Por: Juan Pablo Soler

Mas de dos meses sin agua potable tienen a Uruguay al borde del colapso dejando al descubierto problemas en la gestión del sistema hídrico, los procesos extractivos y los efectos de la crisis climática que cada vez hacen más vulnerable al país austral.

En los últimos meses la población ha protestado de diversas maneras para llamar la atención sobre sus padecimientos, pero las dimensiones de la problemática parecieran no brindar un horizonte seguro. Tan sólo la recuperación del equilibrio ambiental podría retornar las condiciones seguras y suficientes de acceso al agua potable, en una senda de transición en que la solidaridad internacional no debe esperar.

Para abastecer atender la demanda de agua, el gobierno ha adoptado la estrategia de mezclar las reservas de agua dulce con agua salada de mar por lo que las poblaciones de más bajos recursos se ven obligados a tomar y cocinar con esta agua. Hace menos de tres meses el agua se podía beber de la llave (canilla) pero en la actualidad significa un alto riesgo dado que sólo el contenido de sal (cloruro de sodio) duplica lo establecido en las normas internacionales de potabilidad.

Por otra parte, se ha recomendado ventilar los espacios para bañarse para disminuir la inhalación de trihalometanos que resultan del proceso de potabilización de aguas con alta cantidad de materia orgánica, los cuales son nocivos para la vida humana y no humana. Estos compuestos usualmente se usan en la industria química como disolventes o refrigerantes por lo que no es aconsejable su aspiración diaria dado su potencial cancerígeno.

Bañarse en espacios ventilados sonaría algo relativamente sencillo en verano o en zonas calientes, pero ad portas del invierno que ya tiene temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados tiene otras implicaciones, se crean condiciones para un problema de salubridad pública de corto plazo que afectará mayoritariamente a adultos mayores, niños y niñas y mujeres embarazadas.

Ducharse es un gran placer, pero se ha convertido en una tortura para el pueblo uruguayo que implica violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

El olor y sabor del agua tiene contra la espada y la pared a todas las clases sociales del Uruguay. La población más vulnerable económicamente está inmersa literalmente en un mar de incertidumbres que implica, en el corto plazo y mediano plazo, mayores gastos en atención en salud, afectaciones psicosociales y tener mayor capacidad de atención hospitalaria.

La clase media y alta seguramente acceden al agua embotellada para cubrir parte de sus necesidades, pero implica un mayor gasto de sus ingresos aumentando el costo de vida lo cual se agudiza con que el precio del agua embotellada ha crecido exponencialmente en los últimos meses, afectando por obvias razones de manera más significativa a la clase media.

Uruguay enfrenta una cruenta sequía acompañada de una pésima gestión del sistema hídrico que traspasa los pasivos del desabastecimiento a la población en general. No es la primera vez que el país padece una sequía, en los últimos 120 años han ocurrido sequias graves entre 1916-1917, 1942-1943, 1964-1965, 1988-1989, 2005-2006 y la actual que va de finales de 2022 a la actualidad aunque técnicos de la materia aseveran que la seguía lleva mucho más tiempo. La periodicidad que solía ser entre 20-25 años se observa que en los dos últimos episodios se ha reducido a 16 años y más. La pérdida del equilibrio ambiental en el país y el desorden climático global al parecer no tienen sintonía con las decisiones políticas internas relacionadas con el agua al interior del Uruguay.

Para citar un ejemplo, la amenaza periódica del desabastecimiento no se corresponde con el licenciamiento otorgado, en los últimos 20 años, a empresas trasnacionales de celulosa para que se instalen en el país contaminando y usando grandes cantidades de agua dulce. En este aspecto es importante resaltar la coloración verde que por completo han teñido, en diversas ocasiones, las aguas del río de la Plata y otros ríos del país, los cuales usualmente aparecen en aguas quietas y contaminadas produciendo metilmercurio, el cual se acumula en los peces y otras especies que luego se traspasa a los humanos y que puede llegar a afectar el sistema nervioso central generando otro un problema de salubridad pública de mediano y largo plazo.

Como complemento a esta situación, la empresa estatal de agua potable durante el actual gobierno ha jubilado y recibido la renuncia de una gran cantidad de trabajadores sin contratar a nuevas personas lo cual ha impactado la capacidad de gestión del sistema. Se observan por la ciudad de Montevideo una gran cantidad de fugas de tubos colapsados que no se reparan con celeridad desperdiciando volúmenes considerables del preciado líquido. A todas luces, una decisión económica que, observando el mapa de reformas neoliberales en América Latina, no guarda otro horizonte que la justificación de la privatización del sector público del agua potable. Una estrategia maquiavélica frente al triunfo del plebiscito por el agua en el año 2004.

Urge, por tanto, la solidaridad internacional de los gobiernos para abastecer de agua potable al pueblo uruguayo y, por otra parte, adoptar la lectura de la situación de la crisis climática global en la creación de políticas públicas en torno al agua que priorice la vida antes que los negocios en todos los países de la región y el mundo.

Sin agua no hay vida, un lugar común al que no queremos llegar.