El gobierno de Gustavo Petro busca reformar la Ley 30 de 1992 a través de un proyecto de Ley que plantea cambios profundos al sistema de educación superior. Si bien el proceso ha estado marcado por una apertura al diálogo entre el Ministerio de Educación y diversos actores estudiantiles, sindicales y académicos, también se han generado tensiones y discusiones en torno a temas clave de la reforma. Revista RAYA analiza.
Por: Alejandro Chala
Analista político Revista RAYA
Al cierre de la primera legislatura del Congreso de la República, en junio de 2023, el presidente Gustavo Petro declaró que presentaría en esta segunda legislatura una reforma a la Ley 30 de 1992 —que regula la educación superior en Colombia—. Aunque el gobierno esperaba radicar la propuesta inicialmente el 20 de julio, solo se entregó un borrador de proyecto que se ha puesto como insumo en construcción, junto con las memorias de los diálogos permanentes en diferentes territorios que se desarrollaron entre el 27 de abril y el 13 de julio pasado.
Para entender la situación actual en la que se encuentra la construcción de la propuesta de reforma a la Ley 30 impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, Revista RAYA entrevistó a actores estudiantiles, analistas y figuras institucionales para conocer el estado de cosas en el que se encuentra la educación superior, las discusiones existentes en la construcción de la propuesta de reforma, los escenarios potenciales en los que la reforma se va a mover entre el Congreso de la República y las calles, la opinión frente a los diálogos sostenidos entre el gobierno y los grandes colectivos docentes, estudiantiles y administrativos, y las perspectivas a futuro de la reforma en medio de la coyuntura nacional en materia política y social.
Para este análisis hablamos con Yenny López, vocera y líder de la Veeduría Estudiantil Nacional (VEN); María José Murillo, secretaria de educación de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU); Camilo Espitia, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia e integrante del colectivo La Creciente; Verónica Escobar, asesora de la Ministra de Educación, Aurora Vergara, en temas de la reforma a la Ley 30 de educación superior; y Ronald Vargas, ex-representante estudiantil, ex-miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia y candidato al Concejo de Bogotá por el Partido Alianza Verde.
Diagnóstico y contexto actual de la educación superior en Colombia
Las últimas grandes manifestaciones estudiantiles fueron entre octubre y diciembre de 2018, cuando procesos colectivos amplios como la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES), la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES) y la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (FENARES), junto con organizaciones sindicales docentes (ASPU, ASOPRUDEA, Mesa de Profesoras y Profesores de la Universidad Nacional de Colombia) y otros actores se lanzaron a un paro, luego de que el gobierno de Iván Duque, su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y su ministra de educación, María Victoria Angulo, consideraran un aumento presupuestal para la educación superior proyectada para el año 2019 por debajo de los 2 billones de pesos. Del mismo modo, la desviación creciente de recursos para la educación superior hacia el programa “Ser Pilo Paga”, que buscaba subsanar su déficit acumulado desde que se lanzó en 2012 y su reemplazo por el programa “Generación E”, movilizaron la indignación de gran parte de la comunidad universitaria a nivel nacional.
Tras dos meses de marchas, negociaciones y confrontaciones entre el gobierno Duque y los movimientos estudiantiles y docentes, se logró llegar a un acuerdo que aumentaba el presupuesto para la educación superior en $4,5 billones de pesos y que, en opinión de Ronald Vargas, aliviaron algunos de los problemas que la mayoría de universidades poseían respecto a sus problemas de financiación: “No se puede desconocer que el faltante presupuestal que tienen muchas universidades públicas ha disminuido. No en vano ingresaron más de 5.2 billones de pesos (una parte de la base presupuestal como aumento del IPC, otra parte del presupuesto de inversión) que ha generado una disminución respecto a lo que le hace falta a las universidades versus lo que teníamos en el 2018”, pero que terminaron siendo insuficientes o fueron malversados a lo largo de los años, tal como asevera Yenny López: “Lo cierto es que ese dinero del 2018 se empieza a destinar a otras cosas que nada tienen que ver con el problema que nos lleva a paro. Se empiezan a destinar en camionetas, se empieza a destinar en muebles finos, e incluso tuvimos un caso bien interesante con la Universidad Distrital, en la que el rector tenía cuentas de Netflix y cuentas cuantiosas en prostíbulos. En ese sentido, empezamos a preguntarnos, ¿qué pasó con la plata del 2018?”.
Para la mayoría de los entrevistados, hoy los problemas de la educación superior superan la discusión sobre el financiamiento —que siguen existiendo en la mayoría de las universidades e instituciones de educación superior—, y abordan coyunturas más estructurales que ya no dan espera. Verónica Escobar considera que el problema comienza con el acceso a la educación superior, y señala que hay una ampliación de las brechas de acceso a nivel regional y poblacional que se profundizan si se observan también a nivel de representatividad: “Para el 2018 se registraban 27,815 estudiantes pertenecientes a grupos étnicos, 5,980 estudiantes se declaraban con alguna discapacidad y 246,678 se registraban como víctimas del conflicto armado. Esto acompañado de un excesivo centralismo que tienen las IES públicas en el país, lo que no permitió durante los últimos años un avance en infraestructura y tecnología hacia los territorios, especialmente los vulnerados y abandonados históricamente”, señala. También existe un problema de garantía de bienestar universitario, agravado por la pandemia, tal como explica Yenny López: “La educación no tiene un enfoque de bienestar. La educación solo se ha dedicado a lo académico, solo se ha dedicado a la excelencia, y no se cuestiona esas cosas que también son importantes para el desarrollo humano, y deja claro que el gobierno nacional, que las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas no se preocupan por meterle plata al bienestar, eso es otro problema”, dice.
En ese mismo sentido Verónica Escobar indica que la falta de inversión en bienestar universitario ha agravado los casos de deserción: “La deserción sigue siendo un tema que causa un impacto social bastante complejo y que responde a la falta de una inyección presupuestal al bienestar educativo, que no solamente es necesario dentro de la permanencia, sino también dentro de los procesos democráticos y de autonomía dentro de las instituciones de educación superior. Hoy entendemos que es importante garantizar la graduación de las y los estudiantes y que no recaiga en las familias, teniendo en cuenta que el 75% de los estudiantes de instituciones de educación superior públicas son pertenecientes a los estratos 1 y 2, y más del 20% son de estratos 3”. Frente al tema de gobernanza universitaria, Yenny López asevera: “Los estudiantes, los profesores y los trabajadores no inciden en las decisiones de las universidades y de las instituciones técnicas y tecnológicas, porque no hacen parte de los órganos de decisión, lo que genera un desnivel allí. Entonces ahí hay una gran crisis en términos de democracia universitaria. Eso es problemático porque lo cierto es que no tenemos gobierno en nuestras instituciones de educación superior”.
Junto a ello, la desigualdad en la repartición de recursos entre universidades públicas, instituciones técnicas y tecnológicas también ha sido un problema que ha agravado la falta de acceso y ha centralizado el dinero de la educación superior en unas cuantas universidades en las grandes ciudades: “Hemos mejorado en materia presupuestal, aunque no de forma radical. Sin embargo, existe una situación de abandono en muchas universidades públicas, una educación superior que se encuentra centralizada en sus presupuestos. Una discusión muy fuerte que a mí me correspondía cuando estaba en los encuentros con representantes de otras universidades era que, por ejemplo, la Universidad Nacional posee el 8% de cobertura del Sistema Universitario Estatal, pero cuenta con el 25% del presupuesto. Creo que aquella centralización excesiva en universidades manifiesta una inequidad tremenda en términos presupuestales”, señala Ronald Vargas.
Para María José Murillo, los problemas de la educación superior tienen un origen estructural y sistémico, radicado en el modelo económico del país: “¿cómo caracterizamos esta crisis? Dentro de un modelo neoliberal mercantilista que responde a un sistema económico en sí, que es el capitalismo, y que en materia de educación se corresponde con unas políticas de desarrollo que han sido guiadas por organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y la UNESCO, que desconocen lo que necesita América Latina y elaboran ciertas políticas de lo que debe ser la educación”. En ese mismo hilo de pensamiento se desarrolla la crítica que hace Camilo Espitia al respecto: “Dentro del marco neoliberal, la educación superior ha transitado un proceso de privatización y mercantilización que ha afectado sus sentidos y sus fines, y se ha manifestado en el bienestar universitario, en la financiación, en la regionalización, en la autonomía y el gobierno universitario. Ese proceso tiene como fin ajustar la educación superior a los parámetros de la acumulación capitalista en Colombia como un país periférico, con un modelo neoliberal que que exporta principalmente materias primas e hidrocarburos e importa bienes y servicios transformados”.
En ese sentido, todos los entrevistados coinciden en la necesidad de reformar la Ley 30, estancada en el tiempo respecto a los retos y necesidades de la educación superior. Ronald Vargas asevera que la obsolescencia de la Ley 30 genera consecuencias visibles: “En términos reales, la cobertura no ha aumentado. Más bien, cada vez se está dando el fenómeno de que en las universidades hay menos aspirantes, debido a la ruptura de la promesa de la movilidad social. Entonces creo que es un un sistema que está estancado, que requiere una serie de modificaciones, porque de lo contrario se va quedando obsoleto”, lo mismo piensa Yenny López: “Todas estas legislaciones no corresponden a la realidad que tenemos en nuestro país, no corresponde a los territorios y en ese sentido, la educación superior en este momento es una educación en muchos aspectos anacrónica”, argumenta. No obstante, para María José Murillo el tema supera el marco de la reforma y va más allá: “Vemos que hay una crisis que no responde a las necesidades del país, porque, en últimas, nosotros seguimos utilizando cierta consigna de la MANE y creemos que allí debe ir una apuesta clara, que es que para un nuevo modelo de educación se necesita es un nuevo modelo de país. Es allí donde deben estar guiados los esfuerzos, no solo el movimiento estudiantil, sino también del movimiento juvenil, social y popular, porque creemos que en estos 4 años podemos hacer algunas reformas claves para alcanzar esa meta que se tiene bajo ese diagnóstico”.
El pulso entre la ilusión del cambio y el temor a la improvisación
Frente a la reforma propuesta por el gobierno, publicada el 20 de julio y con los insumos con los que el Ministerio de Educación quiere construirla con otros actores en la educación superior, la mayoría valora el diálogo del gobierno y la búsqueda de consensos existentes. María José Murillo, desde una de las organizaciones que componen el movimiento estudiantil, reafirma aquella valoración: “Nosotros vemos como un aspecto importante la apertura al diálogo que ha hecho el Ministerio. Se observa la voluntad política en cuanto al gobierno de querer sentarse a construir con la gente. Creo que es algo que no se ha visto en gobiernos anteriores.” Verónica Escobar, desde el Ministerio de Educación, resalta la apertura que se ha generado desde los Diálogos Permanentes por la Educación Superior: “"Este es un ministerio de puertas abiertas, no sólo con rectores y rectoras, como ha sido siempre, o algunos actores dentro de la vida política o con los gremios empresariales; sino que también le hemos abierto las pueblas puertas a los estudiantes, a los sindicatos de trabajadores, a los sindicatos profesorales, a las comunidades afrodescendientes. Estamos al pendiente con una reunión de víctimas, otra reunión con los cabildos indígenas universitarios, con actores campesinos, entre otros". Para Ronald Vargas, es loable que el gobierno nacional se haya abierto al diálogo con la comunidad universitaria del país para presentar una reforma, pero observa inconsistencias: “Celebró el ánimo del Gobierno de dialogar y concertar. Creo que era la opción adecuada. Sin embargo, creo que se hizo de afán, sin elevar el nivel del debate y por lo tanto, el resultado termina siendo una propuesta de reforma un poco precipitada”.
Igualmente, todos los entrevistados coinciden en que uno de los mayores avances y consensos consolidados en el proyecto de reforma ha sido la apreciación positiva de que la educación se considere un derecho fundamental, plasmado en la modificación al artículo 2 de la Ley 30 propuesto en el proyecto de ley del gobierno. Ese es el diagnóstico que Verónica Escobar hace desde el Ministerio de Educación: “Hemos logrado identificar desde el Ministerio una serie de consensos, uno de ellos es la necesidad de la educación como derecho fundamental”. Lo mismo señala María José Murillo desde las organizaciones estudiantiles: “Lo que tenemos como el mayor consenso es que la educación debe ser un derecho fundamental y un bien común de la sociedad. ¿Qué entendemos nosotras y nosotros como organización frente a un derecho fundamental? que esta debe caracterizarse —a la par del bien común— reconociendo que el acceso a la educación superior permite el goce de otros derechos sociales y políticos y, por lo tanto, el Estado debe garantizar sin ninguna discriminación el acceso, financiación, el ejercicio de la democracia y de la autonomía institucional que debe tener todo el sistema de educación superior”. El mismo análisis lo realiza Camilo Espitia: “Es un reconocimiento que sustenta un modelo diferente de educación superior al existente, en el que se considera la educación superior como mercancía y como un servicio a prestar. Donde lo público y lo común con este reconocimiento se rescata”. Yenny López va más allá, e indica que este consenso puede abrir a una reforma al modelo general de educación en el país: “El avance más significativo de estos diálogos ha sido que pone a la educación como un derecho fundamental, no sólo a la educación superior, sino a la educación en general como un derecho fundamental, lo que se parece mucho a la consigna que ha tenido la Veeduría y otras organizaciones. La educación tiene que ser un derecho fundamental y un bien común. Esa es la parte más positiva y que, además, abre la puerta a que otros niveles de educación puedan hacer sus propias reformas, porque lo cierto es que hoy ese sistema no existe y podemos caminar hacia ese horizonte”.
Otro consenso existente gira alrededor del nuevo papel que el ICETEX adquiere en la propuesta de reforma. El articulado del proyecto de ley deroga los artículos 112 y 113 de la Ley 30, que reglamente el funcionamiento y objetivo del ICETEX como fondo de créditos para la educación superior, y modifica el artículo 114, donde limita su papel para financiar créditos y becas para estudios de posgrado en el exterior, y reduce en un tiempo determinado su papel como fondo educativo nacional. En ese sentido, Yenny López desde la veeduría estudiantil observa como un avance esta propuesta: “El ICETEX tiene que decrecer y tiene que volver a esa idea inicial de solamente otorgar créditos de posgrado en el exterior. Ese grillete que tenían muchos estudiantes en condiciones de vulnerabilidad hoy empieza a ver su fin, ya que aquella institución se convirtió en el caballo de batalla de los gobiernos Duque, Santos y Uribe para no financiar a las universidades públicas”. Igualmente, María José Murillo destaca: “Hay aspectos positivos y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la definición del quehacer del ICETEX. Vemos muy positivo que el ICETEX deba volver a su naturaleza con la que inició como programa. Es fundamental porque en últimas es históricamente lo que ha pedido el movimiento estudiantil, ha sido una de sus reivindicaciones”. Este argumento lo reafirma Camilo Espitia, desde La Creciente: “Hay voluntad de disminuir el crédito educativo y encauzar la entidad a sus propósitos iniciales, que es el ofrecimiento de servicios financieros para acceder a estudios especializados en el exterior. La entidad funcionará, según el proyecto de reforma, con recursos públicos, y su lógica bancaria se contrarrestará y se ajustará con la idea de orientar el modelo de financiación de la educación superior para fortalecer la oferta pública”.
Para solventar el papel de ICETEX, la propuesta del gobierno buscará girar los recursos de la Ley de Gratuidad directamente a las universidades públicas, lo que para Ronald Vargas puede convertirse en algo problemático: “Yo estoy de acuerdo en que el ICETEX no puede ser una entidad que se encargue de lucrarse a costa de las necesidades de las juventudes colombianas, pero la pregunta es que hoy tenemos cerca de 2 millones de jóvenes fuera del sistema de educación superior, cantidad que va a seguir aumentando con el tiempo. Si el gobierno logra su meta en materia de cobertura y aumentamos 500,000 cupos dentro de las universidades públicas. ¿Qué opciones le damos a los que no estudian en la universidad pública? A los que, por algún motivo, no son los más vulnerables por ser de clase media, o media-alta, ¿qué opciones están dadas para que ellos puedan acceder a la educación superior? Podrían pensarse préstamos a tasa de interés cero. Pueden existir alternativas donde no se cobrara el IPC, o donde el IPC sea algo subsidiado por la universidad, etc., pero no se desea liquidarla o acabarla como entidad y convertirla solo en una institución que presta dinero para estudiar en el exterior, que puede no estar mal, pero que necesita de análisis técnicos al respecto, porque políticamente estamos de acuerdo”.
A pesar de los escenarios de diálogo y de los acuerdos existentes, la construcción de la propuesta de reforma también ha generado discusiones internas y tensiones entre el gobierno y los actores de la comunidad universitaria. Algunos de los miembros de las organizaciones estudiantiles consideran que no ha existido suficiente consenso en otros temas álgidos que propone la reforma y que los diálogos, por el afán del gobierno en presentar el proyecto de ley en esta segunda legislatura, han sido apresurados e improvisados. Aquello lo denuncia Yenny López con los Diálogos Permanentes por la Educación Superior: “Sobre esos diálogos hubo muchísimas fallas. La primera, la metodología no era clara, no era consistente. La segunda, los momentos. Hubo muchas reuniones que se hicieron cuando las instituciones de educación superior estaban de vacaciones, cuando no había tanta fuerza. Hoy lo cierto es que el movimiento estudiantil está en un momento de reconstrucción. Reuniéndonos de nuevo, encontrándonos de nuevo, pensando de nuevo todas estas cuestiones, pero mientras eso pasa, el gobierno va a otro ritmo distinto. Eso ha sido muy problemático en estos momentos”. El Ministerio de Educación, en vocería de Verónica Escobar, reconoce estas dificultades: “El diálogo con estos actores no ha sido sencillo. No ha sido fácil la carga histórica que tienen. También llevamos toda la carga de muertos y muertas que tienen encima tanto estudiantes como docentes. No ha sido sencillo. Cada organización aporta desde su reivindicación concreta y, a veces, chocan entre ellos mismos. Esto aplica también sobre los intereses que tienen ciertos sectores respecto a la reforma”.
Ronald Vargas concibe que aquella premura no solo es metodológica, sino que también responde a una disputa política: “Hay un error en la estrategia que comete el gobierno, y es el ensimismamiento con una burbuja de sectores que siempre le han sido afines políticamente para poder sacar esta reforma adelante y que, por supuesto, poseen una visión política muy particular sobre el tema estudiantil, que no está mal, es decir, es el objeto del debate, por supuesto. Pero eso hizo que el proyecto de reforma saliera muy rápido. Se hicieron convocatorias en plenas vacaciones de la mayoría de las universidades públicas, donde quienes asistían por lo general eran las personas que se encontraban agremiadas en organizaciones estudiantiles, teniendo casi todas un carácter de izquierda. Francamente son muy pocas organizaciones estudiantiles que no se alinean con esa tendencia ideológica; lo mismo pasa con algunos sindicatos. Quizás el único contrapeso que tienen es el SUE que, por cierto, no está muy contento con la propuesta”. En las organizaciones estudiantiles hay un ambiente distinto, donde la prisa del gobierno por consolidar un articulado negociado contrasta con los debates y las discusiones que han ralentizado cualquier tipo de acuerdo entre las organizaciones estudiantiles, que siguen atomizadas. María José Murillo lo enuncia en ese sentido: “Si se habla de consensos profundos que haya en todas las organizaciones, hasta el momento, no hay. Hay temas que consideramos que son importantes, como las líneas generales de lo que de lo que siempre hemos hablado en temas de calidad, la relación de la educación superior con la sociedad, la autonomía, la democracia y la financiación, etcétera. ¿Pero cómo tal de profundizar los consensos en estos ejes? no, no hay consensos. Frente a los disensos creemos que es donde hay más, especialmente frente a lo táctico y la hoja de ruta que se debe seguir en el futuro con los diálogos”.
Conclusiones
La reforma a la Ley 30 de educación superior se debate hoy entre la euforia por los escenarios novedosos que ha abierto el gobierno a un sector gremial que tradicionalmente se ha sentido traicionado frente a las negociaciones y acuerdos que ha suscrito con los gobiernos anteriores, y el temor a la improvisación que ha demarcado, en muchos casos, gran parte de la construcción de las reformas sociales que este gobierno ha impulsado en su primer año de gestión. Si bien el Ministerio de Educación ha abierto espacios de diálogo inéditos con diversos actores estudiantiles, sindicales y académicos, subsisten dudas sobre la solidez de los consensos y la premura del proceso. La concurrencia de múltiples voces no siempre consonantes pone de relieve las complejidades de una reforma que, más allá de visiones encontradas, parece urgente para actualizar una ley anacrónica, junto con la necesidad de abordar los desafíos actuales del sistema educativo para avanzar hacia un modelo más equitativo y acorde con las necesidades del país.
El tortuoso camino de los acuerdos y desacuerdos en torno a la reforma a Ley 30 es reflejo de las vicisitudes por construir un nuevo modelo de educación superior. Su estado actual dista de ser el ideal soñado por estudiantes y profesores. Pero entre la resistencia y las luchas emprendidas desde 2011 y décadas anteriores, y la incertidumbre de que un escenario similar al contemporáneo vuelva a abrirse en el futuro, se abre la posibilidad cierta de la reforma. El reto será que, en medio de las discrepancias, prevalezca una voluntad colectiva de entendimiento para dar forma a los cambios que la academia, los movimientos estudiantiles y la sociedad en general reclama frente a la educación superior en el país.
