Por: Juan Pablo Soler Villamizar

Las poblaciones afectadas por la construcción de represas en el mundo son incalculables y en continuo crecimiento. La complejidad de las afectaciones derivadas de la obstrucción de un río implica la alteración de las dinámicas en toda la cuenca y el impacto sobre  las formas de vida que interactúan con ella.

Este año se cumple el 28vo día de acción internacional contra las represas y por los ríos, las comunidades y el agua en el que los pueblos afectados y amenazados se movilizan por la defensa de sus derechos y sus territorios. También es de resaltar que este año se cumplen veinticuatro años de la publicación del Informe Represas y Desarrollo de la Comisión Mundial de Represas cuyas recomendaciones han sido pasadas por alto por gobiernos, bancos y empresas.

En la región, la imposición de las hidroeléctricas ha seguido su curso y con ello ha aumentado el rechazo social. Los beneficios de la generación de hidroelectricidad son innegables pero a su vez, no es posible ocultar que la mayor parte de las externalidades y pasivos ambientales derivados de la obstrucción de los ríos, los asumen las comunidades locales y que en el mediano plazo los estados deberán asumir la carga de la vida útil reducida de las hidroeléctricas.

Al escenario mundial de discusión se suma la crisis climática, en donde los empresarios y promotores de represas se empeñan por presentar a las grandes y medianas hidroeléctricas como una solución a la crisis del sistema energético, pero en realidad son parte de la problemática y constituyen una falsa solución. Además, la forma en que se han venido implementando las pequeñas centrales hidroeléctricas en Tolima, Caldas o en países como Panamá representan impactos ambientales irreversibles como el secamiento de cauces que propician el desplazamiento ambiental.

Los aportes de gases efecto invernadero como el metano y dióxido de carbono asociados a los embalses, empieza a ser investigado y las constataciones sobre efectos nocivos sobre el clima son innegables. Hace décadas el Instituto de Investigaciones Brasileño INE, ya reportaba que las hidroeléctricas eran responsables de la emisión anual de por lo menos 104 millones de toneladas de metano a la atmósfera. 

Esta realidad sumada a los efectos ambientales y a la violación sistemática de derechos humanos de las poblaciones donde se implementan represas, cuestionan de fondo y forma catalogar a este tipo de proceso como energías limpias. Por tanto, la transformación del modelo energético donde involucre a las comunidades que históricamente han sido afectadas está al orden del día en el marco de una transición energética justa.

De manera paralela, sin perder la perspectiva de la lucha histórica de los perjudicados, es necesario que en Colombia se avance en el reconocimiento de los derechos de las comunidades afectadas por la construcción de  represas en el marco de una política nacional. Las altas cifras de rentabilidad de los proyectos hidroeléctricos se han alcanzado por medio del desconocimiento detallado de todas la afectaciones y de las personas involucradas por los proyectos hidroeléctricos, es necesario en este punto recordar que los censos poblacionales se han caracterizado por tener vacíos en el reconocimiento de las actividades socioeconómicas de las poblaciones y las secuelas de la guerra donde los asesinatos selectivos, los desplazamientos forzados y otras formas de violencia, han debilitado o desaparecido el tejido social.

En la región ya se tiene un modelo a seguir: en Brasil, el Congreso y la Presidencia de la República aprobaron y sancionaron un proyecto de ley que da curso a la Política Nacional para los Afectados por Represas. Este es un avance histórico que busca atender la falta de acceso a tierra, a la vivienda digna, alimentos saludables, al trabajo, acceso al agua y la energía entre otros derechos vulnerados de los afectados

En Colombia el Movimiento Nacional Ríos Vivos también ha demandado la construcción de una Política Nacional y la constitución de una Comisión Nacional de Represas que permita tomar decisiones argumentadas en torno a nuevos proyectos hidroeléctricos. Dichas propuestas han sido acogidas en el pliego de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP).  

Este 14 de marzo, y durante todo el mes, el Movimiento Ríos Vivos adelanta la XIV Jornada Nacional en Defensa de los Territorios, bajo el lema #tierraparalosafectadosporrepresas, la cual contempla acciones en diversos departamentos que reivindican los derechos de las comunidades perjudicadas y que abogan por la construcción de un modelo energético popular. Acompañar las acciones y fomentar el reconocimiento de derechos vulnerados hace parte del proceso de construcción de paz con enfoque territorial. Toda acción cuenta.