecía autocumplida de la extrema derecha envalentonada y herida. Por fortuna, ese vaticinio catastrofista por el que apuestan, parece descartado en el corto plazo.
