Este es el mapa político de América Latina ad portas de nuevas elecciones en Ecuador y Argentina. La ola progresista por ahora es mayoría, pero tiene frenadas muchas reformas ante unos parlamentos aún dependientes de las élites económicas. La extrema derecha promete retomar el poder, pero la izquierda no da tregua con nuevos triunfos como el de Guatemala. 

Alejandro Chala 
Analista político Revista RAYA

Con el triunfo de Bernardo Arévalo en Guatemala en las recientes elecciones del domingo 20 de abril, junto con la llegada de Luisa González y el correísmo a la segunda vuelta en el proceso electoral ecuatoriano, más el triunfo del ultraderechista Javier Milei en las elecciones primarias en Argentina, se abre un escenario novedoso para la región. América Latina atraviesa un momento de profundos cambios y reconfiguraciones en el tablero político regional. Luego de más de una década de predominio de gobiernos de corte neoliberal y de derecha, que exacerbaron problemas económicos y sociales, en los últimos años han emergido nuevas alternativas progresistas en varios países de la región. Sin embargo, el ascenso de este nuevo progresismo no ha estado exento de desafíos, contradicciones y resistencias, en un contexto marcado además por el auge de opciones políticas nativistas y de ultraderecha.

La región se debate entre dos grandes polos que pugnan por encauzar el descontento social y ofrecer salidas a la extendida crisis de representatividad de los sistemas democráticos y la fragilidad de las instituciones y del Estado mismo. Por un lado, nuevos gobiernos de tendencia hacia la centroizquierda, que intentan retomar algunas banderas del progresismo previo, adaptándose a las restricciones del presente y a las tensiones con grandes grupos económicos y políticos que antes detentaban el poder político; y por el otro, el surgimiento de liderazgos antisistema, de derecha extrema y radical, que buscan capitalizar el hartazgo ciudadano.

El estallido social frente al autoritarismo

Desde 2018 se han presentado una serie de protestas y estallidos sociales que han inundado gran parte de la región y que han socavado la legitimidad de la mayoría de los gobiernos de centroderecha y derecha de la última década, llegando al punto de que cuestionaron el mismo sistema político establecido y llevaron a la construcción de uno nuevo con un llamado a una Asamblea Constituyente (Chile, 2019). Similares protestas cuestionaron la legitimidad de los gobiernos, las medidas económicas en medio de la pandemia y la brutalidad policial (Colombia, 2019-2021; Ecuador, 2019); igualmente, millones de manifestantes denunciaron en las calles de Perú el bloqueo político y la corrupción, junto con la cooptación de todas las esferas del poder político por parte de los partidos y las élites que habían gobernado por décadas (Perú, 2020-2023); así mismo se manifestaron contra el cierre del sistema político y la represión estatal (Nicaragua, 2018-2023).

Todos estos factores han configurado un escenario político y social muy complejo en América Latina, con múltiples tensiones entre las demandas de cambio de importantes sectores ciudadanos movilizados, los intereses de las élites económicas y políticas tradicionales, y la necesidad de los nuevos gobiernos progresistas de articular amplias coaliciones para acceder y ejercer el poder. Esto ha planteado desafíos supremos para consolidar proyectos de transformación social en la región, que logren redistribuir el poder político y económico, reducir la desigualdad y satisfacer las aspiraciones de mayor justicia social como premisa histórica del progresismo. 

La nueva ola progresista

Desde ese mismo año, el 2018, una nueva ola de gobiernos progresistas comenzó a emerger en América Latina. Posterior al viraje hacia la derecha, que había iniciado con la destitución de Manuel Zelaya en Honduras (2009) y que se agudizó con la muerte en Venezuela de Hugo Chávez (2013) y la llegada al poder de Nicolás Maduro. Además, la caída en los precios de las commodities (2014), la elección de Mauricio Macri como presidente de la Argentina (2015), la destitución de Dilma Rousseff por el caso Odebrecht en Brasil (2016) —acusación de la que luego fue absuelta—, y la influencia de extrema derecha que irradió Donald Trump hacia todo el continente tras su llegada en 2016 a la Casa Blanca. Dos años más tarde llegaría Iván Duque al poder en Colombia (2018), uno de los autores del famoso "cerco diplomático" contra Venezuela (2019) que terminó por agudizar la crisis humanitaria en el hermano país y las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro.

Bajo la promesa de acabar con la corrupción y la influencia que tenía el narcotráfico sobre gran parte de las estructuras del Estado en México, Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente en julio de 2018. Luego de ello, en 2019 Alberto Fernández ganó en Argentina y Laurentino Cortizo en Panamá, este último, con un programa independiente y moderado de centroizquierda. En 2020, Luis Arce logró ganar en las elecciones en Bolivia luego de un año tormentoso en el que la derecha dio un golpe de Estado y se hizo con el poder en medio de una crisis desatada por las acusaciones a Evo Morales de fraude electoral. En 2021 Pedro Castillo logró imponerse sobre la candidatura de Keiko Fujimori en Perú; mientras que Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, logró la presidencia en Honduras. Semanas después, Gabriel Borić le ganó a José Antonio Kast del Partido Republicano de Chile. 

Solo faltaba el turno para Colombia y finalmente llegó en 2022. Por primera vez en la historia reciente llegó al poder ejecutivo un presidente de las entrañas de la izquierda: Gustavo Petro. Dos meses después, en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a la maquinaria del ultraderechista Jair Bolsonaro, contra quien logró conformar un Frente Amplio para impedir que avanzara su deriva autoritaria acentuada desde 2019. De igual modo, se presentaron procesos electorales no tan legítimos para algunos gobiernos extranjeros, en democracias inestables como la de Nicaragua y Venezuela, donde Daniel Ortega y Nicolás Maduro revalidaron su mandato en medio de limitaciones a la prensa, amenazas a liderazgos sociales e intervenciones a los partidos políticos aliados y opositores a ambos gobiernos. Por su parte, en Cuba se reafirmó el gobierno de Miguel Díaz-Canel como secretario general del Partido Comunista de Cuba y fue ratificado presidente del Consejo de Estado de la isla. 

Entre tanto, gobiernos de centroderecha y derecha —ya fuese desde la independencia o desde partidos institucionalizados— lograron resguardarse, algunos por medio de las elecciones de voto popular, pero otros a través de Golpes de Estado de facto y jurídicos, frente a esta nueva ola progresista: en Uruguay (Luis Lacalle Pou, 2019), Paraguay (Santiago Peña, 2023), Ecuador (Guillermo Lasso, 2021), República Dominicana (Luis Abinader, 2020), El Salvador (Nayib Bukele, 2019), Perú (Dina Boluarte, 2022), cuestionada por su papel en la judicialización del presidente Pedro Castillo, y Costa Rica (Rodrigo Chaves, 2022).

Dilemas de los nuevos progresistas latinoamericanos

Los nuevos gobiernos progresistas llegaron con programas políticos y sociales diferentes comparados con los que llevaron al poder a la primera ola progresista en la región. Se construyeron bajo la lógica de grandes frentes amplios que canalizaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda e izquierda, que en la última década redujeron su presencia a nivel parlamentario y que se encontraban atomizadas entre sí: Pacto Histórico, Colombia; Unión por la Patria, Argentina; Apruebo Dignidad, Chile; Brasil de Esperanza, Brasil, son algunos ejemplos. Dichas coaliciones les permitió poder electoral y avanzar más allá de la primera vuelta; pero era insuficiente para ganar en un primer momento, lo que llevó a estos frentes a entablar negociaciones con partidos políticos tradicionales y figuras independientes. Esta estrategia fue necesaria para superar el escenario de la segunda vuelta electoral y finalmente acceder al poder. Aquella necesidad obedece a diversas razones que ilustran la complejidad de su posición política y social.

Por un lado, la cuestión de las mayorías legislativas se ha erigido como un desafío ineludible. Estos gobiernos lograron llegar al poder sin una mayoría contundente en los parlamentos de sus respectivos países, lo que ha dificultado la aprobación de reformas y leyes importantes y necesarias para el cumplimiento de sus programas políticos. Ejemplos que ilustran esta complejidad podemos encontrarlos en Argentina donde el gobierno de Alberto Fernández posee mayorías en el Senado pero no en la Cámara de Diputados; en México, en cambio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuenta con mayorías en ambas cámaras, pero sin la calificada requerida para reformar la constitución; o, sin irnos tan lejos, en el caso colombiano el presidente Gustavo Petro cuenta con mayorías en la Cámara de Representantes y, aún, con un bloque de gobernabilidad muy débil en el Senado. 

Por su parte, en el caso de Chile la consolidación de un bloque de poder entre los partidos de la Concertación y los partidos del Frente Amplio no han logrado superar la mayoría consolidada de la oposición de derecha ni han logrado atraer a los partidos independientes. Incluso, cuando se logran mayorías absolutas, como el caso de Luis Arce en Bolivia, el parlamento puede limitar sus acciones por lo que estos gobiernos, a diferencia de los gobiernos de la primera ola progresista, no poseen suficiente control en el aparato legislativo para impulsar sus propios programas de gobierno.

Otra dimensión radica sobre la fortaleza de la institucionalidad democrática en Latinoamérica. Estos gobiernos se enfrentan a la creciente desconfianza y desencanto de la mayoría de la población con el Estado y su burocracia, lo que se ve reflejado en la abstención electoral y el respaldo a opciones radicalizadas. Por lo tanto, la construcción de puentes y de coaliciones de gobierno con actores políticos tradicionales se convierte tanto en una estrategia para eliminar el fantasma de la perpetuación en el poder —mito con el que se ha intentado relacionar a estos gobiernos progresistas respecto de sus antecesores—, como en una garantía para la conservación de la democracia como los escenarios legítimos para estar en el poder político. 

Los gobiernos progresistas también se enfrentan a una creciente movilización social que proviene de diversos sectores demandantes de sus derechos y necesidades. Trabajadores, estudiantes, indígenas, mujeres, ambientalistas y otros grupos que se levantaron durante los estallidos sociales de años anteriores y quienes sufrieron de la represión más despiadada. En este contexto, el diálogo con ellos se ha convertido en algo indispensable para la supervivencia de estos gobiernos que observan en el potencial de la movilización social una trinchera para defenderse y resguardarse frente a la creciente inestabilidad política que pretende imponer la vieja aristocracia alrededor del poder económico.

Tensiones internas y juego sucio 

A raíz de esos acontecimientos han emergido tensiones internas dentro de estos gobiernos progresistas como consecuencia de los ejercicios de equilibrismo político que estas alternativas han querido llevar a cabo. Estos gobiernos se han originado alrededor de coaliciones políticas amplias y diversas que poseen visiones y prioridades heterogéneas, lo que ha desembocado en varias crisis de gobernabilidad. Un ejemplo claro es lo que sucede con Andrés Manuel López Obrador y las críticas existentes por sus alianzas con sectores conservadores en México para llegar al poder. Del mismo modo existen tensiones entre las bases políticas y los sectores moderados de la tecnocracia santista que componen el Pacto Histórico frente a la gestión de Gustavo Petro o de la misma forma en la que se ha cuestionado al gobierno de Gabriel Boric por permitir el ingreso de representantes de los partidos de la Concertación dentro de su gabinete.

Los acuerdos políticos con actores tradicionales también han chocado con muchas de las expectativas de los movimientos sociales, lo que ha generado desilusión y distanciamiento desde las bases políticas de estos gobiernos, tal como ha sucedido con el descontento en sectores indígenas y campesinos frente a las negociaciones del gobierno de Luis Arce en Bolivia con grandes sectores agroindustriales; las tensiones dentro de algunos de los sectores que componen el Pacto Histórico en Colombia por la conformación de una coalición de gobierno que incluyó a estos partidos tradicionales y su incidencia en la construcción de las nuevas reformas sociales; las manifestaciones contra el viraje oportunista hacia la derecha de Dina Boluarte en Perú; o las tensiones entre el movimiento social y los partidos políticos en el gobierno de Gabriel Boric en Chile frente a las expectativas y el fracaso generado por el primer proceso constituyente.

Finalmente, las resistencias externas a estos gobiernos también marcan una amenaza. Algunos actores políticos tradicionales han intentado socavar su gestión utilizando diversos medios que, en su mayoría, han consistido en la saturación del sistema judicial y en la construcción de nuevos escenarios de movilización en las calles, que cuestionan las falencias que han tenido estos gobiernos en cumplir con su programa político y satisfacer las demandas de diferentes grupos sociales, que cada día crece con intensidad y aumenta el costo político de las negociaciones en los escenarios institucionales. 

En la emergencia de una nueva derecha, más radical y contestataria como la que encarna Bukele en El Salvador, surgen los temores por el desconocimiento del marco de la democracia representativa como único vehículo, consensuado, válido para resolver los grandes problemas sociales y para evitar la llegada de gobiernos autoritarios que retrocedan en todas las décadas del avance, luchado y conquistado, en materia de derechos humanos, libertades y hasta políticas sociales en Latinoamérica.

La insistencia del populismo de derecha en la región

Al mismo tiempo que se afianza esta ola de gobiernos progresistas en la región, el ascenso de figuras políticas como Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Jair Bolsonaro en Brasil ha representado un fenómeno que sigue sacudiendo el mapa político de América Latina. Pese a sus diferencias, estos líderes comparten varias características que los identifican como exponentes de una nueva derecha radical y disruptiva, que surge en medio del descrédito que la mayoría de los partidos institucionales de centroderecha poseen debido a los casos de corrupción que han estallado en el continente en los últimos años y que también les ha restado legitimidad. Uno de los elementos centrales del discurso de esta nueva derecha emergente, en su proceso embrionario, es la crítica feroz contra la clase política tradicional, a la que acusan de corrupta e ineficaz. Tanto Milei, como Bukele y Bolsonaro se han presentado como outsiders que llegaron para hacer un “borrón y cuenta nueva”. Han rechazado ser etiquetados dentro de la dicotomía izquierda-derecha y se muestran como una opción antisistema y anti-establecimiento, que ha sabido canalizar el descontento de la sociedad en una alternativa política diferente a las promesas institucionales de los sectores políticos tradicionales.

Estas nuevas derechas latinoamericanas defienden posturas ultraliberales en la economía, promoviendo la reducción del gasto público, la desregulación de mercados y la disminución de impuestos. Critican y culpan al Estado en su esencia por la corrupción y buscan abordar desafíos económicos con una lectura radical del capitalismo. En cuanto a derechos humanos, sociales y culturales se oponen al aborto, al matrimonio igualitario, niegan el cambio climático y promueven estudios de género abrazando lo que consideran como “valores tradicionales”.

En términos políticos, la nueva derecha latinoamericana se ha basado en la conformación de alianzas heterogéneas con sectores empresariales, militares, grupos evangélicos o católicos radicales y con la derecha política tradicional. Tanto Bukele como Bolsonaro fueron inicialmente subestimados por las elites, pero lograron capitalizar el descontento ciudadano desde las instituciones para llegar y conservar el poder hegemónico. Misma situación que vive ahora Milei, quien ya ha tendido puentes con sectores macristas y justicialistas de derecha para poder consolidar su posibilidad de un triunfo en octubre de 2023. 

El ideario de estas nuevas derechas ha combinado premisas nacionalistas, xenofobia y mesianismo político. Apelan a un supuesto pueblo “genuino” al que dicen representar, en oposición a las élites gobernantes. Hablan en nombre de la nación, a la que presentan bajo amenaza interna y externa. El enemigo puede ser el comunismo, el globalismo, la inmigración descontrolada o la ideología progresista. La solución pasa por un líder carismático capaz de defender al país de estas “amenazas” o de recuperar de manera “eficiente y radical” a sus países del desgobierno, de la corrupción y de la inseguridad. Este fenómeno, emergido en Europa durante toda la década de 2010, se destaca ahora por su capacidad de acceder a escenarios democráticos y su capacidad para ganar apoyo popular con discursos que canalizan las frustraciones de la gente del común.

Conclusión

La compleja coyuntura política latinoamericana actualmente está siendo determinada por dos grandes tendencias: por un lado, el ascenso de nuevos gobiernos progresistas que llegaron al poder impulsados por el descontento con el modelo neoliberal, pero que enfrentan el desafío de consolidar transformaciones profundas sin contar con un respaldo sólido del legislativo ni con un consenso interno; por otro lado, el surgimiento de alternativas políticas de ultraderecha que, con un discurso anti-establecimiento y aprovechando el desencanto ciudadano, lograron importantes avances electorales apelando a fórmulas populistas y nativistas. En este contexto incierto, el panorama político regional continúa siendo volátil y está lejos de alcanzar algún punto de equilibrio hacia acuerdos comunes como la paz. Los desafíos para fortalecer proyectos políticos alternativos viables siguen siendo enormes en una región atravesada por las presiones de un escenario global cada vez más hostil, por cuenta, por ejemplo, del cambio climático y la supervivencia humana en el planeta.