Por Francisco Javier Toloza.

Politólogo. Docente Universidad Nacional de Colombia

Con el mismo desdén que la marketinería política ha dejado atrás el recurso de la retórica como herramienta vital de la política en los pasados siglos – y en Colombia sÍ que se hizo uso de ella- se ha desdibujado la figura del discurso “veintejuliero” como si el origen mismo de la expresión no nos retrotrajese al verbo inflamado de chisperos como Carbonell o Acevedo y Gómez, determinantes para el triunfo de la conspiración que dio inicio formal al proceso independentista que se reivindica instalando cada legislatura del Congreso. Hoy por hoy, se usa casi despectivamente el término “veintejuliero” como sinónimo de demagogia, lejos del enfoque del presente artículo.

Las trapisondas entre congresistas por los cargos directivos de Senado y Cámara se han convertido en el “reality show” nacional de los 20 de julio, eclipsando no solo los discursos veintejulieros de mayor o menor estatura, sino el trasfondo de estas intervenciones y de sus interlocutores. La pretensión es contribuir en un análisis donde se refleje como detrás del sinnúmero de hechos y alocuciones coyunturales del pasado jueves, se dibujan movimientos estructurales de la actual encrucijada histórica de Colombia.

Crisis, estrategia y ambivalencias en el discurso presidencial

Más allá de formalismos insulsos que cuestionan que no fue leído o que fue muy extenso, el primer discurso de Gustavo Petro como Jefe de Estado ante el legislativo implicó un giro respecto a las tradicionales rendiciones de cuentas de los anteriores mandatarios. El presidente Petro continúa en su ejercicio de elevar el nivel del debate político nacional y antes que un informe llano de ejecuciones o proposiciones entra a exponer un análisis conceptual de fondo sobre la situación global, de la que desprende su estrategia general, que en todo caso distaría de acotarse a un periodo de gobierno o a una política de un solo Estado nacional.

No se trata de avalar como axioma todo lo expuesto, sino de comprender el calado conceptual del que parte Petro, que se puede compartir, matizar o claramente descreer de él, como lo expresó la primera vocera de la oposición María Fernanda Cabal. El punto de partida de Petro es la crisis global, que el primer mandatario asocia con la etapa actual del capitalismo, pero de las que enfatiza esencialmente sus dimensiones climática, energética y alimentaria. Entre las visiones de crisis climática por acción humana hay miles de variopintos, sobre los que no se profundiza en el discurso ni se adscribe expresamente a alguna. Obvio no se trata de tener una lectura apocalíptica o de inminente armagedón como lo caricaturizó el Centro Democrático, sino de ubicar el desarrollo mismo de su gobierno y de su que hacer político como variable dependiente, de este gran condicionamiento global.

Ahora bien, tal como el propio Petro lo aclara, buena parte de su lectura analítica no está inspirada en las corrientes marxistas o ecosocialistas, sino en la tendencia contemporánea de un nuevo “revisionismo” capitalista, que aflora en cada crisis global. La contradicción que señalo no es por su alineación ideológica, sino porque aunque menciona en su discurso que el antagonismo de la actual era es entre capital y vida, no inscribe su estrategia en un proyecto anticapitalista, sino dentro de una tradición que podríamos catalogar de socialdemocracia remozada, coincidente con buena parte de la agenda internacional de organismos multilaterales: transición energética, monetización de bienes naturales, capitalismo verde con conservación de ecosistemas estratégicos como la Amazonía, o replanteamiento del paradigma de la Guerra contra las Drogas. Aunque Gustavo Petro no lo diga, en todas las grandes crisis globales, terminaron replanteándose estos y otros pilares de modelo de acumulación imperante. De subrayar que el Presidente casi omita de su intervención el papel jugado por el estallido social en el derrumbe de Duque y su posterior elección, dándole todo el acento a ese factor mundial.

A su análisis -que claramente no es nacional ni individual- el presidente Petro responde con una estrategia dual de doble justicia: Justicia Ambiental - Justicia Social. La primera línea estratégica es coherente con su lectura y se traduce en múltiples transformaciones prácticas con afectaciones al conjunto de dimensiones humanas: la descarbonización implica cambios productivos, energéticos, fiscales, de consumo, culturales, entre otros. Involucraría desde el freno a ciertos procesos extractivos en curso o en proyección, hasta la generación de soberanía energética comunitaria. Requiere normas nuevas, como la anunciada reforma al código minero, pero también ejecuciones como el cumplimiento de la incumplida reforma rural, que bien requiere mención aparte.

En segundo lugar, se propone una estrategia de Justicia Social, que corresponde al paquete de reformas represadas en el congreso: laboral, pensional, salud, así como a acciones del ejecutivo aún en ciernes como el impulso a una línea de banca de fomento o a la formalización-fortalecimiento de la llamada economía popular, principal renglón empleador en Colombia. Allí nuevamente aparece la transformación del campo como pilar de este gobierno, y vía hacia la industrialización, pero sin ocultar el arquetipo que inspira a Petro: el modelo “Farmer” de EEUU o Corea del Sur. En todos los aspectos abordados, se trata de reformas dentro de los modelos existentes y en contemporización con los poderes reales, pero con cambios que lejos de señalarse de ornamentales implicarían beneficios a importantes sectores de la población y claramente afectarían intereses creados de grandes corporaciones o élites sectoriales.

Las dos estrategias de justicia de Petro se encuentran en un hipotético círculo virtuoso, al mejor estilo keynesiano o neokeynesiano, para salir de la crisis multidimensional, redundando en una expansión del conjunto de la economía colombiana. No hay por tanto teoría del decrecimiento en Petro. Sin embargo, el factor omnipresente en las facetas de su estrategia, así como de la crisis que aspira resolver es el nudo Campo-Paz.

El pasado sigue presente

Pese al gran esfuerzo presidencial por mostrarse como un adalid de problemáticas globales novedosas, sobre las que según sus propias palabras nadie hablaba hace una década, su estrategia se choca con una realidad colombiana que las antecede en por lo menos un siglo. Petro es claro en afirmar que no hay “Colombia Potencia mundial de la vida”, ni Justicia Ambiental, ni Justicia Social, mientras se prolongue el irresuelto problema de la tierra y persista el conflicto armado. Aparece el binomio Reforma Rural-Paz Total, como elementos transversales a su gobierno.

En primer lugar, Petro reconoce que el Acuerdo de Paz de 2016 tiene categoría de tratado internacional y que es obligación del Estado colombiano su cumplimiento pleno, no sin enrostrarle al legislativo la refrendación de lo firmado. Dicha aseveración es de gran importancia ya que incluso Santos fue ambiguo ante esta categoría, pese a que fue el signatario y quien realizó la formalización internacional del Acuerdo en Naciones Unidas y en Ginebra.

El cumplimiento cabal del punto 1 es el primer puntal de la Paz Total. No obstante, Petro denuncia el incumplimiento estatal, incluso más allá de la aceleración de dichos compromisos en su gobierno. A 7 años de la firma, no se ha entregado el 1.5% de las 3 millones de hectáreas para el campesinado, y en el caso de la titulación según la cifra oficial se está por debajo del 15% de la meta pese a haber transcurrido la mitad del tiempo dispuesto para la implementación. Si descontáramos las 756 mil hectáreas tituladas a los pueblos indígenas, que Petro contabiliza sin que sea claro que formen parte del Fondo de Tierras, los indicadores de este ítem estarían por debajo del 4% de cumplimiento.

Para superar esta situación Petro se pone la meta de 500 mil hectáreas por año, lo que requeriría algunos ajustes normativos en manos del Congreso. No obstante, no deja de ser contradictorio que como principal y casi exclusiva salida para avanzar en el incumplido compromiso estatal, plantee la compra de tierras al latifundio extensivo, mientras avala la apuesta histórica de FEDEGAN de la reconversión silvopastoril de sus predios ociosos. Aunque si bien su iniciativa tiene toda la racionalidad económica para del gremio ganadero, el presidente fiel a su teoría económica del conflicto, soslaya las dimensiones políticas de este sector de clase y de su involucramiento directo en la dimensión armada del conflicto.

En segunda instancia, Petro expone su marco conceptual de la Paz Total. Si bien este no riñe con lo expuesto por el Alto Comisionado, si denota un enfoque más robusto teóricamente -no por ello acertado-, y corresponde a lenguajes y códigos distintos a los enunciados por sus funcionarios a cargo del tema. El presidente no naufraga entre los eufemismos recién creados para referirse a los actores del conflicto, ni crea una frontera artificial entre supuestos diálogos socio-jurídicos y socio-políticos, como si derecho y poder no fuesen inherentes. Lanza su idea de paz, diferenciándose del modelo santista – y porque no decir del mismo esquema de firma del M19- planteando la paz como un acuerdo nacional de toda la sociedad, mención que coincide con su propuesta del gran acuerdo.

Pero lo más polémico de su acercamiento sobre la paz total es la teoría presidencial sobre las fases de la guerra. Sin duda es uno de los grandes debates abiertos en la academia y la política colombianas. De hecho, el olvidado Informe Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas de 2015, abordó como una de sus principales discusiones las rupturas y continuidades entre La Violencia y el actual conflicto social armado, sin lograr plenos consensos. Petro habla de tres fases: bipartidista, insurgente, y de rentas criminales; pero es ambivalente si se refiere a fases de una misma confrontación armada, a tres guerras diferenciadas o simplemente a etapas de un fenómeno más genérico enunciado como violencia, y ni siquiera como violencia política. Sobra decir que sí corresponden a períodos de tiempo, o más bien a lógicas simultáneas en tiempo e incluso en actores, es un debate que supera la pretensión de este análisis, y queda latente en la teoría presidencial.

Si el Presidente eleva la discusión a un marco conceptual es consciente que no es una discusión semántica la que acá se encarna. El Jefe de Estado reconoce los encabalgamientos entre las lógicas diferenciadas de sus supuestas fases, la imbricación de actores de las distintas etapas y también que todavía no se cierra el periodo de la guerra de guerrillas. Sin embargo, es cuestionable su reducción de la actualidad del conflicto social armado a una variación de la denominada “teoría económica del conflicto” de autores como Kaldor y Collier, también aplicada ya más vulgarmente por el pasado gobierno de Iván Duque que pretendió explicar la continuidad del conflicto no en la perfidia al Acuerdo de Paz, sino en un narcotráfico omnipotente.

El discurso presidencial desnuda la mirada gubernamental sobre el presente conflicto, aportando en caracterizar -no exento de cuestionamientos- el debate de paz, que viene dándose lejos de cualquier rigor como en la malograda Ley 2272 de 2022. Sin embargo, buena parte del proyecto de la paz total sigue en el closet y nos inundan las preguntas: ¿La fase de la guerra insurgencia vs Estado se circunscribe para Petro -como para el santismo- solamente a el ELN? ¿O incluye al conjunto de grupos guerrilleros? ¿A cuáles? ¿Expira el delito de rebelión? ¿La contrainsurgencia ilegal se esfumó en este presunto cambio de fase o se transfiguró mientras continúa desarrollando su función? ¿Si solo hay criminalidad y rentas ilícitas, que diferencia a los grupos sujetos de la paz total y la delincuencia común? ¿Cómo participa el Estado colombiano y sus instituciones de esta aparente nueva fase movida por el lucro? ¿Qué hacer con el marco jurídico actual que niega todas las fases del conflicto, cuando no su propia existencia?

Acuerdo Nacional: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Los medios resaltaron la insistencia de Petro a un gran acuerdo nacional en pos de los dos pilares ya mencionados que sostienen su apuesta de Colombia Potencia Mundial de la Vida. El Congreso sería un actor y -cito- podría hacer la síntesis de dicho Acuerdo, con base en el trámite de las reformas propuestas por el Gobierno Nacional. No obstante, Petro es enfático en afirmar que el Acuerdo Nacional no puede acotarse al legislativo, sino que ha de incluir cuando menos los procesos confluyentes en la Paz Total, y al conjunto de actores sociales y políticos.

Sin duda el Acuerdo Nacional resume la principal apuesta del presente Gobierno, su mayor reto y quizás su estrategia más contradictoria. El ascenso al ejecutivo de Petro obedece en igual proporción a la inédita crisis del bloque de poder tras el gobierno de Duque y el consecuente estallido social de 2019-2021 que exigió un cambio de rumbo del país. No obstante, el giro político se concreta inicialmente por los mecanismos institucionales del régimen político sin que a la fecha haya un gesto serio que indique ruptura con estos dispositivos, lógicas y prácticas. Hay por primera vez desde el siglo XIX un ejecutivo encuellado por los otros poderes, asediado por los órganos de control y maniatado a reglas del juego diseñadas para el mantenimiento del statu quo institucional y social.

No vale decir que las reformas de Petro son funcionales a la actual agenda global del capital, o que no alteran sustancialmente el orden social. La característica del régimen político colombiano ha sido la proscripción de mínimas reformas, incluso requeridas por el capitalismo moderno -como la aplazada reforma agraria- y el sostenimiento casi inalterado de elites políticas y castas gobernantes desde tiempos coloniales. Entonces la propuesta de Acuerdo Nacional se asoma con una doble cara: la posibilidad de contemporizar los cambios por los dispositivos propios del régimen, es decir hacer las reformas con el asentimiento del legislativo por medios construidos para que el sistema sea irreformable; o la búsqueda de un mecanismo extrainstitucional que demandaría otros consensos y apoyos -altas cortes, FFMM, movilización social- para darle curso a estas transformaciones que no son simple promesa electoral de Petro, sino en buena medida requerimientos sistémicos.

El cariz que tome esta propuesta dependerá del compromiso del parlamento para abordar las reformas esperadas en la calle, aunque no se requiere ser pitonisa para saber que el calendario electoral de los comicios territoriales torpedeará el normal funcionamiento de la presente legislatura, y que los resultados de octubre llevarán a nuevos realineamientos de las fuerzas políticas. Para el gobierno juega en contra que adolece de una real coalición programática en el parlamento para hacer avanzar su agenda, y depende de las bancadas de los partidos tradicionales que no solo son venales, sino nada de fiar en sus apoyos.

La idea del Acuerdo Nacional fue ya trabajada en el pacto renovador, pero aun así excluyente de 1991, con el que el actual presidente inicia su carrera política legal, y en el enésimo aspecto incumplido de Acuerdo de La Habana, que aspiraba dar cauce a las reformas y ajustes institucionales necesarios para construir la Paz, ante la negativa gubernamental de dar cauce a un proceso constituyente. El debate está abierto sobre los mecanismos y las rutas en caso de un permanente bloque legislativo a las reformas. La correlación de fuerzas más allá del Capitolio será determinante en el rumbo del gobierno, en esta legislatura definitiva. Sería un oxímoron que un presidente que inició su mandato ordenando traer la espada de Bolívar, terminase maniatado por las formas santanderistas.

El mito del paraíso perdido

La coalición de gobierno es frágil, débil y burocrática. La coalición de oposición no existe. Así lo constató Germán Vargas un día antes de la legislatura prácticamente denunciando a otros líderes partidistas de la derecha que no quisieron configurar una convergencia opositora. Por si fuera poco, la(s) réplica(s) a la intervención presidencial retrataron la falta de cohesión y liderazgo en el legislativo desde los partidos opositores.

La ironía política permitió que el Centro Democrático y Cambio Radical, -los reales partidos de oposición- hicieron uso de un derecho adquirido por mandato del mismo Acuerdo de Paz que ellos rechazaron. Saltándonos el vaticinio de Cabal que refuta no a Petro, sino a San Juan Evangelista que nos da la confianza que este mundo no se va a acabar, su discurso fue claramente ideológico: la propiedad privada es dignidad humana, protección a la inversión asustadiza, llamamiento a la moral de la fuerza pública, y la reducción del problema del país a la seguridad, entendida como un simple fenómeno criminal y no como desarrollo de la violencia política. Obviamente su punto de partida es que bajo el cuatrienio anterior la violencia o inseguridad eran inexistentes y se acrecentaron por acción o inacción gubernamental. Para la oposición no existe apocalipsis ambiental, ni de ningún otro tipo porque ya el actual gobierno representa la hecatombe económica y política que los reemplaza. La crisis con culpable individual y subjetivo como rasgo de las derechas fascistoides en campaña al poder, calco y copia de Vox, Amanecer Dorado o Fratelli di Italia. De resaltar que sea justamente esta senadora -y no otro parlamentario del CD- quien asuma esta vocería, teniendo en cuenta las diferencias internas que afloran desde la aparente jubilación de Uribe.

Cambio Radical se puso más a tono con la tendencia de la nueva derecha latinoamericana tecnocrática, que tremola las libertades individuales, pero insistiendo en el punitivismo. Defensa de las “instituciones” entendidas como el régimen limitante del accionar del ejecutivo. Son los mismos temas en boga desde el cambio de siglo, como en un ejercicio de perenne retorno al pasado, aunque en el país dichas temáticas no tienen ni el eco ni el asidero de otras latitudes, no solo por las desbordantes penurias sociales, sino por el desprestigio que han tenido las formaciones políticas que han manejado dicho discurso, con la colectividad del que fue vocero David Luna a la cabeza.

Entre las dos alocuciones de la oposición como en opereta se teatralizó una de las causas que hicieron presidente a Gustavo Petro: la crisis de los partidos. Hablaron tres representantes, con partidos unipersonales, -o incluso sin partido-, gracias al vórtice de entropía que las enmendaduras al sistema de personerías jurídicas partidistas sin una reforma política de fondo. Esta inundación de partidos inexistentes que operaran como franquicias electorales en octubre afecta por igual a gobierno y oposición, sumadas a la ausencia de reglamentación de coaliciones, disciplina y democracia interna de los movimientos políticos, como también lo evidenció el bochornoso episodio de la elección de las mesas directivas de ambas cámaras.

Se anuncia eso sí, cascada de proyectos de gobierno y oposición cabalgando sobre la ausencia de cohesión parlamentaria de dichos espectros políticos, y como moneda de cambio en busca de transacciones políticas y clientelares en los prolegómenos de octubre. Hace 25 años -cuando también era negociador de paz- el entonces presidente del Congreso Fabio Valencia Cossio afirmó en su discurso veintejuliero, dirigiéndose a sus colegas en el Elíptico: “o cambiamos o nos cambian”. Un cuarto de siglo después no ha pasado ni lo uno ni lo otro. ¿Será que ahora si será posible reformar lo irreformable?