De acuerdo con la Defensoría del Pueblo 184 niños y niñas fueron víctimas de reclutamiento forzoso en el país durante el 2023. El Instituto de Bienestar Familiar reportó cerca de dos mil casos en la última década, pero comunidades del Cauca hablan de más de 800 niños y niñas reclutados en los últimos cuatro años tan sólo en ese departamento. Sin las cifras claras ante este crimen de guerra que destruye la armonía de las comunidades, las organizaciones afrocolombianas, campesinas, de mujeres y el movimiento indígena han desarrollado estrategias novedosas y efectivas de prevención y atención que reclaman por el apoyo decidido del Estado. Crónica desde el Norte del Cauca y Sur del Valle.

Revista RAYA 
Informe Especial en alianza con la Red colombo francesa Vamos por la paz - Ensemble pour la paix Colombie

Cuando María trata de recordar cuál fue el primer caso de reclutamiento forzado de menores de edad del que tiene memoria, termina remontándose a su propia infancia, en una finca dentro de los resguardos indígenas Nasa del Cauca. Aunque han pasado más de cuatro décadas desde entonces, su recuerdo se introduce al zarzo de la vieja casa campesina en donde, siendo una niña de 13 años, su hermano mayor la escondió dentro de un bulto de café para que Orlando, un comandante de la extinta guerrilla de las FARC “armado hasta los dientes” no se la llevara junto a él.

María es una de las mujeres y lideresas Nasa del norte del Cauca que dedica sus días a rescatar niños y niñas reclutadas forzosamente por los grupos armados que pululan en su territorio, donde el Acuerdo de Paz de 2016 nunca se concretó en una tranquilidad real y duradera, pues las disidencias de las extintas FARC y otros grupos ilegales coparon las montañas casi de manera instantánea.

María, que ha participado en más de cincuenta rescates de niños y niñas en poder de grupos armados, se quiebra narrando el que ella llama “el caso más trágico”. Fue un niño al que un explosivo le destrozó el pie, que comenzó a infectarse. Cuando la madre la buscó para tratar de rescatar al niño, aún en poder del grupo armado, él ya llevaba varios días herido en una zona remota de la cordillera, hasta donde fueron a sacarlo tras una compleja negociación con el grupo ilegal que lo había reclutado. Aunque el niño sobrevivió y ya no está en las filas, perdió su pierna amputada por la infección que comprometía su vida.

María tiene una pregunta que acostumbra lanzar a los jefes de los grupos ilegales cada que debe confrontarlos antes de reclamar por algún niño o niña que tienen en su poder: “Con lo duro que es parir un hijo y criarlo, ¿para que se lo lleven ustedes?”. 

Y tiene otra pregunta que resume el espíritu de su lucha, la lucha del pueblo al que pertenece: “¿Para qué recuperamos tantas tierras si los grupos armados se están llevando la semilla, que son los niños?”

Los indígenas organizados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), son la única organización social en el país que cuenta con un modelo propio para prevenir, rescatar y atender niños y niñas víctimas de reclutamiento forzado, un fenómeno persistente en la región desde hace décadas pero en aumento en los últimos años como producto de la degradación del conflicto armado y el poco avance en la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC.

El contexto actual es sumamente complejo: en Colombia existen ocho conflictos armados de carácter no internacional, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estos actores ilegales, no todos con un carácter político y algunos herederos de las viejas estructuras guerrilleras y paramilitares, recurren al reclutamiento de niñas y niños para acrecentar sus filas. De acuerdo con datos del Tejido de Defensa de la Vida de la ACIN, más de 850 niños y niñas han sido reclutados forzosamente desde el 2019, principalmente por estructuras residuales de las antiguas FARC, tan solo en el Norte del Cauca. 

Esta cifra solo incluye a indígenas y no tiene en cuenta a niñas y niños campesinos o afros que pudieron llegar a las filas de los grupos en otras zonas del Cauca o en departamentos vecinos, crímenes que, aseguran, están subestimados, pues muchos de los casos jamás llegan a ser conocidos por las autoridades tradicionales de los resguardos. 

^{Vocera del Tejido por la Vida ACIN}

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 184 niños y niñas fueron reclutados forzosamente en el país en 2023, una cifra que es muy probable que no corresponda con la realidad sino con una fracción del fenómeno. La entidad situó al Cauca en cabeza de la lista con 125 casos, y a las comunidades indígenas como principales víctimas de este crimen de guerra, con un 64% del total de casos nacionales. Las Naciones Unidas llevaban un registro de 130 casos tan sólo hasta junio del 2023, según un reporte difundido a varios medios de comunicación.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar maneja otra cifra de menores de edad desvinculados de la guerra en el país, es decir, rescatados de los grupos armados. Según registros de esa entidad, serían 2.181 niños y niñas en la última década, entre 2013 y 2022, periodo que coincide con el proceso de paz y posterior dejación de armas de la antigua guerrilla de las FARC. 

La actual Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, señaló en agosto ante el Congreso de la República que el gobierno realiza “todas las articulaciones interinstitucionales necesarias y fundamentales, para atender los casos de reclutamiento”, agregando que se trabaja “en una política para el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”

No obstante, Juan Pablo Fayad, experto en el tema, psicólogo y consultor de entidades multilaterales cómo las Naciones Unidas, asegura que la única medida política que ha demostrado ser eficaz para frenar o reducir el problema son las negociaciones de paz: cuando estas se rompen o fracasan el reclutamiento de menores de edad de inmediato aumenta, algo que confirman desde su propia experiencia la mayoría de personas entrevistadas para este reportaje.

El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, reclama que es urgente un “plan de choque” que incluya acciones como detener la deserción escolar y garantizar la cobertura de derechos básicos y presencia del Estado en los territorios, pues asume que son estas carencias las que crean el caldo de cultivo que posibilita que los grupos ilegales se lleven a los niños y niñas: “necesitamos trabajar con las comunidades, necesitamos llegar con tangibles a los territorios, pero materializando proyectos, el llamado es que hagamos un solo equipo, un solo bloque para poder nosotros agilizar y devolver esa confianza en este Gobierno”, aseguró el mandatario.

“Hay muchos casos que no conocemos, son casos donde el familiar hace parte del grupo armado y se llevó a los primos, al hermanito”, asegura Lucía, una mujer que trabaja codo a codo con las autoridades indígenas en la prevención del reclutamiento: “solo los conocemos cuando los hieren o los matan”.

“Hemos encontrado familias que entierran a sus hijos en las noches, familias que no dicen nada, que se guardaban su dolor por amenazas, por señalamientos”, apunta Andrea, otra lideresa de la ACIN cuya identidad mantendremos en reserva para preservar su seguridad. El impacto del reclutamiento también revela una marcada brecha de género, pues las niñas suelen ser víctimas además de abuso y violencia sexual al interior de los grupos ilegales, lo que las hace aún más vulnerables.

El fenómeno es tan generalizado que, durante los cuatro días que la Revista RAYA recorrió la región en alianza con la red colombo francesa Vamos por la Paz, las autoridades indígenas tuvieron reporte de seis niñas y niños rescatados, algunos de ellos con evidentes lesiones físicas por las condiciones en que se encontraban. 

^{Lucía muestra en su celular las heridas de un niño rescatado de la guerra la misma semana que RAYA recorrió la región. / David Guarín}

Andrea explica que hubo un punto de quiebre en marzo de este año, cuando una facción de las disidencias de las FARC bajo las órdenes de Iván Mordisco atacó a varios líderes indígenas en zona rural de Toribío, Cauca. Entre las víctimas estaba Carmelina Yule, quien falleció en una clínica de Cali el 17 de marzo a causa de la gravedad de las heridas. Yule era una valiente lideresa de la organización indígena que precisamente le había plantado cara a los grupos ilegales rescatando niños y niñas reclutados y por eso mismo había recibido múltiples amenazas.

El asesinato de Carmelina Yule fue uno de los motivos para que el presidente Gustavo Petro terminara la negociación de paz que adelantaba con esa facción de disidentes, haciendo un llamamiento público a los niños y niñas para que abandonaran las filas del grupo, que ya había asesinado otros niños indígenas reclutados en el departamento de Caquetá meses atrás. “Entonces los niños se empezaron a volar, a buscar que los rescataran”, apunta Andrea, indicando que es normal que a la madrugada o a cualquier hora las autoridades indígenas salgan para atender niños o niñas que han escapado de las filas de los grupos ilegales y llegan hasta veredas remotas pidiendo ayuda.

La estrategia de la ACIN contra el reclutamiento se llama Recomponiendo el Camino de Vuelta a Casa (RCVC). Aunque surgió en 2007 para reintegrar a indígenas adultos que salían de las filas de las FARC y querían volver a sus comunidades, fue apenas una consecuencia lógica que la estrategia acabara convertida en una ruta para rescatar menores de edad de la guerra, un ejercicio de soberanía que las comunidades indígenas llevan décadas realizando por sus propios medios y en muchas ocasiones afrontando duras consecuencias por ello.

Alejandro Casamachín, Coordinador de Diálogos Humanitarios del Consejo Regional Indígena del Cauca, explica que la ruta se creó porque “los niños terminaban en manos del Bienestar Familiar, en otros gobiernos los niños terminaban revictimizados, incluso de la fuerza pública  los usaban para hacer inteligencia. Entonces allí hay una desconfianza, por un lado, de las familias, pero también de los actores armados”.

^{Alejandro Casamachin, Coordinador de Diálogos Humanitarios del CRIC}

Buena parte de la fricción con los grupos armados tiene que ver con una interpretación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que permite, en ciertas condiciones, apelar a mayores de quince años para hacer la guerra. “Nosotros tenemos unos mínimos humanitarios”, insiste Casamachín: “uno de ellos es sacar a los niños y niñas de la guerra, ¡sáquenlos!, les decimos, ¿Por qué se los están llevando?, niños de trece, catorce, quince años. Pero el DIH dice que todos los gobiernos del mundo, de acuerdo a circunstancias o en un momento dado, pueden reclutar a los niños de quince años. A nosotros nos parece absurdo, yo le decía a los del Comité Internacional de la Cruz Roja que cambiaran esa vaina, esa es la excusa perfecta que tienen muchos actores armados para llevarse a los niños”.

No obstante, la legislación colombiana es clara al respecto y el artículo 162 del código penal establece que es un delito reclutar menores de 18 años en el marco del conflicto armado. 

Por ello, los indígenas del norte del Cauca pensaron en un modelo propio, implementado y manejado por las autoridades indígenas, que les permitiera hacer frente al reclutamiento forzado, no solo para atender casos de niños y niñas rescatados, sino también para prevenirlos: “La ruta tiene nueve momentos, nueve etapas, en el marco de la atención a esos niños y niñas. Es un camino propio de nuestra organización para hacer efectivo el restablecimiento de derechos”, concluye Casamachín.

Las voces de estas comunidades reflejan un anhelo profundo por una vida en paz, donde se puedan realizar actividades cotidianas sin miedo, y donde los derechos básicos sean garantizados. Casi todas las fuentes consultadas en este reportaje coincidieron en que la construcción de paz es un proceso que inicia desde la familia y se extiende hacia la comunidad, con acciones de resistencia, pero también con un diálogo constructivo con la institucionalidad. Este es el éxito de la estrategia Recomponiendo el Camino de Vuelta a Casa.

Andrea, integrante de la ACIN, agrega que la estrategia tiene fases de prevención, atención y seguimiento de casos: “mediante estas acciones propias y colectivas generamos una armonización de los impactos que tiene el conflicto”, pues lo más importante es que “los niños sean niños, que se dediquen al deporte, a la chirimía, al tejido, a la cultura: si tenemos niños conscientes eso evita que se vayan a la guerra”.

^{El Movimiento de Jóvenes toma el nombre del sacerdote indígena Álvaro Ulcué Chocué, asesinado por agentes del Estado en 1984 / Foto: David Guarín}

Esta última es la consigna del Movimiento de Jóvenes Álvaro Ulcué, que toma su nombre del sacerdote indígena asesinado por agentes del Estado en 1984, cuando desarrollaba una fuerte labor organizativa con jóvenes y comuneros indígenas del territorio de López Adentro, en Caloto, Cauca. 

“Nuestro reto es fortalecer y construir los procesos de base, para que los niños y niñas busquen otra alternativa, un escenario de recreación, de deporte, de formación”, asegura Rodrigo, integrante del movimiento juvenil y él mismo un sobreviviente al reclutamiento forzado, pues terminó en las filas de las extintas FARC hace una década, a sus dieciséis años, donde estuvo unos pocos meses hasta que su familia con acompañamiento de las autoridades indígenas lograron rescatarlo: “Fui un niño que tuvo que presenciar la guerra, como a muchos aquí, nos tocó vivirla”, cuenta.

^{Integrantes del Movimiento de Jóvenes Álvaro Ulcué Chocué}

Varios integrantes del Movimiento Juvenil cuentan historias similares, por ejemplo Carlos, quien asegura que las intimidaciones contra ellos son permanentes y los roces con los grupos armados también al momento de desafiar su autoridad: “Nosotros vemos la paz como algo mucho más allá de silenciar las armas, la paz es estar en armonía con nosotros mismos, estar en armonía con la naturaleza, estar en armonía con nuestros hermanos”, sostiene: “¿Cómo lo conseguimos? Dialogando con nuestros compañeros, el reto que tenemos como Movimiento Juvenil es cambiarle la visión a los jóvenes, cambiar esa moda de irse para la guerrilla o para algún grupo armado”.

O Marcela, que convivió con hombres armados toda su infancia porque su tío era un mando medio de la guerrilla que solía pernoctar en la finca familiar. Ella agrega además que la lucha de las mujeres jóvenes es dos veces más dura, pues no solo tienen que enfrentarse a los grupos ilegales, sino también a los prejuicios y costumbres machistas que minimizan el rol de las mujeres y quieren confinarlas al ámbito del hogar y las labores domésticas, aún a pesar de que la mayoría de quienes han liderado estrategias en contra del reclutamiento son precisamente lideresas mujeres.

Una labor a contracorriente en un territorio donde los armados son el referente, ahora incluso en redes sociales, pues exhiben una falsa vida de lujos, poder y excesos. De las archiconocidas estrategias de reclutamiento basadas en enamoramientos, pequeños regalos o promesas de poder y dinero se ha evolucionado a métodos de persuasión más complejos. Pululan videos en Tik Tok y Facebook producidos por integrantes de las disidencias en camionetas lujosas, consumiendo licor o mostrándose como hombres poderosos en sus comunidades, con el evidente propósito de promocionar la ilegalidad como una forma de vida para los jóvenes de estas comunidades, donde la presencia del Estado es insuficiente.

Por eso, los integrantes del Movimiento de Jóvenes intentan contrarrestar desde el arte y el deporte nuevas prácticas que alejen a los niños de la guerra. Su último éxito fue un festival artístico realizado entre el 5 y 8 de julio pasado en un municipio del Cauca que, aseguran, marcó la historia de la región.

No obstante, son conscientes del riesgo que enfrentan. “El hecho de quitarle un niño o una niña a los grupos armados nos convierte en objetivo militar”, admite Rodrigo, quien asegura que el principal reto para los que ejercen esta labor es “seguir vivos”. 

La resistencia de las mujeres en el sur del Valle

“Acá hay comunidades que se quedaron sin jóvenes porque en medio del conflicto armado todos fueron reclutados o asesinados”, cuenta con algo de desazón Isabel, una activista que apoya a mujeres del Valle del Cauca a través del Colectivo de Mujeres, Paz y Seguridad. 

Pone como ejemplo un paraje rural en la frontera con los departamentos del Cauca y el Tolima, corredor estratégico para los grupos ilegales que actúan en la zona. Su conclusión es simple: lo que pasa en el departamento vecino termina afectando a estas comunidades, donde las mujeres han liderado una importante lucha en defensa de la vida y los derechos humanos: “De aquí hay que salir al Cauca a buscar a los niños que se llevaron, mantenemos muy pendientes de lo que pasa en Miranda, Corinto, todo eso nos afecta”.

Estas mujeres denuncian, además, un fenómeno poco valorado que, sin embargo, es determinante para comunidades urbanas y semiurbanas de la región: el reclutamiento urbano, por bandas, mafias o estructuras menores de delincuencia común, que termina afectando la vida diaria de las comunidades. Aquello implica asumir que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes no es exclusivo de los actores armados que participan del conflicto interno, sino que también suceden casos de utilización de menores de edad por parte de otro tipo de estructuras criminales, pues las dinámicas del conflicto colombiano son múltiples y fragmentadas, con mucha frecuencia se entrelazan con estructuras criminales que controlan algún tipo de economía ilegal, donde terminan involucrados también los menores de edad.

Sus ejemplos son interminables y copan toda la geografía de la región fronteriza entre el Valle del Cauca y el Cauca. Desde bandas de atracadores que se ocultan en inmediaciones de los ingenios azucareros hasta redes transnacionales que se llevan sus jóvenes para trabajar como prestamistas ilegales en otros países del continente. 

Aquello exige reconocer que el enfoque de derechos, tan solicitado por organizaciones y expertos que abordan el problema, es urgente al momento de encarar el reclutamiento de niñas y niños por parte de actores ilegales. Es crucial resolver asuntos como la precariedad social de las comunidades, el maltrato infantil al interior de las propias familias, la falta de oportunidades económicas y la debilidad o ausencia completa de la institucionalidad, pues estos factores deterioran los contextos en donde los niños y niñas terminan siendo víctimas del reclutamiento forzado.

La solución, según ellas, radica en trasladar la estrategia contra el reclutamiento forzado de un enfoque militar a uno centrado en la prevención y en políticas del cuidado. Por ello, insisten en que la seguridad también es una cuestión que involucra a las mujeres, pero esta debe estar fundamentada en la garantía de derechos básicos que, en muchos territorios, son inexistentes. Este llamado encuentra eco entre jóvenes afrocolombianos de municipios vecinos como Villarrica, quienes comparten la urgencia de construir alternativas que protejan sus vidas y sus comunidades.

^{Los jóvenes afrocolombianos de Villarrica acompañados por la ONG Amigos de la Unesco apuestan por el arte, el deporte y la cultura para resistir a la violencia.
Reclaman mayor apoyo institucional.}

Los afrocolombianos: discriminados en su propia tierra

Vicente ha encontrado en la danza y la cultura propia una manera efectiva para que los niños y jóvenes de su comunidad se alejen de la violencia. El grupo de danzas que coordina, con medio centenar de jóvenes, ha sido seleccionado para importantes festivales y eventos nacionales y locales, pero su queja es reiterativa a la de otras personas de la región: falta un apoyo institucional robusto que materialice la presencia del Estado en estrategias más allá de la acción militar.

Vicente, es campesino afro, presidente de la junta de acción comunal de su vereda y miembro de los Consejos Comunitarios Afrocolombianos en el Norte del Cauca, vinculados al Proceso de Comunidades Negras y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Explicó que hay estrategias de vieja data desarrolladas por sus comunidades para impedir que los grupos armados se lleven a los niños y niñas. “Con los 60 Consejos Comunitarios del Norte del Cauca hemos venido implementando procesos como La Batea del Saber, es un conjunto de muchas personas que se reúnen y vamos saliendo al centro a dar a conocer experiencias o conocimientos ancestrales que tenemos desde nuestros abuelos, así aprendemos de quienes conviven con nosotros”, asegura este hombre: “También tenemos los bailes y danzas tradicionales, las adoraciones, las fugas, incluso estamos tratando que las alcaldías y las entidades puedan sumarse a aportar  a estas iniciativas para captar el cien por ciento del tiempo libre de los jóvenes”.

Vicente, que anda con un esquema de seguridad brindado por la Unidad Nacional de Protección, pues ha recibido múltiples amenazas de muerte, asegura que las danzas tradicionales han sido una herramienta muy efectiva en el pequeño caserío de donde él viene para evitar que los jóvenes terminen en manos de los ilegales. Él proviene de una de las zonas con mayor presencia y control territorial de los grupos disidentes de las extintas FARC en el Norte del Cauca, por eso insiste en que sí hay procesos fuertes que permitan luchar contra este flagelo: “ha funcionado, los jóvenes han respondido de una manera muy favorable, ya sabemos dónde están en su tiempo libre, cuántos tenemos. La idea es que podamos captar a toda la población y juventud de nuestro territorio”. 

El reto no es menor, pues buena parte de la población afrocolombiana del Norte del Cauca ha sido desplazada por la misma violencia y la pobreza, y ahora vive en las cabeceras urbanas de municipios como Villarrica, Puerto Tejada, Miranda o Santander de Quilichao, en donde el fenómeno de violencia urbana se ha exacerbado en los últimos años convirtiendo a los niños, niñas y adolescentes en uno de sus blancos. 

Un grupo de líderes juveniles de la región apoyados por la organización Amigos de la UNESCO contaron que entre sus estrategias se encuentra la lucha por ganar espacios culturales y deportivos, aún a pesar del poco apoyo institucional. Esta es la queja reiterada de casi todos los actores sociales en los territorios, como pudo confirmarlo la Revista RAYA:

“La falta de oportunidades laborales y académicas lleva a los jóvenes a ingresar a las bandas criminales”, sostiene John, un activista juvenil afrocolombiano de la zona: “así como los que hacen la guerra invierten, el Gobierno tiene que invertir el doble para quitarle los jóvenes de las garras”.

^{Gustavo Calle, integrante de la ONG Taller Abierto}

Un fenómeno al que resisten comunidades por todo el departamento del Cauca

Ferney sólo pudo derramar lágrimas cuando a su hijo de diez años le llegó al celular un mensaje invitándolo a que se uniera a un grupo armado. El niño corrió a contarle a su papá, que, según cuentan sus compañeros, nunca pensó que su propio hijo iba a estar expuesto a semejante riesgo. 

^{Las organizaciones adscritas al Coordinador Nacional Agrario apuestan por vincular a los niños y niñas a los procesos organizativos para evitar que sean reclutados por los actores armados ilegales / Fotos: CNA}

Él es un guardia campesino de una región de la cordillera al sur del Cauca, adscrito al Coordinador Nacional Agrario, un movimiento que agrupa múltiples organizaciones campesinas de todo el país. La confianza con su hijo impidió, por ahora, que algún grupo armado se lo lleve para incorporarlo a sus filas, pero el riesgo es latente para cualquier familia del departamento

Esteban, joven campesino de Cajibío, atribuye el problema a la generalizada ausencia institucional en la región, que no proporciona garantías para que los niños, niñas y adolescentes tengan otras opciones de vida: “hay mucha culpabilidad del Estado colombiano en que los niños tomen esa decisión, porque el abandono histórico ha sido terrible en la ruralidad, la educación es pésima, no hay garantías, pero el ICFES nos mide con los de la ciudad como si la educación fuera igual. ¿Uno cómo asegura un buen puntaje? No hay un enfoque diferencial”.

Todas las organizaciones sociales, de derechos humanos y comunidades con las que RAYA conversó para este reportaje compartieron el mismo diagnóstico e hicieron un llamado al Gobierno Nacional a proteger a la población infantil en Colombia, víctima principal del conflicto armado y del reclutamiento forzado. 

Su exigencia es clara: hay que priorizar en las mesas de diálogo acuerdos que pongan fin a la instrumentalización de menores de edad y aseguren su reintegración a sus comunidades, así como políticas que aborden las causas estructurales de este fenómeno. Además, instaron a grupos armados y a las fuerzas del Estado a cesar de inmediato estas prácticas, recordando la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario.

Todos se quejan de que la guerra feroz que se vive en la región por los enfrentamientos entre dos facciones de las disidencias de las FARC y un grupo del Ejército de Liberación Nacional han provocado una fragmentación y desarticulación del movimiento social y campesino que agravó la crisis.

El asesinato y desplazamiento de varios líderes adscritos al CNA ha generado una enorme zozobra en la región, donde ya hay incursiones armadas ligadas a los cultivos de uso ilícito en veredas como El Carmelo, El Dinde, Campoalegre, La Capilla, El Rosario, sobre la zona de la cordillera en las partes altas de Cajibío, El Tambo y Argelia, actual epicentro de la confrontación de las Fuerzas Militares con la disidencia de Iván Mordisco, con quién no se mantienen negociaciones de paz. 

Pablo, un joven líder campesino, asegura que hay un subregistro enorme del fenómeno en la región porque mucha gente jamás denuncia cuando sus hijos son reclutados: por miedo, por desconocimiento o por el mismo problema de seguridad que ha obligado a familias enteras a desplazarse: “no hay registros, no hay evidencias”, asegura.

Por ello, los jóvenes campesinos miembros de organizaciones adscritas al Coordinador Nacional Agrario (CNA) han desarrollado propuestas que buscan ofrecer alternativas a sus niños y niñas que les mantengan lejos de las armas. Entre ellas hay bibliotecas de comunidades rurales autogestionadas e impulsadas por las organizaciones y también un proyecto que, aunque no cuenta con recursos, ha logrado impulsar escuelas integrales de jóvenes por toda la región para promover proyectos de vida diferentes a la guerra.

“Enseñamos que el cuerpo es el primer territorio y lo vamos a defender y valorar” explica Ana, una joven campesina de un municipio al sur de Popayán: “tenemos la familia como segundo elemento, buscamos cuáles son esas causas que incitan a los niños a acceder al reclutamiento y promovemos una formación integral y popular para enseñarles la defensa del medio ambiente, los derechos humanos y la defensa del territorio”. 

El lema “curar el ser para cuidar el territorio” refleja una visión integral que conecta el desarrollo personal con la protección colectiva de los entornos. Esta filosofía resalta la importancia de trabajar en el proyecto de vida de niños y niñas como un camino para contrarrestar dinámicas que perpetúan la violencia. En este contexto, el reclutamiento forzado y la instrumentalización de NNAJ no solo son acciones de actores armados ilegales y estructuras criminales, sino también expresiones de las profundas desigualdades sociales y la precariedad institucional que afectan a los territorios más vulnerables.

Con esta premisa, la red colombo francesa Vamos por la Paz – Ensemble pour la Paix Colombie reafirma su compromiso en la lucha contra este crimen de lesa humanidad, liderando seminarios, diálogos multiactor, jornadas en las Escuelas de Gestión de Paz Territorial, comunicados y apoyando iniciativas territoriales que exigen al gobierno nacional adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar la protección integral de NNAJ. Las comunidades insisten en que esta problemática debe ocupar un lugar prioritario en las agendas de negociación con actores armados ilegales y que las políticas de prevención, atención y protección deben incluir enfoques diferenciales, respetar los contextos locales y valorar las iniciativas comunitarias como pilares de la respuesta institucional, además de brindar alternativas económicas y educativas que prevengan la vinculación de menores de edad a la guerra.

*La mayoría de nombres fueron cambiados para proteger a las fuentes.

**Este reportaje es producto de una alianza periodística entre la red franco-colombiana Vamos por la Paz, la Revista RAYA y las comunidades y organizaciones del Norte del Cauca y el sur del Valle.