Aunque la única mesa pública de negociación hasta ahora es la que se instaló en Caracas la semana pasada entre el gobierno y la guerrilla del ELN, tras bambalinas los emisarios del presidente Gustavo Petro avanzan en acercamientos con el narcoparamilitarismo que pide la extradición de Estados Unidos a Colombia de alias “Don Berna”, quien sería su jefe negociador. No obstante, como está planteada la Ley de Paz Total, es probable que estos últimos salgan ganando. ¿Por qué? 

Por: Helberth Choachi, profesor Universidad Pedagógica Nacional -CPAZ

e integrante de Ciudadanías para la Paz

@HelberthChoach1 @CiudadaniasPaz

El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, como parte su apuesta política y plan de gobierno, han impulsado de manera decisiva buscar avanzar en la consolidación de lo que han denominado “Paz Total”. Y lo han hecho a partir de diferentes estrategias: por un lado, a través de acercamientos y de entablar diálogos con actores armados nacionales para establecer mesas de negociación y sometimiento a la justicia y así buscar parar la violencia; y por el otro, a partir del debate público nacional e internacional sobre las fallidas políticas (de guerra) en la lucha contra el narcotráfico para llevar a la posible legalización de tan poderoso negocio transnacional.

El asunto de parar la violencia pareciera que fuera por caminos distintos, pero el gobierno los viene entrecruzando, otorgando un tratamiento jurídico y político similar a la insurgencia y al narcoparamilitarimo, como quedo contemplado en la Ley 2272 de 2022, asimilándolos a la condición de narcotraficantes, como se ha señalado en algunos momentos al ELN, dicho que ha sido controvertido por el propio Antonio García, máximo comandante de la organización guerrillera, justamente en una entrevista exclusiva que concedió a la Revista RAYA antes de que se iniciaran los diálogos de paz.

¿Cómo van esas negociaciones? ¿Cuáles son las agendas?

En la denominada “Paz Total” se han habilitado dos escenarios de negociación: en el primero, se encuentra el narcoparamilitarismo con el cual el gobierno ha venido teniendo encuentros y conversaciones, especialmente con las estructuras de Antioquia, consideradas el corazón de la criminalidad en Colombia.

Con estas organizaciones y sus representantes (abogados) se han puesto sobre la mesa (no pública) temas para una agenda de negociación económica y no política como lo son: i) la solicitud al gobierno norteamericano de regresar a Colombia a Don Berna uno de los máximos jefes de las AUC y de la Oficina de Envigado para que él se ponga al frente de las negociaciones;  ii) Legalizar la marihuana y hacer entrega del monopolio del negocio para su control desde la legalidad; iii) Ni un día de cárcel nacional; y iv) La no extradición, entre otros asuntos.  

Otra de las organizaciones de esa índole es el Clan de Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que opera de manera conjunta con integrantes de las Fuerzas Militares desde su nacimiento tras la desmovilización del viajo paramilitarismo del siglo pasado. Ellos, inicialmente pretenden reclamar una mesa política de negociación y el reconocimiento del carácter de sediciosos.  

En el segundo escenario se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla a la que, desde su existencia hace 58 años, diferentes gobiernos le han reconocido su estatus político de beligerancia y su carácter de rebeldes.

En la actualidad es la única mesa pública en funcionamiento que ha emitido dos comunicados el 21 y del 25 de noviembre de 2022 por parte de las delegaciones de paz del gobierno y del ELN desde Caracas, Venezuela. En ellos han expresado los siguientes temas: i) Reanudación de la voluntad política y ética de las partes atendiendo a las exigencias de los territorios rurales y urbanos para avanzar en la construcción de paz; ii) Definición de trabajar por la paz con democracia y justicia con cambios tangibles y urgentes con lo que se vaya acordando, poniendo en el centro, por parte del ELN, la PARTICIPACIÓN de las ciudadanías históricamente excluidas; iv) Compartir la construcción de paz como política de Estado; v) Activar las "acciones y dinámicas humanitarias" para atender el llamado de las regiones de buscar en lo inmediato alivios humanitarios. Con un acompañamiento inicial de Naciones Unidas y la iglesia; y, finalmente; vi) Formalización de países acompañantes a la Mesa e invitación a nuevos países para legitimar y blindar el proceso en el escenario internacional, como es el caso del gobierno norteamericano con quien se pretende avanzar en el cambio de la política antidrogas de acuerdo con las declaraciones del presidente Petro y la carta pública que el ELN remitió al Departamento de Estado de Estados Unidos. 

Cabe resaltar que en esta mesa de negociación el ELN, a diferencia del narcoparamilitarismo, tiene un terreno ganado: su carácter es político y busca, entre otros asuntos, que se resuelvan de manera estructural las causas que generaron el conflicto armado; la participación de la sociedad como mecanismo para reconocer realidades y necesidades territoriales y afianzar la democracia, es decir, es una negociación con las ciudadanías; no buscan  beneficios para los integrantes de esa insurgencia, o sea, no es una negociación para ser congresistas u obtener altos cargos en el Estado; igualmente, como su actividad no es el narcotráfico, buscan agenciar una propuesta que le haga frente al mismo desde una perspectiva internacional contra el prohibicionismo y de salud pública para el consumidor.

¿Qué representa el narcotráfico en Colombia?  

El narcotráfico en Colombia ha encarnado en la sociedad desde los auges de Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela, como los capos de capos, la naturalización de la violencia a sangre y fuego, el terror, las violaciones de derechos humanos, el dinero fácil, la corrupción y la ilegalidad en todos los sectores de la sociedad para mantener avante el negocio y un poder económico protegido por las armas.

Lo paradójico del asunto es que los carteles, con jefes únicos, mutaron y tomaron múltiples formas para enfrentar la lucha contra las drogas emprendida por el gobierno colombiano bajo el condicionamiento y financiación de diferentes gobiernos estadounidenses. Hoy, tras esa guerra fallida de cinco décadas, dicho carteles operan bajo estructuras criminales, franquicias de delincuencias, disidencias, ejércitos paramilitares financiados y respaldados por carteles mexicanos que ahora son más fuertes por su poder militar y sus tentáculos trasnacionales.

Esta metamorfosis ha agudizado de manera devastadora el conflicto social y armado en Colombia, que parece no tener final. Según reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), “el 80% de las víctimas de homicidios, en el marco del conflicto armado en 2018, habitaba en municipios afectados por la presencia de cultivos de coca”, evidenciando que la guerra antidrogas en un fracaso y es uno de los motores para que la guerra se mantenga y se desligue de sus causas verdaderes y estructurales por la que se ha buscado una salida política desde que nacieron las guerrillas.  

También se puede evidenciar los pocos resultados de esa lucha en Colombia porque el business (negocio) crece tanto que, por ejemplo, para el 2019 diferentes estudios de la Anif y otras organizaciones de corte económico estimaban que sus ganancias podrían representar el equivalente “al 2% del PIB en Colombia”, es decir, cerca de 19,2 billones de pesos. Igualmente crecen las hectáreas sembradas de coca en diferentes regiones del territorio nacional: pasamos de 143.000 hectáreas (ha) en 2020 a 204.000 ha en 2021, representando un incremento del 43% de acuerdo con el informe entregado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en octubre de 2022.  

¿Ley del embudo? ¿Quién gana? ¿Quién pierde?

Con el presente panorama de cara a la “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro, sin claridad, ni participación de las ciudadanías en los procesos que se adelantan con los actores armados, especialmente con el paramilitarismo, la tendencia será la “ley del embudo”.

-Los más ancho (del embudo) sería para el narcoparamilitarismo que con la legalización de las drogas y un proceso de negociación tendrán el monopolio del mercado, blanquearán su capital y no serán perseguidos por la justicia ni pedidos en extradición. Se buscará que sea de la mano de los Estados Unidos, la comunidad internacional y del apalancamiento institucional del Estado colombiano aprovechado por esos grupos armados. Es decir, este modelo de paz (negociación) es un negocio redondo, pero la pregunta de fondo es: ¿Pondrá fin a la violencia?

-Lo más angosto (del embudo) es para el ELN y las ciudadanías. El ELN ha insistido en mantener los seis puntos acordados con el gobierno de Juan Manuel Santos: Participación de la sociedad en la construcción de la paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto e implementación. Aún sin avances y sin perspectiva clara hacia donde se orientará el proceso en tiempos y resultados.

De manera simultánea, esta guerrilla ha propuesto y convocado una comisión internacional que verifique si esta organización insurgente tiene cultivos, laboratorios y comercializa drogas. Con la finalidad de mostrar que su organización no es narcotraficante como lo ratificaron y censuraron en su cuarto Congreso guerrillero. De ser así, entonces ¿qué gana el ELN con este proceso a diferencia del narcoparamilitarismo? ¿Cuáles serían sus beneficios, sino están enfocados ni en curules ni tienen las mega fortunas de los narcos?  ¿Qué gana la sociedad, sino es el centro del proceso?

Revertir esta “ley del embudo” va a implicar que la centralidad de la “Paz Total” sea atender, resolver y cumplir por parte del gobierno y como política de Estado las demandas estructurales de transformación por las que las organizaciones sociales históricamente han trabajado para vivir dignamente. Estas son: transformación del modelo económico, protección y defensa de la vida y los territorios, distribución equitativa de las tierras, justicia social y criminalidad e impunidad.

En ese sentido, evitar que el narcoparamilitarmo sea el ganador en la “Paz Total” implica dar un giro, en la búsqueda de acabar con el narcotráfico, hacia la lucha contra el prohibicionismo que es la fuente de alimento de ese negocio transnacional que alimenta cada vez más la violencia en América Latina. Para esto se requiere, entre otros asuntos, la legalización del uso recreativo para adultos de las sustancias sicoactivas y el sometimiento a la justicia de estos actores armados para el desmantelamiento de sus estructuras armadas.  

De nuestra capacidad de movilización y propuesta dependerá el vaticinio de la ley del embudo. Juntas y juntos a trabajar por la paz…