Por: César Jerez
La violencia y las guerras han marcado nuestra historia reciente, pero, contrario a lo que se asume comúnmente, en la historia republicana hemos vivido más años en paz que en guerra. Además, como tendencia positiva, vemos que desde el final de la guerra de “Los mil días”, todos los conflictos armados que se han resuelto no son producto de victorias o derrotas militares, sino que han sido resultado de una negociación que llevó a indultos, amnistías, acuerdos y nuevas constituciones.
Desafortunadamente la ausencia de un proyecto nacional compartido que supere las causas estructurales de los conflictos armados, así como el incumplimiento y la traición a lo acordado, marcan un derrotero que explica el resurgimiento de insurgencias, guerras y dinámicas violentas.
El largo historial de paces engañadas inicia en 1599, cuando Benkos Biohó huye con su mujer y su familia maltratada, con tres negras y tres negros más, al arcabuco para emanciparse enfrentando a los esclavistas españoles. Benkos, que venía de un pueblo de guerreros en las islas Bijagós, en la actual Guinea Bissau, derrotó a las cuadrillas que lo persiguieron y prontamente fundó el movimiento Cimarrón, que con disciplina militar guerreó con los españoles hasta que en 1605 las partes llegan a un primer pacto, que se empezó a implementar en 1613; en virtud del cual se otorgó libertad de movimiento a los libertos, incluso en la ciudad de Cartagena de Indias, se les permitió el porte de armas y se les concedió autonomías territoriales en sus palenques, a cambio Benkos se comprometió a no recibir más cimarrones en los territorios liberados, a suspender la rebelión y a no llamarse “rey negro”. Este primer acuerdo fue traicionado después de 16 años de paz, entonces Benkos fue hecho prisionero con engaño en 1619 y finalmente ahorcado y descuartizado en plaza pública el 6 de marzo de 1621.
La traición a Benkos se ha repetido muchas veces después de múltiples acuerdos. Los firmantes de paz han sido reiteradamente perseguidos, entrampados y asesinados. Los asesinatos de Jacobo Prías Álape (Charro Negro), de Guadalupe Salcedo, de Carlos Pizarro o Jesús Santrich hacen parte de un corolario de trampas y engaños para enterrar las posibilidades de paz.
Más recientemente, el incumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC se traduce en el asesinato al día de hoy de 340 exguerrilleros firmantes de la paz, el auge de disidencias de las FARC, el fortalecimiento del ELN y el surgimiento de nuevas expresiones guerrilleras y delincuenciales que ejercen soberanías armadas en las periferias y fronteras del país.
La apuesta de Santos por un diálogo prolongado y desgastante, con el objetivo estratégico de desarmar a las FARC, sin cumplir con los acuerdos sustanciales ni con la reincorporación de los excombatientes, encontraron en el gobierno de Duque el campo abonado para enterrar los acuerdos y oxigenar la guerra.
Por eso el reto de la paz total es mucho más complejo al encontrarnos, después del incumplimiento de los acuerdos con las FARC, con violencias territoriales particulares y diferenciadas, muy distintas a las que vimos en la geografía de la guerra antes de los acuerdos. Una guerra entre las disidencias de las FARC y el ELN en Arauca y el Cauca, extensible a otras regiones, que ha dejado, por lo menos, 260 muertos entre la población civil de Arauca en los últimos meses. Guerra que tiene victimizada a una organización campesina, la Asociación Campesina de Arauca –ACA, señalada primero por Comunes y luego perseguida por las disidencias de las FARC y el ELN, con su presidente encarcelado, con sus fincas y bienes despojados.
A las guerras entre guerrillas y sus víctimas civiles podemos sumar la complejidad que representa la multiplicidad de actores armados y su impacto en los territorios, actores insurgentes y delincuenciales que desbordan el precario accionar de la institucionalidad del Estado. El caso de Nariño es bastante emblemático al contarse con la presencia de por lo menos 14 grupos armados: Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, E-30 Franco Benavides, Los Cuyes, Los nuevos delincuentes, La gente del Nuevo Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico, Guerrillas Unidas del Sur, Contadores, Los de Sábalo, La Empresa, Resistencia Campesina, disidencias de las FARC Óliver Sinisterra, ELN y de una facción del EPL.
Sin embargo, hay avances, después del pronunciamiento de las guerrillas del extinto Gentil Duarte, sobre el inicio de una fase exploratoria hacia los diálogos de paz, en las últimas horas se conoció una manifestación en tal sentido de los Comandos de Frontera- Ejército Bolivariano, en el Putumayo, guerrilla aliada de la Segunda Marquetalia, que a su vez se encuentra en guerra con el frente Carolina Ramírez de las disidencias de FARC, al mando de Iván Mordisco.
La paz total, por tanto, enfrenta muchos desafíos e interrogantes, por ejemplo: ¿El poderoso Frente Domingo Laín entrará en los diálogos de paz con el ELN? ¿Cómo se resolverá la guerra entre guerrillas que dicen estar dispuestas a entrar en una fase exploratoria? ¿Cuál será el papel de Venezuela en cuyo territorio se encuentran comandantes y frentes guerrilleros de las FARC y el ELN? ¿Cómo resolver el problema del poder de las rentas ilegales de estas organizaciones? ¿Cómo sería la reincorporación territorial con garantías después del fracaso con las ex FARC? ¿Qué acuerdos humanitarios se suscribirán para garantizar los derechos humanos de la población civil en esos territorios y cómo será su participación en los diálogos? ¿Cómo se va a resolver el problema del peligro que para los eventuales firmantes representa la extradición?
Un problema añadido lo encontramos en los enfoques que sobre la paz total tienen los potenciales actores de los diálogos de paz. Hace unas horas el comandante Antonio García del ELN trinaba lo siguiente: “La paz, al denominarse de “total” para disfrazar diálogos con bandas delincuenciales, narcotraficantes y paramilitares, se distancia del carácter político del conflicto armado; esta confusión afecta el verdadero sentido de la paz”.
Acaso es factible una paz que pretende ser total, firmada solo con actores insurgentes reconocidos como políticos, qué hacer con las poderosas estructuras de narcotraficantes y paramilitares, que en connivencia con agentes e instituciones estales corruptas, ejercen poder militar, económico y político en regiones enteras del país.
En carta fechada el 4 de agosto, dirigida al presidente Gustavo Petro y al comisionado de paz, Danilo Rueda, Otoniel, el extraditado jefe del Clan del Golfo, manifestaba que “como comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) quiero reiterar mi compromiso sincero de contribuir con la verdad y a construir esa paz total que requiere Colombia, ofrezco mi humilde apoyo para contribuir a detener la violencia en las regiones golpeadas por la violencia como el Urabá, Choco, Sucre y Córdoba y otras regiones donde actualmente operan las AGC".
El jefe narcoparamilitar introducía un concepto desconocido para la sociedad colombiana: el acogimiento a la justicia, al expresar que "desde el año 2014 hemos hecho esfuerzos enormes ante el Estado colombiano, para que las AGC, puedan ser escuchadas por el gobierno y puedan sentarse a negociar un proceso de acogimiento a la justicia que permita desactivar los factores violentos que producen las economías ilícitas e ilegales."
El acogimiento con verdad, justicia restaurativa y garantías podría reemplazar la espada de Damocles de la extradición; las rentas ilícitas de los firmantes de la paz, de los acogidos y de los sometidos a la justicia, podrían invertirse en reparación de las víctimas y en la Reforma Rural Integral, en Zonas de Reserva Campesina y en Programas de desarrollo con enfoque territorial – PDETs, convertidos así en escenarios reales de reincorporación para los sujetos de la paz total.
