Por: Jimmy Viera Rivera
La teoría de la democracia liberal sostiene que la soberanía reside en el pueblo y distingue entre el poder constituyente y el poder constituido. El pueblo actuando como poder soberano, ejerce el poder constituyente: elabora la Constitución y crea los poderes constituidos (ejecutivo, legislativo y judicial). Una vez ejercido, el poder constituyente desaparece y el poder constituido es el que permanece.
Para la teoría revolucionaria, de igual modo, la soberanía reside en el pueblo. Sin embargo, afirma que el poder constituyente no tiene fin, que no se detiene, que está siempre en actividad, creando continuamente nuevas respuestas ante el anquilosamiento o la negación del poder constituido, para avanzar en reformas democráticas o sociales votadas mayoritariamente por el pueblo soberano. Es decir, el poder constituyente no se agota con el ejercicio del voto.
A este legítimo debate constitucional puesto en la mesa por el presidente Petro, se suma una disyuntiva: ¿es ahora el momento de convocar una Asamblea Nacional Constituyente o es el momento de organizar primero asambleas territoriales constituyentes, por parte del pueblo en sus diversas expresiones culturales y sociales?
El revuelo mediático y temor de la derecha colombiana y del presidente del Senado se debe más a que el poder del pueblo se multiplica en poder constituyente y no a que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente, ya que esta tiene que ser sometida a la aprobación del Congreso de la República y aquí moriría en manos de la mayoría de los partidos al servicio del gran capital.
Cuando el poder soberano se convierte en alternativa a la democracia representativa, es donde se vuelve poder constituyente en toda la extensión de la palabra, pues este poder reside en el pueblo organizado, sus comunidades, centros de trabajo, centros de estudio, campos y ciudades y, en el poder de los pueblos indígenas, afrocolombianos y rom.
Hemos entrado de lleno en un proceso constituyente, debido a la imposibilidad de cumplir el programa social y nueva propuesta de país, votados por 11.281.902 personas, ya que el Congreso compuesto en su mayoría por partidos financiados por el gran capital, no aprueban dichas reformas sociales. Ejemplo de esta anomalía es el interés particular derivado de la financiación por parte de EPS a campañas de los parlamentarios que hoy hunden la reforma a la salud.
Frente a este cuadro crítico de contradicciones entre la voluntad popular y la voluntad de los partidos, además del gran capital opuesto a las reformas, la salida no es convocar inmediatamente una Asamblea Nacional Constituyente, ni un referendo, sino adelantar un proceso constituyente.
Sobre la primera opción, recae el impacto negativo de la derrota en las pasadas elecciones del 29 de octubre del 2023, ya que el saboteo sistemático del poder legislativo y del judicial busca a toda costa recortar facultades al ejecutivo; esta actitud del Congreso y las Cortes adquirieron mayor injerencia por ser agentes de política pública, hoy manejados mayoritariamente por la derecha y capturados por el gran capital, la lentitud en la ejecución por parte del gobierno, la gran inconformidad social causada por el aumento en el precio de la gasolina para tapar el hueco fiscal heredado del gobierno Duque (en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles), y, finalmente, la feroz campaña contra el cambio y reformas, mediante verdaderos misiles mediáticos diarios contra el gobierno progresista.
En cuanto a la segunda opción, la aprobación de un referendo requiere que todas las preguntas sean votadas a favor y que la participación cumpla con el umbral de al menos el 25% del censo electoral (con el cual no se cuenta hoy). Como una enseñanza, debe servir el fracaso del referendo uribista: en el 2003, tras un año de haber obtenido una gran votación, Uribe recibió su primera derrota, pues, aunque el 'SÍ' le ganó al 'NO', en todas las preguntas, la participación no alcanzó el umbral de al menos el 25% del censo electoral.
Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente no es como un rayo en cielo sereno, debe ser el resultado de un proceso construido por el pueblo colombiano para garantizar las condiciones favorables a su convocatoria.
Este proceso constituyente implica ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo con participación de los sectores sociales y regiones involucradas en este, construir la dupla gobierno-pueblo, adelantar juntos las medidas fundamentales y compartir las responsabilidades de las decisiones y su implementación.
Gobernar para el pueblo, implica gobernar con el pueblo. Es el pueblo organizado, articulado en su diversidad de identidades, nacionalidades y culturas, quien tiene el poder de cambiar la historia y construirla a su imagen y semejanza, como un poder constituyente. Por lo tanto, cogobernar es incorporar propuestas y políticas del movimiento popular, en cambio de incorporar líderes de este, al aparato administrativo; es admitir y fomentar la autonomía de los movimientos, aunque tengan posiciones contrarias o críticas frente al gobierno.
El poder constituyente es una fuerza en movimiento y debe ser ejercido en su diversidad social. No es un poder formal, ni jurídico, ni tampoco es otorgado por el poder del Estado, emana del propio constituyente primario, su esencia es transformadora cuando se ejerce continuamente, y debe condensarse en Asambleas Constituyentes de tipo regional, poblacional, local, sectorial o étnico, para abordar los nueve puntos propuestos por el presidente, además de sumar las macropropuestas colectivas concretas de transformaciones regionales.
Mantener la bandera de la Asamblea Nacional Constituyente implica que las organizaciones sociales y políticas progresistas y de izquierda, se pongan al servicio de la construcción del poder constituyente, mediante la creación de Comités de impulso a dicha Asamblea en cada entidad territorial y sector económico o social.
Este es un proceso popular que culmina en una Asamblea Nacional Constituyente donde se llega por la vía de la presión popular pacífica, repercutiendo en las estructuras que no permiten realizar las reformas que la Constitución del 91 abandonó a mitad de camino. Es una etapa necesaria que devuelve al pueblo su soberanía, su capacidad de decisión y su verdadero camino democrático.
Abordar este proceso nos lleva a mirar la democracia como protagonista donde las decisiones emanan del pueblo. Este gobierna a través de su voluntad directa o cogobierna donde se ha constituido en poder Constituyente, el gobierno no gobierna sin la participación del pueblo que pide rectificar lo que haya que rectificar, y concreta este nuevo proyecto de país por el cual votó mayoritariamente.
La Constituyente debe también mirar y resolver la esquizofrenia de nuestra constitución que consagró con una mano la novedosa carta de derechos y con la otra el neoliberalismo, abriendo campo al sector privado para la prestación de servicios públicos y sociales, en salud, pensiones y otros sectores, llevando al país a la crisis del modelo económico que hoy padecemos. Esta debe tratar sobre la crisis agudizada por la imposición del modelo violento de acumulación por desposesión y despojo en el campo, lo mismo que el ajuste y cambio de la economía, con impactos negativos sobre la vida de los colombianos, de acuerdo a ese recetario neoliberal en 30 años y que reseña el economista Libardo Sarmiento: apertura indiscriminada y baja de aranceles, reducción del papel económico y social del Estado, privatización de activos públicos, control monetario, ajuste fiscal y equilibrios macroeconómicos como objetivos centrales de la política económica, recorte del gasto público, normativas favorables a la inversión extranjera, fortalecimiento del capital financiero, deslaboralización y flexibilización del mercado de trabajo, apertura e impulso a la explotación de los recursos naturales, predominio del ejecutivo sobre las demás ramas del poder público, represión y criminalización del descontento, protesta social y laboral.
Los estudiantes, cansados de los gobiernos universitarios neoliberales que mantienen una fachada democrática y cansados de rituales vacíos institucionales de consultas libres, pero burladas, desencadenarán este proceso, convocando una CONSTITUYENTE ESTUDIANTIL que resuelva la reiterada manera antidemocrática de nombrar o imponer rectores en contra de la decisión mayoritaria. Los estudiantes hoy señalan el camino, con Constituyente y la posibilidad de un paro nacional universitario.
Es tiempo de Poder Constituyente.