Un breve balance sobre las razones por las que la elección de Jose Ismael Peña resulta insostenible: vicios de legitimidad, legalidad, meritocracia y ética.

Por: Santiago Gómez Obando
Analista invitado 

Déficit de legitimidad

En el artículo La participación del constituyente primario en la consulta a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia (2024) publicado en la red social X, la profesora Carolina Jiménez demuestra entre otras cosas que: 1. la consulta del 12 de marzo de 2024 ha sido la de mayor porcentaje de participación en la historia reciente de la UN, 2. en dicho proceso existió un incremento significativo en la participación de todos los estamentos -estudiantes, docentes y egresados- en relación a la anterior consulta celebrada en el año 2021, 3. el profesor Leopoldo Múnera ganó en todos los estamentos de forma amplia y contundente, 4. de no haber existido voto ponderado por estamento, Múnera hubiera casi triplicado a Raúl Sastre, quien ocupó el segundo lugar, 5. Múnera obtuvo más votos que la suma de votos obtenidos por el resto de candidatos que se presentaron a la consulta, y 6. Múnera fue el único candidato que quedó en primer o segundo lugar en todas las sedes de la UN.

Es evidente que la propuesta de comprender la UN y el Sistema Universitario Estatal (SUE) como derecho fundamental y bien común, fue bien recibida y goza de aceptación por la mayoría de la comunidad universitaria. En todo caso, dado que la consulta no es vinculante -situación que el actual proceso constituyente podría cambiar-, el argumento de respetar la legitimidad de la designación es el que más fácilmente pueden desestimar los defensores de formas de elección distintas al voto directo.

Vicios de ilegalidad

Una autoridad en el campo del derecho como el profesor Rodrigo Uprimny, ha destacado en sus recientes columnas en El Espectador y La Silla Vacía que la designación de rector por parte del CSU no sólo carece de legitimidad, sino que presenta vicios de ilegalidad, teniendo en cuenta que contraría la normatividad que rige la universidad por las siguientes razones: 1. el método de elección empleado no fue informado y publicitado con antelación a la reunión, 2. no existió información suficiente sobre el sesgo y los riesgos que tiene dicho método -fue pensado para optar por opciones que generan bajos niveles de rechazo, no para permitir que sean elegidas las opciones que prefieren las mayorías-, 3. no se explicitaron las razones por las que algunos integrantes del CSU consideraron conveniente desconocer los resultados de la consulta, 4. el llamado “método Borda” no suele ser usado para eliminar candidatos en varias rondas, de ahí que, el hecho de haber establecido un mecanismo atípico que impidió que todos los candidatos pudieran participar en la ronda definitiva en la que finalmente se designó a José Ismael Peña, desconoce el principio de mayoría absoluta que se establece en el Estatuto General de la UN, y 5. es altamente probable que haya habido manipulación estratégica de votos en la ronda en que fue eliminado el profesor Múnera.

Sin duda alguna, este es el campo de disputa al que más temen quienes consideran que la designación se realizó con arreglo a las normas, así muchos consideren que no fue legítima. En este sentido, el horizonte de nulidad que se avizora en la elección del rector en la UN, podría llevar a que una facción del sector minoritario que avala el procedimiento adoptado por el CSU, cambie de opinión y presione para que dicho órgano de decisión convoque un nuevo proceso de designación. Sin embargo, quienes cuestionan el método adoptado por el máximo órgano de decisión de la UN el día 21 de marzo, podrían tender puentes para que otros miembros de la comunidad universitaria se sumen al proceso constituyente que comienza a gestarse. 

Desconocimiento de méritos 

Las posturas que avalan el hecho de que la designación del rector en la UN no se haya realizado con arreglo a los resultados de la consulta, expresan su preferencia por modelos de elección basados en méritos académicos -véase, por ejemplo, al respecto: La elección del rector de la Universidad Nacional y el respeto de los acuerdos previos, publicado por la Revista Cambio (3 de abril de 2024) y escrito por la profesora Edna Bonilla-. 

Este es el campo en el que menos han insistido quienes cuestionan la designación de José Ismael Peña como rector. Lo anterior, me parece grave porque los académicos que defienden la conveniencia y justeza de dicha decisión, emplean una retórica que hace ver al profesor Múnera como si fuera una opción carente de méritos suficientes para el cargo al que aspira.

Leopoldo Múnera es docente de la UN desde hace 42 años, ha sido distinguido en varias ocasiones como docente excepcional; recibió el reconocimiento por la Academia Integral Meritoria y por la Investigación Meritoria en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; le fue conferida la Medalla al Mérito Universitario en el área de Ciencias Sociales y Humanas; fue merecedor de la Orden Gerardo Molina -una de las máximas distinciones que otorga la UN-; durante dos periodos fue Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; fue Vicerrector de Sede y ha dedicado gran parte de su vida a reflexionar e investigar sobre temáticas y problemáticas relacionadas con la Educación Superior. 

Por consiguiente, atendiendo a un punto de vista estrictamente meritocrático, ¿qué razones de peso se pueden ofrecer para desestimar la designación de un académico e intelectual de la talla del profesor Múnera? Ninguna, salvo que el debate salga de dicho terreno e ingrese al de la captura de los máximos órganos de decisión por parte de un grupo de académicos que busca imponer un modelo de universidad desconociendo al resto de comunidades que coexisten en ella. Esto, a todas luces es un problema político, de ninguna manera, de méritos y/o de capacidad de gestión.

Activación de estrategias sucias, soterradas y difamatorias    

Más allá de la reunión sostenida en la casa del ex rector Ignacio Mantilla el 19 de marzo, en la que presuntamente se ultimaron detalles para impedir la designación de Múnera y favorecer la de José Ismael Peña, sin hacer evidente el incumplimiento a los acuerdos previamente adquiridos por parte de la representante estudiantil y el representante profesoral -véase al respecto, la investigación de la Revista Raya publicada el 25 de marzo de 2024, titulada Elección de rector en la Universidad Nacional: lo antidemocrático se disfrazó de técnica-, otra estrategia, desleal y sucia, que han venido implementando los detractores de Múnera y la propuesta de universidad que defiende y afirma, ha sido la de asociarlo con acciones o actitudes violentas.

Desde luego, dichas actuaciones soterradas suceden en ámbitos privados -reuniones, salas de chat, conversaciones telefónicas, etc.-. Esto último, es tal vez el acto más ruin y difamatorio que pueden cometer en contra de alguien que ha pasado buena parte de su vida cuestionando la violencia desde las aulas y trabajando por la paz en el campo de los derechos humanos. He sido cercano al profesor Múnera y puedo dar fe de que en reiteradas ocasiones ha expresado pública y abiertamente su discrepancia frente al papel funcional que cumplen las insurgencias en el proceso de justificación de la represión sobre el pueblo colombiano, ha condenado los órdenes de la violencia que posibilitaron la instauración de facto de un estado de excepcionalidad político en nuestro país, y ha cuestionado las posturas que entienden la violencia como un medio legítimo, toda vez que los medios afectan los fines y, en muchos casos, la violencia termina convirtiéndose en un fin en sí mismo. 

Ahora bien, la cosa no para allí, dado que a nivel micropolítico el profesor Múnera ha utilizado el aula de clase como tribuna para debatir y expresar pública y abiertamente sus cuestionamientos con respecto a los "tropeles", la violencia basada en género-sexo, el racismo estructural, la xenofobia, el capacitismo y otras prácticas que enrarecen, limitan o entorpecen la realización de la democracia universitaria, lo público y el buen vivir.

Asociar a un colega que ha asumido el costo de luchar por la paz con la promoción y/o el ejercicio de la violencia, simplemente porque urge justificar las transgresiones a la ética y a la democracia que cometieron quienes pretenden perpetuar la captura de los máximos órganos de decisión en la UN, es un hecho lamentable y condenable, sobre todo, porque quienes realizan este tipo de prácticas son educadores y educadoras que deberían estar enseñando con sus actos otras maneras de realizar la política y lo político.    

Coletilla de cierre

Considero que el proceso constituyente que se realiza en el marco ético-político-pedagógico de la desobediencia civil, debe caracterizarse por el agenciamiento de propuestas transgresoras y creativas en las que se exprese la justeza de nuestras aspiraciones. En este sentido, invito a que los ejercicios legítimos de fuerza que realicemos desde distintos campos y ámbitos de intervención -demandas de nulidad, comunicados, artículos de opinión, marchas, actos performativos, clases a la calle, asambleas multiestamentarias, firma de misivas, entre otros-, eviten, condenen y sofoquen cualquier forma de violencia que pueda ser utilizada por la contraparte para justificar lo injustificable y defender lo indefendible.