Por: Jimmy Viera Rivera
El Gobierno del Cambio afronta el reclamo de nueve millones de víctimas y, por lo tanto, le urge retomar la capacidad de administración y ejecución integral de su política más importante: el bienestar de esta población.
El objetivo de todo gobierno que se propone el cambio es remover las aguas estancadas de las instituciones sumidas en el marasmo, corrupción y profunda decadencia provocada por décadas de cultura neoliberal.
La entidad que rige la política de víctimas, atraviesa su peor crisis en medio de un conflicto armado que no termina. La Unidad de Víctimas, sin un rumbo definido, con una directora en interinidad a quien le pidieron la renuncia, pero no se la aceptaron, experimenta un ambiente donde predomina el maltrato sistemático y despidos por parte de esta funcionaria que, para completar el cuadro crítico, se vio obligada a renunciar principalmente por motivos políticos. El partido político ASI, al que ella pertenece, es uno de los que ayudaron a hundir la reforma a la salud, en la Comisión Séptima del Senado, además de que se cambió de la coalición de gobierno, a la oposición de derecha.
El balance crítico sobre la Unidad de Víctimas, nos arroja varios hechos que han dado lugar a una débil gestión durante el periodo del actual gobierno.
Una de las instrucciones impartidas a la directora, era preparar una reforma a la ley de víctimas, acorde con su importancia en el Gobierno del Cambio, articulada con la visión territorial y los procesos de paz total. Sin embargo, antes de presentar el proyecto de ley, por parte de la Unidad, tres proyectos de reforma a la Ley 1448, fueron radicados. Frente a esta situación de pérdida de la iniciativa gubernamental, la directora intentó preparar de afán el proyecto, pero este adolecía de muchas debilidades legales y conceptuales, una situación incomprensible respecto a una entidad con las capacidades institucionales que posee.
La directora no se apersonó con tiempo suficiente de un proceso de concertación de los proyectos de ley, necesario para asumir el liderazgo gubernamental; por el contrario, sus prioridades fueron atender otros asuntos (que no son conocidos), durante prolongadas comisiones fuera de Bogotá, además de su reiterado ausentismo. Lo mismo, su resistencia a cambiar normas y resoluciones con sentido pro víctimas para eliminar las barreras de acceso.
La crisis de la Unidad es la prueba palpable de un manejo en función de un proyecto político personalista, en detrimento de un proyecto colectivo de país y de gobierno, esto explica la entrega de cargos claves a grupos de funcionarios de confianza del gobierno anterior, que le han puesto freno de mano a la implementación de la ley y generan barreras, lo mismo que la exclusión de profesionales cercanos al Pacto Histórico.
Tras dos años de gobierno, la Unidad continúa con las mismas fichas de inversión del gobierno de Duque. Se entiende que estas corresponden e interpretan la ley, pero, también es importante considerar que existe un margen de discrecionalidad por parte del gobierno actual, para adicionar o adoptar nuevas acciones encaminadas a la reparación integral a las víctimas y las nuevas situaciones. Sin embargo, esta ha sido incapaz de ajustar las fichas de inversión, conforme a la visión del gobierno y la realidad de hoy.
Un principio fundamental de la ley 1448, es la reparación transformadora. Esta no es resultado del proceso al final de muchos años de espera por parte de las víctimas, sino que inicia desde el momento en que ellas se relacionan con la Unidad y, por lo tanto, implica una transformación en la calidad de la comunicación entre ambas partes, para brindar un lugar a las víctimas, en vez de continuar tratándolas simplemente igual que gobiernos anteriores, a través de una fría ventanilla de atención que representa una barrera de acceso a derechos, además de un trato impersonal que carece de sensibilidad humana.
En materia de reparación a los sujetos colectivos, no ha habido durante 18 meses, avances relevantes. De 980 sujetos colectivos, no se han ejecutado más que en 15 planes colectivos de reparación durante el tiempo transcurrido de gobierno.
En el aspecto humanitario, la Unidad ha desmontado durante los meses recientes, la responsabilidad en prevención urgente y liderazgo institucional gubernamental, que le asigna la ley, para gestionar de manera integral respuestas humanitarias en un contexto de emergencias. Además, la Unidad está legalmente encargada de adelantar acciones en prevención urgente, con las comunidades donde ocurren crisis humanitarias, para evitar mayores daños humanitarios en el contexto de las crisis. De igual modo, ha desmontado la estrategia de atención y prevención a víctimas de otros hechos victimizantes, distintos al desplazamiento forzado. Articular esfuerzos interinstitucionales debe ser una tarea para impulsar permanentemente con otras entidades estatales la atención a víctimas de minas antipersona, reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas y adolescentes, atentados terroristas, homicidios, secuestros y violencia sexual basada en género.
En la transformación del instrumento de articulación institucional (SNARIV) en distintos niveles de la administración pública para fortalecer las políticas de reparación integral a las víctimas, no hay avances significativos, responsabilidad que no puede recaer exclusivamente en una Subdirección, sino que es del resorte político de la cabeza de la institución.
Otro tema crítico es la nula respuesta frente a la situación de las comunidades indígenas emberas en Bogotá y otras ciudades, más cuando la actual directora pertenece a la comunidad embera chamí. Cuando ella llegó a la Unidad, había 700 emberas, al día de hoy hay 2.500 en cuatro albergues, sin una respuesta nacional ni distrital.
La mesa de víctimas que ha sido un espacio de interlocución entre gobierno y las diversas expresiones de las víctimas, da muestras de ser una instancia cooptada por la institucionalidad y de relaciones clientelares.
La situación de la Unidad de Víctimas con relación al concurso de méritos de la planta de funcionarios, es especial. La alta dirección de esta, no adelantó un plan de contingencia para hacer frente a la transición, sino que planteó vigilar a los funcionarios y acosarlos mediante cargas laborales, para abrir procesos disciplinarios en vez de generar un ambiente amable de transición para los funcionarios cuya subsistencia depende de su trabajo y, por lo tanto, están bajo estrés frente a la incertidumbre sobre sus ingresos por causa de la pérdida del empleo. La Unidad no cuenta hoy con un plan de transición e inducción para nuevos funcionarios.
Reorientar la gestión humanitaria y superar anteriores enfoques como también, la ineficiencia en la administración del fondo de reparación a víctimas, son tareas pendientes. En conclusión, un balance desalentador que se resume en esta frase: “La Unidad está reducida a ser un girador de pagos de indemnización”.
El segundo informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, es muy preocupante cuando anota: “No obstante, y aunque se aprecia un avance relevante, la indemnización a las víctimas se sigue dando a ritmo significativamente lento, a pesar de la ejecución de la UARIV y las metas del actual Gobierno Nacional. Según la Fundación Ideas para la Paz-FIP (2023) aun cuando se mantenga el “ritmo de indemnización propuesta por el gobierno, el Estado tardaría aproximadamente 43 años en indemnizar a las víctimas que están registradas actualmente” (p. 95)”.
La política de paz total, como el capítulo V del acuerdo Farc-Gobierno, convergen con la política de víctimas, en su vértice, se ubica la Unidad de Víctimas. Durante los dos años que restan al actual gobierno, se deben redoblar esfuerzos, enderezando ante todo el camino de esta entidad y, por lo tanto, poner al frente, a una persona con suficiente desenvolvimiento en materia jurídica y de paz, leal a las políticas del gobierno, sintonizada y comprometida con las víctimas, en consonancia con el enfoque de la paz total y la acción reparadora de territorios y, con el programa de gobierno y el plan de desarrollo que le otorga una importancia central a las víctimas.
La paz sin una eficiente política de víctimas, ¡no es paz!
