Los acuerdos giran alrededor de cinco ejes concretos que pretenden frenar o reversar políticas que implementó el saliente presidente de derecha, Jair Bolsonaro, quien permitió la invasión de tierras indígenas y negó siempre la importancia de la Amazonía para combatir el cambio climático.

Por: Tatiana Portela

Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, que termina al finalizar este 2022, las noticias sobre los territorios indígenas de la Amazonía brasileña nunca dejaron de ser catastróficas. Aldeas enteras y tierras invadidas para la minería ilegal, la industria maderera, el agronegocio, las hidroeléctricas, puertos, carreteras, líneas de transmisión, y hasta para el narcotráfico, fueron el pan de cada día de comunidades que se resistieron al exterminio de la Amazonía por parte de un presidente de derecha que quería arrasar con todo.  

^{Lula con la Carta de Compromiso entre los líderes indígenas (Foto: Oliver Cornbihtt/Midia Ninja/Apib)}

En medio de ese panorama es que estas comunidades ancestrales consideraban la posibilidad de que Bolsonaro resultara reelecto equivalente al fin de su existencia. Por eso, el 12 de marzo de este año decidieron realizar una de las mayores movilizaciones indígenas en la historia de Brasil. En medio de la campaña electoral más de 8.000 indígenas de 200 pueblos se concentraron en Brasilia, en el espacio llamado Acampamento Terra Livre (ATL). Allí fue invitado el candidato de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, quien prometió, en caso de ganar la presidencia, ser lo opuesto a su contrincante Jair Bolsonaro.  

En dicho encuentro, los indígenas denunciaron con vehemencia la violencia que venían sufriendo en el gobierno de Bolsonaro tras la invasión de sus tierras: “Ese proceso tiene como resultado invariable la muerte y la violencia contra nosotros, los indígenas de todas las regiones de Brasil. Nuestras casas de oración son quemadas, nuestros niños y mujeres son violados, nuestros jóvenes y defensores son perseguidos y asesinados”, leyeron los líderes indígenas ante el candidato Lula, quien no solo hizo presencia sino que firmó una serie de acuerdos que cumpliría en caso de ganar la presidenciam —como sucedió el pasado 30 de octubre.

La Revista RAYA tuvo acceso a este documento, que tiene cinco ejes que buscan derogar o reversar muchas de las decisiones con las que Bolsonaro atacó a los pueblos ancestrales bajo un discurso negacionista del cambio climático y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos ancestrales de la Amazonía. Los compromisos fueron firmados por el propio Lula en un documento histórico que ahora deberá incluirse dentro del Plan de Gobierno que inicia en 2023 y termina en 2027.

Derechos territoriales y protección de los territorios indígenas

Una de las propuestas más polémicas del actual presidente Jair Bolsonaro era la de explotar la Amazonía y detener la regularización de las tierras indígenas, es decir, negarse a que estos pueblos ancestrales pudieron legalizar sus tierras protegiendo así la basta selva amazónica. Por eso, al final de su campaña presidencial Bolsonaro, sin ruborizarse, afirmó: “no podemos tener ambientalismo radical en Brasil, vamos a acabar con la industria de la demarcación de tierras indígenas”.

Una declaración que a lo largo de su mandato fue una realidad. Por ejemplo, según cifras del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), de las 1.299 tierras que poseen las comunidades indígenas de Brasil 832 aún están con procedimientos administrativos pendientes para su regularización, y de esas 536 serían áreas reivindicadas por pasados gobiernos y sobre las cuales el Estado no ha iniciado el proceso administrativo y su delimitación.

Con la llegada de Bolsonaro al poder está situación se agudizó y en gran medida ha permitido que las tierras de los indígenas sean legalizadas por privados.

Por eso, el Consejo Indigenista, en su informe titulado “Violencia contra los pueblos indígenas de Brasil”, hace énfasis en la amplia presencia en los territorios ancestrales de madereros, mineros, cazadores y pescadores ilegales, así como de terratenientes que invaden las tierras para deforestar realizando quemas extensas para convertir las en pasto para la ganadería. El problema ha avanzado de tal manera en los últimos cuatro años que, incluso, existen denuncias sobre tierras que han sido divididas en lotes para posteriormente ser comercializadas, aun cuando estas tierras están habitadas por pueblos indígenas aislados.

El informe identificó que en 2020 los casos de invasiones, “explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio” aumentaron con relación al alarmante número registrado en el primer año del gobierno Bolsonaro. Fueron 263 casos, un aumento con relación a 2019 que registró 256 casos y un crecimiento del 137 por ciento con relación a 2018 cuando fueron identificados 111 casos. El 2020 fue el quinto año consecutivo en que los casos de invasión de tierras indígenas aumentaron. Los pueblos más afectados por dicha expropiación fueron los Yanomami, Ye’kwana y Munduruku.

Es precisamente la estrecha relación entre la acción de los invasores y las omisiones del gobierno de Bolsonaro lo que impulsó a las comunidades indígenas para redactar el primer acuerdo firmado por Lula y el cual se considera prioritario para la supervivencia física y cultural de estos pueblos.

En los acuerdo se propone destinar recursos suficientes para la identificación, delimitación, demarcación y homologación inmediata de las tierras indígenas hasta finales del 2026, así como un plan factible para la desinstalación de las tierras indígenas invadidas por ganaderos, acaparadores de tierras, madereros, mineros y otros invasores. En ese mismo orden está el compromiso de fortalecer la política de protección y no contacto para los pueblos indígenas aislados y recién contactados.

^{Apib define el apoyo al candidato presidencial del PT, pero la dirigente Sonia Guajajara le advierte que no se aceptarán más obras como
la hidroeléctrica de Belo Monte (Foto: Kamikiá Ksêdje/Midia India/Apib)}

Reanudación de la participación indígena y del control social

Una vez consolidada su llegada al poder, Jair Bolsonaro comenzó a realizar cambios estructurales en instituciones que estaban a cargo de los derechos humanos, la protección de las tierras indígenas, entre otros. Es así como en 2019, por medio de la medida provisional 9870 y los decretos 9660 y 9667, Bolsonaro creó una serie de medidas que dificultaron los procesos de demarcación de tierras indígenas y en ese mismo orden desvinculó a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) del Ministerio de Justicia para vincularla con el Ministerio de Familia, Mujer y Derechos Humanos, el cual hasta 2018 se llamaba Ministerio de Derechos Humanos.

También retiró la competencia que tenía la FUNAI para supervisar las acciones y directrices sobre las licencias ambientales que afectaban directamente a tierras de las comunidades indígenas y quilombos (comunidades afrodescendientes que escaparon de la esclavitud).

Esos mismos decretos pusieron bajo control del Ministerio de Agricultura el Servicio Forestal Brasileño, que promueve el uso sostenible de los bosques y que antes estaba vinculado al Ministerio de Medio Ambiente, que se encarga de la gestión de los bosques públicos.

Otro órgano que sufrió cambios fue el Consejo Nacional de la Política Indigenista CNPI, responsable del acompañamiento e implementación de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas y el cual fue trasladado al Ministerio de Justicia y de Familia, Mujer y Derechos Humanos. También en 2019 la ministra Damares Alves, abogada de formación y pastora evangélica, destituyó al coordinador general de la Institución Nacional de los Derechos Humanos, el principal órgano encargado de investigar las violaciones a los derechos humanos en ese país.

Todos estos cambios generaron que organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas de Brasil denunciaran en 2019 al presidente Bolsonaro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es por ello, que el segundo compromiso pactado con el electo presidente Lula da Silva está dirigido a reactivar todos los dispositivos de participación social que fueron extinguidos o reducidos en el gobierno bolsonarista. Entre ellos se destacan: el Consejo Nacional de Políticas Indígenas (CNPI), el Consejo de Seguridad Alimentaria (CONSEA), el Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), el Consejo Nacional de Salud (CNS), el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Sistema Único de Salud (SUS) y el Subsistema de Salud Indígena (SESAI/SUS). Igualmente, implementar de la Política Nacional de Gestión Ambiental y Territorial de las Tierras Indígenas (PNGTI).

Finalmente, en dichos acuerdos Lula se comprometió a cumplir con la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando las medidas legislativas impacten sus territorios y sus derechos, respetando los protocolos autónomos de consulta y consentimiento contemplados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Reconstrucción de las políticas e instituciones indígenas

La reconstrucción de las instituciones políticas es una de las exigencias más importantes que le realizaron estas comunidades al entonces candidato Lula da Silva. Sobre todo, pidieron el restablecimiento de la Fundación Nacional Indígena (FUNAI) y de la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), instituciones que cambiaron radicalmente con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil en 2019.

Por ejemplo, ese año, con la llegada de Marcelo Augusto Xavier da Silva a la presidencia de la FUNAI, comenzaron a surgir múltiples denuncias y reclamaciones, tanto de indígenas como de los mismos trabajadores de la FUNAI, por el robo de tierras para el agronegocio y la negación de la situación de violencia y desamparo en la que se encuentran actualmente las comunidades indígenas. Según denuncias del Coletivo de los Direitos No Brasil, su gestión ha sido duramente criticada a nivel nacional e internacional. Incluso, ha mostrado poco ánimo para ayudar a esclarecer el doble crimen de del indígena Bruno Pereira y del periodista Dom Phillips, quienes desaparecieron en junio de este año durante un viaje al Valle del Javari, la segunda tierra indígena más grande de Brasil en el extremo occidental del Amazonas.

Por esa y otras razones, mientras asistía a una conferencia realizada en Madrid (España) en ese mismo mes, un grupo de activistas y líderes indígenas protestaron a las afueras del Ministerio de Relaciones Exteriores por sus políticas anti indigenistas.

Debido a la falta de recursos para la secretaría especial de salud indígena (SESAI) y la nula protección de los pueblos indígenas por parte de la FUNAI, las comunidades han señalado al recién electo presidente la necesidad de crear mecanismos específicos de protección para los defensores de derechos humanos indígenas con recursos financieros y estructura administrativa adecuados. Además, promover la asistencia integral a la salud indígena y la educación bilingüe respetando las especificidades culturales y sociales de estos pueblos.

Interrupción de la agenda anti indígena en el Congreso Federal

El llamado “Paquete de Destrucción” es un conjunto de marcos temporales que buscan ser aprobados en el Congreso Federal Brasileño y que tiene como finalidad legalizar la exploración de tierras indígenas a gran escala con actividades mineras, hidroeléctricas, así como flexibilizar las leyes medioambientales y la regularización del acaparamiento de tierras. 

Se trata de seis proyectos de ley que fueron enviados desde la presidencia de Jair Bolsonaro para ser debatidos tanto en Cámara como en Senado, entre los que están el PL 191/2022 (minería en tierras indígenas) y el 490/2007 (marco temporal), los cuales prendieron las alarmas de las comunidades indígenas que salieron a las calles en una de las marchas más multitudinarias que se ha registrado en Brasilia, capital de Brasil.

No obstante, eso no era lo único. Hoy, a través del documento conocido por la Revista RAYA, se conoce que otro acuerdo al que llegaron las comunidades indígenas con el presidente Lula está dirigido a detener seis medidas legislativas que fueron enviadas con sentido de urgencia al Congreso de Brasil: el proyecto de ley 191/2020 que busca ampliar la explotación minera en tierras indígenas, el proyecto de Ley 6299/2002 que crearía nuevas reglas para la aprobación del registro de plaguicidas, el proyecto de ley 510/2021 que pretende flexibilizar la regularización de tierras de un solicitante que ya se ha beneficiado de un programa de reforma agraria o de regularización de la tenencia de la tierra, el proyecto de Ley 2159/2021 que busca acabar con la obligatoriedad de licencias para diversos tipos de emprendimientos en la Amazonía y, finalmente, el proyecto de ley que busca denunciar el Convenio 169 de la OIT.

^{Lula fue recibido por indígenas en el ATL (Foto: @scarlettphoto/Apib)}

Agenda ambiental para la Amazonía

La situación ambiental de la Amazonía brasileña se encuentra en estado crítico. Datos oficiales del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE) advierten que entre agosto de 2020 y julio del 2021 dicha zona estratégica, conocida como el pulmón del mundo, perdió en este país 13.235 kilómetros cuadrados de vegetación, una cifra que no se presentaba en los últimos 15 años.

Según los datos del mismo INPE, a la deforestación se suman los incendios constantes que tan solo en un año se incrementaron en un 54 por ciento. Esta situación, que incrementó en los últimos cuatro años, ha sido atribuida en gran medida a las políticas implementadas por el actual presidente Jair Bolsonaro.

Por ejemplo, una semana antes de la toma de posesión de Bolsonaro, este presionó al presidente Michel Temer para que se retirara del compromiso de Brasil para ser sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019, la que sería la COP25 —la cumbre se realizó entonces en Madrid, España. Luego, una vez ratificado en su cargo, Bolsonaro redujo en un 24 por ciento el presupuesto de la agenda ambiental de ese país.

Durante los últimos cuatro años se desmontaron varias políticas ambientales. Se congeló el Amazon Fund, un fondo establecido en 2008 para que Brasil recibiera de Alemania y Noruega una donación de hasta 1,2 mil millones de dólares para proteger la Amazonía. Con ello, también se abrieron las puertas al sector agroindustrial para deforestar y flexibilizar las multas ambientales.

A todo esto, se suma la denuncia que realizaron sindicatos y ecologistas contra Bolsonaro al señalar que durante la Cumbre del Clima COP26, realizada en Glasgow en 2021, el mandatario habría omitido el informe del INPE.

Recientemente, en su candidatura para la reelección Bolsonaro aseguró durante una entrevista con el programa de televisión Joven pan Pnico que: “Hay algo más importante que la Amazonía en este momento, es nuestro agro negocio, que es seguridad alimentaria para el mundo”.

Por eso, la elección de Brasil era tan trascendental para el mundo ambientalista. Hay que recordar que Brasil tiene el 60% del bioma amazónico el cual es determinante para mitigar y adaptarse al cambio climático. Sin el Amazonas se caerían las promesas, tratados internacionales y por supuesto las probabilidades climáticas para evitar un aumento de la temperatura mayor a los 1,5 ºC para finales de siglo, cifra que los países más contaminantes prometieron reducir en el acuerdo de Paris.

Debido a la situación actual del Amazonas y lo que significa eso en términos de frenar el cambio climático, el presidente Lula prometió liderar varias políticas públicas que permitan frenar la deforestación, la agroindustria y el exterminio de las comunidades indígenas, mediante la creación del Ministerio Indígena. En todo caso, en aquel encuentro y una vez firmados los acuerdos con los pueblos originarios en el campamento Terra Livre, Lula dijo que estos podrían ser un borrador de lo que sería su plan de gobierno 2023-2027.

Hoy, los pueblos de la Amazonia brasileña celebran el retorno de Lula Da Silva a la presidencia y esperan el cumplimiento de los acuerdos asumidos en campaña, los cuales van en la misma vía de otros países de la Cuenca Amazónica, como se evidenció en la reciente COP27 realizada en Egipto, donde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la propuesta de una Cumbre Sudamericana en defensa de la Amazonia, una propuesta que, aseguró el mandatario venezolano, se habría concretado en un dialogo abierto con el reciente presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en su intervención ante esa cumbre también señaló la prioridad de proteger Amazonia para la supervivencia de la humanidad.