Por: Elmer Montaña
Alejandro Eder, ganó la alcaldía de Cali con la promesa de manejar los dineros públicos en forma limpia y transparente. Durante la campaña electoral cuestionó duramente al entonces alcalde Jorge Iván Ospina, entre otras cosas, por utilizar los contratos interadministrativos para contratar de manera directa, favoreciendo a determinados contratistas en pago de favores políticos. Apenas cumplidos 100 días del mandato de Eder se conoce un contrato interadministrativo por siete mil seiscientos millones de pesos, suscrito entre el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Cali y el canal regional de televisión Teveandina S.A.S., cuyo representante legal es John Alejandro Linares Gamberos, ex representante a la Cámara por el partido de la U, igual o peor de turbio a los que firmaba el anterior alcalde.
Los contratos interadministrativos son una modalidad de contratación directa, celebrados entre entidades públicas con el fin de cumplir los fines del Estado, teniendo en cuenta los objetivos misionales y competencias de quienes lo suscriben. Con este tipo de contratación se busca hacer mas eficiente y, en ocasiones, menos costosa la contratación pública. Sin embargo, para los corruptos es la mejor herramienta para despilfarrar y saquear los recursos públicos.
Esto lo sabe muy bien el alcalde Eder, quien para reafirmar ante los caleños su compromiso contra la corrupción publicó hace pocos días El Libro Blanco, donde denunció las irregularidades que encontró en la alcaldía, reseñando que “la administración saliente, en lugar de contratar una central de medios por medio de una licitación pública, realizó procesos de contratación directa con cada medio de comunicación”. Paradójicamente, mientras Eder daba una rueda de prensa presentando el Libro Blanco, su secretario de Gobierno firmaba el cuestionado contrato con Teveandina S.A.S.
Por regla general estos contratos se maquillan para darles apariencia de legalidad. Para esto, previamente el contratista se encarga de modificar los estatutos ofreciendo en el papel la mas variada prestación de servicios. Pongamos como ejemplo, la Imprenta Departamental del Valle del Cauca o Impretics, cuyo objeto social fue modificado para ofrecer toda clase de servicios, desde la impresión de una hoja de papel hasta la construcción de edificios inteligentes. De esta manera, los contratos quedan revestidos de aparente legalidad, sin embargo, en realidad la mayoría de esos servicios no hacen parte de la capacidad instalada del contratista, por lo tanto, después de suscrito el contrato salen a sub contratar con terceros el cumplimiento de la obligación, a un costo mucho mas bajo. Así los corruptos hacen carambola a dos bandas: escogen a dedo el contratista y se quedan con buena parte del monto del contrato.
En el caso de Teveandina S.A.S, se conoce que es propietaria de Canal 13, y en su página web registra como dirección de domicilio la Cra 45 #26-33 4º piso en Bogotá. Esta dirección corresponde a la sede del canal público RTVC donde Canal 13 tiene el estudio de televisión. Esto permite deducir que Teveandina S.A.S no es una empresa que tenga la capacidad para ofrecer la enorme cantidad de servicios a los que se obligó en el contrato suscrito con la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Distrital de Cali (ver contrato). Al igual que hace IMPRETICS, tendrá que sub contratar con terceros.
Como si estuviera siguiendo al pie de la letra el manual de la contratación corrupta, el secretario de Gobierno hizo la pantomima de convocar tres empresas: Telecafe (Eje Cafetero), Canal Tro (Santander) y Canal Trece (Boyacá). El Canal Tro no presentó oferta y escogieron a Canal Trece o Teveandina SAS porque presentó la oferta más económica. ¿Por qué acudieron a canales de otros departamentos? ¿por qué no incluyeron a Telepacifico? La respuesta es sencilla: el contrato ya tenía el nombre de Canal Trece.
También llama la atención que en los certificados de la Cámara de Comercio de Bogotá solamente aparezcan inscritos los nombres del representante legal y el revisor fiscal, esto no es ilegal, pero suele ser una práctica de las empresas de papel, sin músculo financiero, sin existencias en bodega, etc., constituidas con el propósito de contratar y defraudar al Estado.
Igualmente se aprecia en el contrato la ausencia de valores. No hay precios unitarios de ninguna especie, ni siquiera de los cholaos (no cholados), luladas, pandebonos, manillas, camisetas o pasacalles. Dirán que los precios están consignados en la oferta económica, sin embargo, la obligación se contrae en el contrato. Dejaron abiertos todos los precios a criterio del contratista.
Si el objetivo de Eder es hacer buen uso de los recursos públicos, resulta ilógico que hubiese contratado una empresa de logística que opera en el centro del país. Las empresas locales habrían hecho la misma tarea sin tener que sumar los gastos de organización. A no ser que sub contraten todo en Cali, con lo cual confirmarían la ilicitud del contrato.
El haber contratado con una empresa con domicilio en Bogotá, pone además al descubierto la falta de coherencia de la actual administración. Eder prometió 100 mil empleos, sin embargo, ofrece la contratación pública en otros departamentos. Tal parece que los caleños y caleñas solo sirvieron para darle el voto.
Ospina cayó en el fango del desprestigio, de donde no pudo salir cuando la ciudadanía se enteró que estaba despilfarrando y saqueando los dineros públicos. El mecanismo que utilizó fue el de los contratos y convenios interadministrativos.
Es probable que Stapper haya suscrito este contrato por su cuenta y riesgo, abusando de la delegación que le hizo el alcalde para contratar. Si es así, Eder debe pedir la renuncia inmediata del funcionario y hacer lo que esté a su alcance para reversar el contrato. Pero si sale a justificar este torcido nos quedaría claro que nada va a cambiar en la alcaldía de Cali y que tendremos que estar con los ojos bien abiertos y asumir desde ahora una férrea defensa de los dineros de la ciudad. El alcalde Eder se está jugando el prestigio al abrir la puerta de la contratación ilícita y corre el riesgo de perder credibilidad por no conectar el discurso con sus acciones.
Al terminar esta columna sigo sin escuchar a la caleñisima Diana Rojas, entusiasta denunciante en los medios de comunicación de los contratos torcidos celebrados por Ospina ¿Será que no tiene nada que decir respecto a este adefesio de contrato?
NOTA 1: Control Ciudadano Colombia tiene una persona en Bogotá verificando donde opera Teveandina S.A.S, instalaciones, bodegas, etc. De llegar a confirmarse que la empresa no tiene la capacidad para cumplir las obligaciones pactadas con la Secretaría de Gobierno de Cali, presentaremos las quejas ante los órganos de control y las denuncias penales ante la Fiscalía, como lo hicimos respecto a la contratación ilegal que suscribió Ospina.
NOTA 2: Eder debe tener en cuenta que la delegación para contratar no lo exime de responsabilidad penal. El ex gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, fue condenado a 21 años de prisión por un contrato que no firmó. Según el fallo proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tenía la obligación de hacer seguimiento a la contratación y velar por los recursos del departamento del Valle, que le habían sido encomendados en razón de su cargo.
