Documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) muestran seguimientos y perfilamientos contra funcionarios de la petrolera PDVSA en Bogotá y su filial Monómeros. Revista RAYA tuvo acceso a ellos y al plan con el que un sector de la oposición venezolana y sus aliados en Colombia pretendieron robarse la petroquímica.

Por: Edinson Arley Bolaños

Seguimientos y perfilamientos por la DNI

La Revista RAYA conoció dos documentos que dan cuenta de seguimientos y perfilamientos por parte de la Direccion Nacional de Inteligencia (DNI) contra funcionarios de la petrolera venezolana PDVSA y su filial Monómeros. Estos se ejecutaron en Bogotá en agosto de 2020 durante el gobierno de Iván Duque y en ellos aparecen desde personajes como el empresario Alex Saab hasta el activista de derecha Lorent Saleh, a quien la inteligencia acusa de tener vínculos con los paramilitares colombianos. Varios de esos seguimientos se materializaron en las oficinas de PDVSA, ubicadas en la calle 26 avenida El Dorado, y están dentro de las carpetas que constituyen el expediente de espionaje contra Venezuela revelado por esta revista en sus primeras ediciones.

Según uno de los documentos de la DNI, cuya operación lleva el nombre de DAISO, algunos de los funcionarios estaban siendo perseguidos y perfilados en busca de posibles relaciones con grupos insurgentes como el ELN. Incluso, la inteligencia denuncia que uno de los funcionarios sería el enlace con la guerrilla, un joven al que también acusan de ser exintegrante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru de Perú. Los seguimientos y perfilamientos se extendieron a empleados, familiares y personas relacionadas con las empresas indagando e inmiscuyéndose en sus entornos sociales.

El otro documento, que reposa en los archivos de la DNI, detalla cuáles son las estructuras políticas al interior de la multinacional Monómeros entre los años 2015 y 2019. Por ejemplo, aparece un organigrama en el que relacionan a la empresa barranquillera Insapro, productora de nutrición vegetal e insumos agropecuarios, con el empresario de esa ciudad Alex Saab y el entonces gerente general de Monómeros, Pedro José Lugo Gómez, quien ejerció ese cargo desde 2003 hasta 2019. En dicho documento, la inteligencia colombiana acusa a Lugo de ser accionista mayoritario de Insapro S.A.S y de haber firmado en 2018 un contrato por tres años con Monómeros siendo gerente de esta última.

Incluso, la DNI accedió a documentos internos de la compañía en la que describen una operación financiera que realizó Lugo en junio de 2017 para pagar una deuda de Monómeros por once millones de euros al Banco Davivienda de Colombia. 

En el mismo documento de inteligencia también aparecen algunos nombres de quienes hacían parte de la junta directiva que nombró el autoproclamado presidente Juan Guaidó. Las fotografías dejan ver a Luis Alfieri Hurtado, del movimiento Primero Justicia, alfil político de Enrique Capriles, y a la entonces presidenta de la junta directiva de Monómeros, Carmen Elisa Hernandez, alfil del también político de derecha Leopoldo López. Las dos fotos de los directivos aparecen al lado del senador barranquillero José David Name y del abogado Abelardo de la Espriella, quien meses más tarde se convertiría en el apoderado judicial de la empresa que pretendió hacerse a la petroquímica a través de una toma hostil que finalmente no prosperó.

El mismo documento, sin tener claridad cuál es su relación con Monómeros, reseña a Lorent Enrique Gómez Saleh. El activista de derecha, según la DNI, tiene nexos con los paramilitares y una amistad con el expresidente Álvaro Uribe y el congresista José Jaime Uscátegui.

También llama la atención que en dichos perfilamientos la inteligencia haya incluido al periodista de El Heraldo y Blu Radio, Òscar Montes.

Si bien por ahora no están todas las piezas del rompecabezas de lo que ejecutó la inteligencia colombiana contra las empresas venezolanas, es claro que estos seguimientos y perfilamientos sucedieron previamente a la ejecución de diferentes planes para robarse la petroquímica Monómeros.

La estrategia para derrumbar a Monómeros

“Lamentablemente, y lo digo como hombre de la oposición venezolana, el G4 [los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y un Nuevo Tiempo] en lugar de demostrar en el plano de los hechos que podíamos hacer una gestión diferente,—una gestión exitosa, productiva, transparente y convertir a Monómeros en una palanca de desarrollo agrícola en América Latina—, convirtieron eso en un reparto político y por supuesto terminó en el desfalco y en los actos malhechores que encabezó Guillermo Rodríguez Laprea”. Quien habla es el diputado José Luis Pirela, uno de los designados por la “Asamblea Nacional” para investigar el desfalco de la compañía petroquímica.

La semana pasada, Pirela le envió una comunicación al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, con el fin de solicitarle designar un fiscal especializado que le dé celeridad a la denuncia presentada por el diputado el 25 de mayo de este año. La denuncia, según el documento radicado en la Fiscalía, busca que se investigue al hasta hace poco gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, acusado de hurto, corrupción privada, administración desleal, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, omisión de denuncia y soborno.

El diputado llamó la atención del fiscal Barbosa para que reasigne el caso, pues cuatro meses después de la denuncia las investigaciones no avanzan y, según Pirela, ahora que cambió la junta directiva de Monómeros es probable que los señalados en el desfalco se fuguen. Entre otras cosas, el proceso está frenado, dice el documento, pues la fiscalía seccional 415 tiene hacinamiento de procesos y la fiscal del caso está enferma.  

Rodríguez llegó al cargo de gerente luego de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela y, junto con los cuatro partidos de oposición llamados G4, repartieran la petroquímica entre sus aliados y amigos. Rodríguez es cuota del reconocido político de la derecha venezolana Henry Ramos Allup aun cuando fue accionista, representante legal y director de dos empresas privadas y competencia de Monómeros: Insumos del Pacífico y Kapocar.

Este detalle es muy importante para esta historia, pues antes de ser gerente, en abril y junio de 2020, presentó a Monómeros propuestas infructuosas desde esas empresas con el fin de hacerse a la comercialización de sus productos. Pero en abril de 2021, tres meses después de alcanzar el máximo cargo de la petroquímica colombo venezolana, sí materializó una propuesta en favor la empresa LionStreet, una firma sin la experiencia requerida para manejar la comercialización de los productos que la empresa binacional llevaba haciendo desde hace 53 años. El acuerdo firmado entre LionStreet y Monómeros, entre otros temas, entregaba la comercialización de los productos de la empresa estatal de manera exclusiva y con el 60 por ciento de las utilidades de las ventas.

LionStreet fue fundada en Panamá y tras la firma del acuerdo con Monómeros puso como gerentes de comercialización y contratación a Beatríz Peñarando y Jorleth Carrillo, dos personas cercanas a Juan Guaidó. Esta misma compañía es cuestionada por tener como representante legal a Ricardo José Rodríguez Siso, quien firmó dicho acuerdo con Monómeros siendo familiar y antiguo socio en la empresa Insumos del Pacífico del gerente denunciado: Guillermo Rodríguez Laprea. De hecho, Rodríguez alcanzó a enviar varias comunicaciones a los proveedores de Monómeros con el fin de explicarles que a partir de esa fecha LionStreet sería la encargada de evaluar y estructurar potenciales oportunidades de negocio a nombre de la petroquímica. 

Este negocio, que ponía en peligro la estabilidad financiera de la estatal Monómeros, generó una fuerte controversia al interior de los partidos que integran la oposición venezolana (G4), a tal punto que los Rodríguez, uno en Monómeros y otro en LionStreet, se vieron obligados a desahacaer el acuerdo un mes y medio después de firmado. Sobre estos hechos la Fiscalía colombiana también recibió una denuncia penal en septiembre de 2021 sin que se conozcan avances a la fecha de la misma.

Paralelamente en 2021 Monómeros firmó un contrato con el bufete de abogados DLA PIPER Martínez Beltrán, que surgió luego de la fusión del reconocido bufete fundado por el exfiscal general Nestor Humberto Martínez y la multinacional DLA PIPER. Según fuentes de la oposición venezolana, dicha firma fue la encargada de estructurar en la sombra la toma hostil con la que las multinacionales Nitrón, a través de su filial Nitrofert, se haría a la propiedad de Monómeros. Nitrofert es una empresa que fue constituida por exfuncionarios de Monómeros y del expresidente Iván Duque. El abogado Abelardo de la Espriella representó los intereses de estas empresas en contra de Monómeros.

Sobre esa operación, que se fue desmoronando, el diputado Pirela le dijo a la Revista RAYA que todo se trató de una estrategia para encubrir a quienes hoy están denunciados por corrupción y prácticas desleales con la empresa. “El bufete de Néstor Humberto Martínez, DLA PAPER, fue contratado por la junta directiva investigada y cuestionada, encabezada por Rodríguez Laprea, para defenderlos. En ese sentido, este bufete diseña eso que llaman ellos la toma hostil con el objetivo de esconder los contratos malhechores, las irregularidades administrativas y de poner a la directiva de Monómeros como víctima frente a eso que llaman toma hostil que no es otra cosa que una estrategia de ataque para defenderlos. Es decir, la toma hostil es la huida hacia delante de la junta directiva de Monómeros para esconder sus delitos”.

Incluso, el diputado se atrevió a denunciar que, durante la intervención de la Superintendencia de Sociedades en agosto pasado, esta última cambió la narrativa de su informe respecto a los cuatro anteriores que había emitido "Lo que evidencia el alto nivel de influencia que tiene en las instancias del Estado colombiano este bufete del exfiscal”, dijo Pirela. Finalmente la Supersociedades, dos días antes de la posesión del nuevo presidente Gustavo Petro, exoneró a Monómeros del grado de supervisión y control ejercido por esta entidad. Así las cosas, la vieja y denunciada junta directiva de la petroquímica logró meter un gol, por ahora, a las entidades de control colombianas.

Durante las audiencias que realizó la Supersociedades en agosto pasado, el entonces gerente Rodríguez Laprea entregó su declaración sobre los posibles conflictos de intereses con LionStreet y su representante Ricardo José Rodríguez Siso, con quien fue socio en una de las empresas competencia de Monómeros para hacerse a la comercialización de los productos de la estatal venezolana: “conozco a los señores Rodríguez Siso, pero es preciso advertir que no tengo ni he tenido vínculos personales o profesionales ni acuerdos de ningún tipo con ellos, ni mucho menos he buscado ni buscaría beneficiarlos de ninguna manera en mi condición de gerente general de Monómeros”.

Rodríguez Laprea es uno de los 23 exdirectivos de Monómeros que está pedido en extradición por la justicia venezolana.  El pasado 23 de septiembre el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que la empresa venezolana fue destruida, que hoy es un cementerio en ruinas y quedó con una capacidad de producción del cero por ciento. “Estas 23 personas están siendo solicitadas con orden de captura internacional y tienen alerta roja de Interpol”.

Finalmente, Monómeros pasó de ser una empresa que producía un millón de toneladas de insumos para la agricultura colombiana a tener totalmente liquidada su producción. Esto la convirtió en un intermediario de importaciones que llegaron a multiplicar, tal como lo denunció el presidente Gustavo Petro, hasta por tres veces el valor original de los insumos. Lo cual, sin duda, afectó la agricultura colombiana y puso en riesgo la soberanía alimentaria del país.