Por medio de la falsificación de placas de vehículos y los documentos de inspección sanitaria, empresas ganaderas como Agropecuaria El Búfalo de alias “Toto Ariza”, socio de alias “Ñeñe Hernández”, se legalizaron miles de millones de pesos fingiendo exportar ganado vivo y carne en canal, mientras que los ecosistemas, como los humedales, se ven afectados. Una práctica que en realidad se hace para justificar el incremento patrimonial. A pesar de que la Fiscalía tiene información de las movidas ilegales desde hace más de una década, el “Toto” sigue posando como ganadero, en libertad y con su boyante negocio. RAYA revela documentos.
Por: Enrique Gamboa
Investigador Revista RAYA
El 4 de noviembre de 2020 Jhon Alexander Ariza Pineda, alias “Toto Ariza”, volvió a ser mencionado por la prensa a raíz de su captura en Floridablanca (Santander) acusado de lavar dineros del narcotráfico por medio de su empresa ganadera Agropecuaria El Búfalo. En simultánea, otros once “ganaderos” fueron apresados en diferentes puntos de Santander señalados del mismo delito: la exportación de ganado vivo y de carne en canal de manera ficticia con el fin de justificar su incremento patrimonial desde, al menos, el año 2008. A pesar de la rimbombancia de la noticia, doce días después los potentados hombres quedaron en libertad porque la Fiscalía no logró sustentar ante el juez su determinación de capturarlos.
No obstante, los antecedentes judiciales del “Toto Ariza” y otros de sus socios han estado ligados al mundo del narcotráfico; tanto así que han sido capturados, pero, misteriosamente, luego quedan en libertad y sus procesos son archivados o están quietos en la Fiscalía. De hecho, un empleado de alias “Toto Ariza” fue condenado en 2017 por transportar $1.000 millones en efectivo, dinero que ni él ni su jefe lograron justificar ante las autoridades; por el contrario, las pruebas determinaron que esa plata estaba destinada al pago de una banda criminal descendiente del paramilitarismo en Antioquia: “Los Pachelly”.
El eje de operación del “Toto Ariza” es el departamento de Santander, específicamente el municipio de Sábana de Torres. Está ubicado en la región del Magdalena Medio a 112 kilómetros de Bucaramanga, la capital, donde Ariza es reconocido por ser un ganadero con grandes extensiones de tierras, que construyó su fortuna gracias a la cría y venta de ganado bovino y bufalino. Este último animal le da nombre a su empresa ganadera: Agropecuaria El Búfalo. Una especie que ingresó al departamento a finales de la década del sesenta con la bonanza palmera y se convirtió en una herramienta para la recolección de los frutos de la palma, pero también, rápidamente el búfalo se fue abriendo campo dentro de la ganadería y las fincas se llenaron de este animal, que a su vez representa un peligro para la fauna y la flora de la región, ya que es una especie que altera los ecosistemas que habita y pone en riesgo la subsistencia de otros animales como el manatí.
Como en la primera entrega de esta serie de dos investigaciones que realizó RAYA en torno a la ganadería, el bienestar animal y la biodiversidad, titulada “Deforestación y ganadería: un matrimonio paramilitar en la Amazonía colombiana”, en este caso también encontramos que este negocio ha sido utilizado históricamente para lavar el dinero con el que se financia el paramilitarismo, a costa del sufrimiento de los animales que padecen durante largos trayectos en camiones hasta llegar vivos al punto de sacrificio donde se materializa la fachada de legalidad.
Las exportaciones ficticias de ganado
El “Toto Ariza” junto con su hermana Yeddy Andrea Ariza Pineda fundaron en 2008 la Agropecuaria El Búfalo con un capital inicial de 450 millones de pesos, estableciendo su sede en la ciudad de Bucaramanga (Santander). En el acta de creación de la Agropecuaria quedó explícito que uno de los objetivos de la compañía era representar en el exterior a las empresas colombianas dedicadas a la comercialización y producción de carne de vaca y de búfalo o sus derivados. También, ofrecer servicio de transporte para los productos cárnicos utilizando vehículos propios o de terceros. Cerca de una década después, Agropecuaria El Búfalo es un negocio próspero que pasó a tener un patrimonio de 93.000 millones de pesos. Aunque la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo investigaciones sobre la empresa, estas no son exhaustivas.
Dichas transacciones están mediadas por diferentes formas de burlar el control y la vigilancia de las autoridades estatales, que muchas veces terminan corrompidas, según las denuncias que tiene en su poder la Fiscalía desde 2016. Una de esas modalidades, por ejemplo, son las exportaciones ficticias de ganado en pie y carne en canal. Estas operaciones se concretan mediante la falsificación de las guías de movilización de ganado, documentos que requieren la aprobación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). En estas guías se consigna información falsa sobre la cantidad real de búfalos y bovinos que se exporta a países como Venezuela. Igualmente, falsifican los certificados sanitarios de vacunación y las placas de los vehículos en las que transportan el ganado vivo o la carne, para evitar que la Policía o el control fronterizo inspeccionen los camiones, y aparentar que la información en los documentos coincide con la realidad, aunque no sea el caso.
Una de las denuncias que conoció la Revista RAYA es del 9 de diciembre de 2019. El extenso documento advirtió la connivencia entre ganaderos con funcionarios de la Fiscalía, la DIAN, el ICA y el Ministerio de Transporte, para permitir el lavado de miles de millones de pesos a través de la exportación ficticia de grandes cantidades de ganado entre 2004 y 2019. Según el denunciante, el “Toto Ariza” recibió de funcionarios del Ministerio de Transporte registros de vehículos de forma ilegal, ya que le asignaron placas que eran de uso exclusivo de la Secretaría de Tránsito de Bucaramanga y que no podían ser asignadas ni fabricadas. “Dichas placas se encuentran comprendidas en el rango XMA -000 a XMJ-999 asignado a ese organismo de tránsito en enero de 1972”. No obstante, sucedió todo lo contrario y fueron asignadas a la empresa de alias “Toto Ariza” y funcionaron para las exportaciones ficticias de ganado. 
Diversas denuncias resaltan que el “Toto Ariza”, de forma ilegal, recibió del Ministerio de Transporte placas que eran de uso exclusivo de la Secretaría de Tránsito de Bucaramanga y sirvieron para las exportaciones ficticias.
La Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen y el Lavado de Activos (UNODC) investigó sobre la materia y encontró que los narcotraficantes para consolidar su negocio inciden directamente en la fase de transporte del ganado. Según el estudio titulado “Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones colombianas para luchar contra la deforestación”, la falsificación de la guía sanitaria de movilización interna de animales es uno de los métodos más frecuentes para mover los dineros del narcotráfico. “En esta tipología existe un andamiaje criminal compuesto por ganaderos, funcionarios de entidades públicas relacionadas con asuntos agropecuarios, Fuerza Pública y actores ilegales”, resalta el documento.
El estudio es contundente respecto a las modalidades de corrupción asociadas a la ganadería extensiva y va acorde con los hallazgos de esta investigación. “El primer eslabón requiere el actuar de los funcionarios, quienes mediante sobornos o beneficios monetarios al interior de la red, se encargan de crear en los sistemas de información de la entidad registros de vacunación a nombre de un ganadero. Posterior a este registro, se genera la guía de movilización en donde los funcionarios también se encargan de alterar datos como el número de cabezas de ganado, destinos ficticios, lugares de origen falsos o falsificación en las placas y datos de los vehículos”, resalta el estudio de la UNODC.
La Revista RAYA se comunicó con las entidades señaladas de estar involucradas en casos de corrupción durante las exportaciones ficticias de ganado. Por un lado, el ICA respondió que ese instituto no ha realizado investigaciones respecto a este delito, puesto que los datos que poseen son sobre exportaciones de ganado que se exporta de manera legal. Los funcionarios afirmaron que tampoco tienen reportes de exportaciones ficticias de ganado por parte de ninguna de las entidades encargadas de vigilar: la DIAN, la Policía Nacional y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
El Ministerio de Transporte aseguró que la competencia para entregar información sobre la entrega de placas falsas recae sobre la Superintendencia de Transporte. Esta entidad, a su vez, dijo que quien debía responder era la Polfa. Consultamos a la Polfa, pero su respuesta fue en el mismo sentido: “esta institución carece de alcance ante la solicitud, teniendo en cuenta que lo solicitado son temas de exportación de mercancía (ganado) que es competencia de la DIAN”. RAYA elevó la consulta a esta entidad, misma tarea que hizo la Polfa, pero hasta el cierre de la edición de esta investigación no recibimos respuestas.
El dinero en efectivo y los paramilitares
La operación de lavado la terminan de materializar los ganaderos por medio de empresas fachada, como Agropecuaria El Búfalo, tal como lo ha calificado la Fiscalía. Estas empresas también les permiten mover mucho dinero en efectivo para pagar a los actores armados ilegales que los protegen o con quienes tienen negocios. Uno de esos casos sucedió el 23 de marzo de 2015 en el aeropuerto José María Córdova de Medellín, cuando fue capturado Jonathan Horacio Alcina León, un trabajador de alias “Toto Ariza” en El Búfalo, quien transportaba $1.000 millones en un maletín. Una vez detenido, Alcina León le afirmó a las autoridades que era trabajador de dicha empresa y que ese dinero estaba destinado al pago de una deuda con otra empresa llamada Triple Zeta SAS.
La captura del hombre se produjo gracias a la información que recibieron dos policías por parte de una fuente humana que trabajaba dentro de la banda criminal “Los Pachelly” y que durante más de diez meses ayudó a la institución a identificar a varios de sus integrantes, revelando información importante como que esa banda estaba siendo respaldada por el Clan del Golfo. Un detalle clave que entregó la fuente a la Policía fue que una persona proveniente de Cúcuta, en un vuelo de Avianca, trasladaría $1.000 millones a la capital antioqueña para entregarlos a “Los Pachelly”. Luego de verificar la descripción física de la persona encargada de mover la plata se confirmó que se trataba de Jonathan Alcina León, quien inmediatamente fue abordado en el aeropuerto por los oficiales.
El 23 de marzo de 2015, en el aeropuerto José María Córdova de Medellín, fue capturado Jonathan Horacio Alcina León, un trabajador de alias “Toto Ariza” en El Búfalo, quien transportaba $1.000 millones en efectivo para el pago de la banda criminal “Los Pachelly”.
El 23 de junio de 2017 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia condenó al capturado Alcina a 10 años de prisión tras encontrarlo responsable del delito de lavado de activos. Sentencia que dejó en firme la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia el 17 de noviembre de 2021. Durante el proceso, la Corte escuchó a alias “Toto Ariza”, quien posó como ganadero santandereano y quien confirmó que Alcina trabajaba en la Agropecuaria de su propiedad, aunque dijo que no lo tenía afiliado a seguridad social. Afirmó que se dedicaba a oficios varios dentro de la Agropecuaria El Búfalo, al tiempo que tenía la autorización de mover grandes sumas de dinero, lo que hacía a través de una carta autorizada por su socia y hermana Yeddy Andrea Ariza Pineda, la cual daba el aval de todos los movimientos bancarios. Sin embargo, la Corte dejó claro que dicha autorización “brilló por su ausencia”.
En su decisión, la Corte aseguró que esperaba que el “Toto Ariza” brindara información más detallada y relevante respecto de la trazabilidad del dinero que, al parecer, era de su propiedad. “Causó suspicacia en los juzgadores que aquel testigo no supiera dar cuenta del movimiento puntual que tuvo tan importante suma de dinero al interior de su empresa, pues, inicialmente, de lo expresado por el gerente no se logran despejar aspectos básicos, tales como: ¿De qué manera y en qué momento se extrajo tal cantidad de las cuentas bancarias de Agropecuaria El Búfalo S.A.? ¿Cuál fue el instante y la ciudad en que habría recibido el señor Alcina León el dinero, toda vez que, como lo resaltó (alias “Toto Ariza”), el domicilio de la empresa se sitúa en la ciudad de Bucaramanga, pero el acusado partió de la ciudad de Cúcuta”?
En el juicio oral que terminó en la condena de Alcina León, la Corte Suprema de Justicia aseguró que esperaba que el “Toto” Ariza” brindara información más detallada y relevante respecto de la trazabilidad del dinero que, al parecer, era de su propiedad.
Una de las estrategias que utilizó la defensa de Alcina León para intentar comprobar que la plata era legal fueron los certificados bancarios que tiene Agropecuaria El Búfalo en los bancos BBVA y de Occidente. No obstante, el alto tribunal concluyó, en su decisión de 2021, que dichas certificaciones no satisfacen la procedencia legal de los 1.000 millones de pesos encontrados a Alcina León, ya que en el extracto del BBVA de marzo de 2015, mes de la captura del trabajador de El Búfalo, la transacción más alta se hizo por un valor de 150 millones de pesos, el 10 de marzo de 2015, es decir, 13 días antes de la captura de Alcina León en el aeropuerto de Medellín.
Durante el juicio, la Fiscalía dejó claro que este caso tiene estrecha relación con el modus operandi de las organizaciones criminales dedicadas al uso de correos humanos para transportar dinero ilícito en favor de las organizaciones criminales. En este caso, en favor de una banda descendiente del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): “Los Pachelly”. Por eso, tras la condena, la Corte Suprema también compulsó copias para investigar a las empresas involucradas en este caso, sin embargo, esa petición no ha sido priorizada en la Fiscalía.
Para la Fiscalía el actuar de Alcina León de El Búfalo, en el manejo de los 1.000 millones, tiene relación con el modus operandi de las organizaciones criminales dedicadas al uso de correos humanos para transportar dinero ilícito.
En 2021 la Corte Suprema de Justicia ordenó la compulsa de copias en contra de El Búfalo, con el fin de investigar a la actividades ilícitas de la empresa del “Toto Ariza”.
La Revista RAYA encontró que la persona encargada de realizar las operaciones ilegales a nombre de Agropecuaria El Búfalo se llama: Feisal Alberto Jimenez. El Informe 9790 de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), del 23 de marzo de 2021, dice que Feisal, como socio y representante legal, “realizó el presunto lavado de activos a través de la recepción y transporte de más de $66.300 millones provenientes de empresas y personas ubicadas dentro del sector ganadero, donde existen vínculos societarios y económicos, principalmente, con Jhon Alexander Ariza Pineda, durante el periodo 2008 al 2018”. Según registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 29 de agosto de 2008 Feisal fue designado por Yeddy Andrea Ariza Pineda (hermana del “Toto” Ariza) como la persona encargada de gestionar los trámites para abrir las oficinas de El Búfalo en Bucaramanga.
La Fiscalía solicitó rastrear los antecedentes penales de Feisal para esclarecer su relación financiera con el “Toto Ariza”. La Dijin de la Policía, el 21 de julio de 2021, aseguró que Feisal fue sentenciado el 14 de abril de 1998 a tres años de prisión por el delito de fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, y sobre su relación con las fuerzas estatales, existen certificados de libertad y tradición que dan cuenta de que adquirió una casa en Bucaramanga en 2007 gracias a los subsidios que le otorgó la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.
La persona encargada de realizar las operaciones ilegales a nombre de Agropecuaria El Búfalo se llama: Feisal Alberto Jiménez que como socio del “Toto Ariza” realizó el lavado de activos a través de la recepción y transporte de más de $66.300 millones provenientes del sector ganadero.
El oro y la tierra: otras fachadas de los narcoganaderos
Jhon Horacio Rueda Polanía, alias el “Zar del oro”, fue uno de los ganaderos capturados junto al “Toto Ariza” en noviembre de 2020. Una década atrás, el 15 de abril de 2010, fue arrestado en el Estado de Zulia (Venezuela), según reportes de prensa, tras ser buscado desde 2005 por Colombia por los delitos de tráfico de drogas, concierto para delinquir y manejo de capital proveniente del narcotráfico. En las bases de datos de la Interpol se registró que Rueda fingía entregar aparentes piezas en oro macizo, pero la investigación arrojó que lo que hacía en realidad era darles un baño de oro para exportarlas y así poder justificar el incremento de su patrimonio.
El entonces presidente Álvaro Uribe agradeció al gobierno de Hugo Chávez dicha captura y posterior deportación. “Ayer la Interpol de Venezuela entregó a Interpol Colombia a John Horacio Rueda Polanía, capturado en Venezuela el 15 de abril de 2010; vinculado al tráfico de estupefacientes y lavado de activos. Está detenido ya en la ciudad de Bogotá”, dijo Uribe desde Cúcuta el 24 de abril de ese año, en medio de un consejo de seguridad que realizó en la ciudad fronteriza. Lo que se desconoce es por qué, meses después, Rueda quedó en libertad. Cerca de 12 años más tarde, en febrero de 2022, en plena campaña presidencial, apareció en una fotografía, posando junto al empresario y candidato barranquillero Alejandro Char Chaljub.
Alejandro Char y John Horacio Rueda, quien aparece a la derecha de la foto, durante la campaña presidencial de 2022.
Rueda es socio de alias “Toto Ariza” y a su vez lo era del famoso narcoganadero José Guillermo Hernández, alias “Ñeñe Hernández”. La relación entre los tres “empresarios”, “Toto”, “Ñeñe” y Rueda, no solo se puede probar con las fotos que publicaron diferentes medios de comunicación, en las que aparecen junto con los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, sino también, por los audios que hoy revela la Revista RAYA. Se trata de conversaciones del “Ñeñe Hernández” con una persona de nombre Pablo Santamaría sobre un negocio que involucra un predio del “Toto Ariza” ubicado en la Zona Franca de Bogotá.
La primera llamada entre el “Ñeñe Hernández” y Santamaría fue el 30 de mayo de 2018 sobre las 5:29 pm. En esa conversación Santamaría le comentó al “Ñeñe” que desde hace varios días estaba buscando a Jhon Rueda para que le pagara una deuda que tenían, pero que no le respondía las llamadas ni contestaba los mensajes. Según le dijo al “Ñeñe”, Rueda le debía unos intereses de un dinero que le prestó sobre una finca que Ariza, Hernández y Rueda tenían en Cartagena bajo la figura de común y proindiviso y que tenía pensado embargar si no le devolvía el dinero. Sin embargo, le consultó al difunto que si eso los afectaría al “Toto Ariza” y a él, porque “no quería traerle problemas ya que son mis amigos”. En ese momento, Hernández lo interrumpió y le dijo que él también estaba buscando a John Rueda porque tenía un negocio “calentito”.
El negocio al que se refería Hernández era vender unos lotes de Ariza y Rueda, los cuales colindaban en la Zona Franca a un mismo cliente. “El negocio lo tengo yo hecho con la Zona Franca de Bogotá y necesito urgentemente unos papeles de él”, le dijo el “Ñeñe" a Santamaría. Fue en la siguiente llamada, del mismo 30 de mayo a las 5:34 pm., cuando el “Ñeñe” le explicó a Santamaría como sería el negocio que involucraría los terrenos del “Toto Ariza” y de Jhon Rueda en la Zona Franca: “Yo se las voy a ayudar a vender. Usted sabe que allá tiene una tierra hipotecada, una es de “Toto”, esa tierra yo ya la tengo vendida, yo fui la semana pasada a Bogotá, yo ya entregué los otros papeles, ya hicieron revisión de todo, pero la gente necesita los dos lotes. Y lo estoy buscando (a Rueda) desde esta mañana urgentemente porque me están pidiendo los papeles: el certificado de libertad y tradición y ese maricón no me ha contestado por ningún lado, voy a tener que llamar a la hermana que lo localice, para que me llame y de una vez hablo el tema suyo”, comentó el Ñeñe.
30 de mayo de 2018 - 533 PM Pablo Santamaria segunda llamada con el Ñeñe Hernández.
Ante esta situación, el “Ñeñe Hernandez” le propuso a Pablo Santamaría reunirse los dos con el “Toto Ariza” en Bucaramanga para buscar a Jhon Rueda. La cita quedó pactada para el martes 12 de junio de 2018. Ante la insistencia de Santamaría de ubicar a Jhon Rueda, el “Ñeñe Hernández” lo intentó tranquilizar. “Yo lo localizo, porque yo tengo que esperar a “Toto” porque tenemos ese negocio ahí de papayita, que la gente está interesada en el negocio y es una gente super seria y gente muy rica, porque es en la Zona Franca de Bogotá”, le ratificó el “Ñeñe”. Con la promesa de encontrarse en Bucaramanga para localizar a Rueda terminaron la llamada.
6 de junio de 2018 3:45pm: Pablo Santamaria sobre John rueda Bucaramanga predio Cartagena aeropuerto
La última llamada, que conoció RAYA, es del 5 de agosto de 2018. Con un tono más angustiado y de mayor preocupación, Santamaría llamó a Hernández para preguntarle sobre el paradero de John Rueda. El “Ñeñe” le respondió que lo único que sabía era que estaba en Medellín. En la charla, Hernández dijo que la actitud de Rueda lo estaba perjudicando y que no lo iba a permitir. Nueve meses después, el “Ñeñe Hernández” fue asesinado en Brasil, en medio de un supuesto atraco en el que sí le robaron uno de sus relojes Rolex.
Jhon Alexander Ariza Pineda, alias “Toto Ariza” y José Guillermo Hernández, alias “Ñeñe Hernández” el 5 de marzo de 2014.
Foto del “Toto y del Ñeñe del 26 de abril de 2014: “Hermano, mi compadre, es puro ron y trabajo no se que hacer”, describió Hernández la foto en su cuenta de Instagram.
El excongresista del Centro Democrático, Iván Aguilar, el expresidente Álvaro Uribe Vélez junto al “Toto Ariza” y al “Ñeñe Hernández” en un evento de la campaña presidencial de Iván Duque en el Centro de Comercio de Bucaramanga en diciembre de 2017.
El “Ñeñe Hernández” y el “Toto Ariza” en Brasil, durante el viaje en el que fue asesinado el narcoganadero.
Los búfalos del “Toto” como los hipopótamos de Pablo Escobar
RAYA viajó a las tierras de Sabana de Torres, donde alias “Toto Ariza” es reconocido por ser un potentado dueño de extensas fincas repletas de búfalos y vacas. Pasamos por dos de ellas, “Montecristo” y “La Subasta”, en las cuales decenas de estos animales pastaban en unos potreros secos y extensos, al lado de troncos de lo que antes fueron árboles y que ahora son ceniza que lleva el viento. La distancia que separa a estas dos haciendas es de menos de tres kilómetros y están ubicadas en plena carretera del Magdalena Medio, la misma que conecta el centro del país con el norte de Colombia.
Un líder de la región, a quien reservamos su nombre para proteger su vida, contó durante el recorrido cómo la ganadería se consolidó en Sabana de Torres cuando el “Toto Ariza”, junto con sus socios, llegaron al municipio a inicios de la década del 2000 pues antes lo que abundaba en estas tierras eran los cultivos de arroz. “El “Toto” empezó a llenar esto de vacas y búfalos, llegó a comprar tierras a un precio muy alto. Si valía 20 millones de pesos, él pagaba 40. Él siempre tuvo muchas hectáreas de tierra distribuidas en varias fincas. Hasta lo que yo sé, el “Toto Ariza” cambió estas tierras con el “Ñeñe Hernández” por unas tierras en la Zona Franca”, aseguró.
Pie de Foto: RAYA visitó la finca “Montecristo”, del “Toto Ariza”, en las cuales decenas de ganado pastaban en unos potreros secos y extensos.
Foto Rafael Zúñiga
Los primeros búfalos que llegaron a Colombia fueron importados desde Trinidad y Tobago en 1967. El extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) compró 30 hembras y cinco machos, los cuales fueron ubicados en el municipio de Guapi (Cauca) para utilizarlos como instrumentos de carga por empresarios palmeros. A raíz de la adaptación que tuvo esta especie en los diferentes climas del país y por su alta producción de leche, desde 1972 el Fondo Ganadero importó muchos más y fomentó su producción y comercialización a nivel nacional.
Aunque los búfalos no son clasificados como una especie invasora en el país, sí han sido comparados con los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a su hacienda Nápoles, ubicada en la misma región del Magdalena Medio. Las especies invasoras son aquellas que al introducirlas de forma accidental o intencionada, en un medio que no es el suyo, consiguen adaptarse a él y colonizarlo lo que las convierte en un agente de cambio que amenaza los ecosistemas y diversidad biológica nativa. Por ejemplo crean y modifican las cuencas y las estructuras de los ríos, lo que perjudica la supervivencia de animales acuáticos como el manatí, especie en vía de extensión, y una gran variedad de peces, lo que sucede con los búfalos en Sábana de Torres.
Para el Cabildo Verde de Sábana de Torres, la diferencia del por qué los búfalos no han sido declarados como especies invasoras está en que este animal es utilizado dentro de un sistema productivo y por eso no ha generado las mismas alertas ambientales que los hipopótamos. “El día que nos comamos o podamos vender un hipopótamo ese día lo vamos a ver como un negocio como sucede con el búfalo”, dice la organización ambientalista. Actualmente, en el país existen 485.141 búfalos distribuidos en 6.033 predios, que se concentran principalmente en Córdoba, Antioquia y Santander, según el último censo del ICA.
Otra de las fincas que tiene el “Toto” en Sabana de Torres es “El Cocuy”, la cual tiene una extensión de cerca de 60 hectáreas y un rastro de despojo. Ariza adquirió este predio en 2009 cuando se lo compró al señor Álvaro Angarita, por medio de otra de sus empresas, Inversiones Ariza Quintero, la cual se dedica al comercio de materias primas agropecuarias y a la venta de animales vivos. Actualmente tiene un patrimonio de más de $5.000 millones de pesos y su sede principal se ubica en Bogotá. Sobre la finca del “Toto Ariza” la Sala Civil de Restitución de Tierras de Santander estudió en 2019 una solicitud realizada por los señores Jorge Anibal Sanjuan Ropero y su sobrino Wilson Trujillo Navarro que como propietarios del predio solicitaron su restitución, pues a raíz del conflicto armado tuvieron que abandonar la zona por amenazas que recibieron de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El despojo de la tierra a la familia Ropero la realizaron los paramilitares del Bloque Central Bolívar de las AUC, al mando de Fernando Pérez Alzate, alias “Charly”, a finales de marzo de 2000 cuando entraron a la finca “El Cocuy” y se robaron la planta eléctrica y cerca de 520 reses. Tres días después de la arremetida paramilitar, Wilson Trujillo decidió retornar a la finca a recoger un cultivo de arroz, que había olvidado el día de la llegada de los hombres armados y de los que dependía la economía de su familia, no obstante, alias “Charly” arribó al predio y lo amenazó así: “que si apreciaba su vida le desocupara el terreno por cuanto él lo necesitaba, razón por la cual inmediatamente se desplazó hacia el municipio de San Alberto a reunirse con sus familiares”, se lee en el documento de la Sala Civil de Restitución de Tierras de Santander.
Después de las acciones en su contra Jorge Anibal Sanjuan Ropero y Wilson Trujillo Navarro a finales de 2000 le vendieron la finca “El Cocuy” a Angarita Martínez, antes de que este se la traspasara al “Toto Ariza” en 2009. Cuando Invesersiones Ariza Quintero recibió el llamado de la Sala Civil de Restitución de Tierras para escuchar su versión por la petición realizada por las víctimas; respondió no constarle los hechos que obligaron a la venta del predio, ni las razones para pedir la solicitud de la restitución. Como representante legal de la empresa, “Toto Ariza” agregó que teniendo en cuenta que Wilson Trujillo Navarro no abandonó la región y que en cambio permaneció allí viviendo durante mucho tiempo, “el negocio realizado es legítimo”.
Al estudiar el caso presentado por Jorge Anibal Sanjuan Ropero y Wilson Trujillo Navarro, la Sala Civil de Restitución de Tierras de Santander señaló que las declaraciones de ambos fueron realizadas de buena fe y de manera espontánea. “Son acordes con el contexto de violencia reseñado, sin incurrir en contradicciones relevantes que las tornan inconsistentes y sus dichos evidencian haber sido víctimas de desplazamiento forzado”. En base a lo anterior, el 26 de septiembre de 2019 la Sala emitió su decisión donde declaró la nulidad de los contratos de compraventa de la finca “El Cocuy”, tanto el que se realizó a favor de Álvaro Angarita como el que éste suscribió con Inversiones Ariza Quintero. A pesar de eso, al día de hoy, la finca no se le ha devuelto a sus dueños, mientras en Sábana de Torres reconocen que el ganadero utilizó este predio para consolidar su negocio y aumentar su fortuna.
Unas de las fincas que tiene el “Toto” en Sabana de Torres es “El Cocuy”, la cuál compró en 2009. Diez años después, la Sala Civil de Restitución de Tierras de Santander obligó a cancelar todo los contratos, incluido el del “Toto”, y devolver la tierra a sus verdaderos dueños que la tuvieron que vender por presión de la AUC.
Ganaderos como el “Toto” Ariza y el “Ñeñe” Hernández son un ejemplo claro de cómo se comercializa la carne de búfalo por encima del respeto al bienestar del animal y sin importarles las consecuencias ambientales que esta actividad genera en los ecosistemas. Ellos fingen las cantidades para acrecentar sus fortunas con dineros que provendrían del narcotráfico.
Es un negocio próspero, dicen en muchas regiones de Colombia, sin embargo, también es una actividad que viene destruyendo el medio ambiente y afectando a otras especies animales. Senadoras como Andrea Padilla y organizaciones ambientales como la Fundación para el Desarrollo Sostenible impulsaron el proyecto de le ley ”Carne libre de deforestación, que finalmente se hundió en el Congreso, el cual buscaba que se regule el sistema de trazabilidad y comercialización del ganado bufalino y vacuno, para así saber de donde provienen los animales, cuántos kilos suman para su venta o sacrificio; además, pretenden que eso ayude a garantizar que el transporte del ganado se haga en buenas condiciones de limpieza y seguridad.
El ingreso de los búfalos a la región del Magdalena Medio ha generado una evidente deforestación en la región.
Foto: Rafael Zúñiga.
Una de las características de los búfalos, que se ubican en el municipio de Sabana de Torres, es que son una especie que necesita de grandes cantidades de agua para refrescarse del calor que azota a esta región del Magdalena Medio, por esta razón, cuando se exponen a muchas horas bajo el sol, se sumergen en los humedales y se untan de lodo, que los ayuda a bajar su temperatura corporal y a protegerse de los mosquitos que allí abundan.
Según el Cabildo Verde, el hecho de que los búfalos ingresen a los humedales repercute en grandes afectaciones ambientales como la retención del agua por las pisadas de los animales, la modificación de las cuencas hídricas, la migración de fauna y la contaminación del suelo y del agua por los excrementos y la orina. “Todo esto hace que los impactos climáticos generen mayores afectaciones y se pierdan las conectividades de los corredores biológicos que se ubican alrededor de los humedales donde se presenta la ganadería extensiva, impactando el crecimiento vegetal, consumiendo especies y faunas nativas. Son afectaciones ambientales que no están siendo atendidas por las autoridades”, comentó la ONG Cabildo Verde, James Murillo.
A dos horas del centro poblado de Sabana de Torres se encuentra la ciénaga Paredes, uno de los humedales más afectados por la ganadería bufalina. Es un lugar donde se puede ver a estos animales sueltos por todo el territorio, sin ningún tipo de cerca que impida su ingreso al agua. Cuando RAYA recorrió esta ciénaga, el día estaba nublado. El país atravesaba una crisis generada por el Fenómeno del Niño y 24 municipios de Santander, entre ellos Sabana de Torres, habían sido declarados por el departamento en calamidad pública a raíz del desabastecimiento de agua que se registraba. Por eso, era evidente que hasta los búfalos celebraban la cercanía de las lluvias, pues ya no se veían en manada dentro de los humedales como se ven en los videos que han registrado los líderes en las épocas más inclementes del verano.
Los búfalos se sumergen en los humedales y se untan de lodo, que los ayuda a bajar su temperatura corporal y a protegerse de los mosquitos que allí abundan.
Video: Cabildo Verde
Para el Cabildo Verde el problema más delicado que se presenta en los humedales cuando los búfalos se apropian de ellos es que estos entran en competencia directa por los alimentos con otras especies como el manatí, pescados o aves. “El búfalo puede entrar al agua y comer plantas acuáticas, pero animales como el manatí o los pescados no pueden salir y comer pasto, por lo cual está en una desventaja significativa. En otras oportunidades impiden que aves migratorias pongan sus huevos. Además, generan una migración de peces, ya que estos no encuentran espacios dentro de los humedales y tienen que irse. Hoy esas aguas están totalmente intervenidas por los búfalos”.
Es importante destacar que los humedales son ecosistemas en los que el agua es el principal factor que controla el entorno y la vida vegetal y animal. De acuerdo con Naciones Unidas, a pesar de que los humedales sólo cubren alrededor de 6% de la superficie terrestre, son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. El pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales y el organismo internacional aprovechó para recordar que estos ecosistemas sufren mayor deterioro, pérdida y degradación como consecuencia del rápido crecimiento de la población, la producción, el consumo insostenible, el desarrollo tecnológico y el cambio climático. “Con una pérdida del 35% a nivel mundial en los últimos 50 años, los humedales son nuestro ecosistema más amenazado, desapareciendo tres veces más rápido que los bosques”, se lee en el comunicado compartido.
Los búfalos cuando ingresan a los humedales modifican las cuencas hídricas, generan migración de fauna y la contaminación del suelo y del agua por los excrementos y la orina. A su vez, impactan en los suelos, pues generan erosión, lo que hace que el campo no sea productivo.
Al igual que se presenta en la ganadería vacuna, en Colombia no existe un paquete de leyes que permitan realizar una trazabilidad de la venta y distribución de búfalos, lo que impide que se tengan registros de cuántas cabezas se venden, de que fincas o zonas del país provienen y en qué condiciones son transportados a los frigoríficos o puntos de venta. Las diferentes fuentes consultadas por RAYA aseguraron que la ganadería es el primer valor económico de la región, pues resulta más rentable vender una cabeza de ganado que arroz o plátano, principales productos comerciales antes de la consolidación ganadera. Al recorrer Sabana de Torres y al hablar con líderes de la región se puede confirmar que cada vez más la ganadería bufalina es una actividad que la realizan tanto grandes como pequeños terratenientes. La mayoría de los búfalos que se crían en esta zona del Magdalena Medio, según le dijeron las fuentes a esta revista, salen directo a las agropecuarias de Bucaramanga en camiones que atraviesan largas trochas en medio de diferentes climas y expuestos a tiempos de transporte y ayunos muy prolongados, condiciones que generan estrés y repercuten en el bienestar de los bufalinos. Al día de hoy y de acuerdo con el ICA en este municipio del Magdalena Medio hay un total de 14.401 búfalos distribuidos en 218 fincas.
Una de las investigaciones que ha estudiado las condiciones de bienestar animal de los búfalos y las vacas en el proceso de transporte se llama: “Biomarcadores de estrés como indicadores de Bienestar Animal en Ganado de Carne” y lo hizo el Departamento de Salud Animal de la Universidad de Manizales. El documento describe que durante los recorridos los animales ven afectado su bienestar, el cual está basado en la relación armoniosa del animal con el medio que lo rodea, bajo la premisa “cinco libertades”: hambre, enfermedades, angustia, incomodidades y comportamiento natural. En esa línea se pronunció la senadora ambientalista de Alianza Verde Andrea Padilla quien en entrevista con la Revista RAYA aseguró que durante el transporte, los animales van defecando y orinando dentro de los camiones y así pudriéndose en su propia materia fecal, “ocasionado que se mueran y sean arrojados a su paso”. En su conversación con esta revista la congresista aseguró que en entidades como el ICA se presentan grandes casos de corrupción durante la elaboración de los documentos de las guías de movilización y en los certificados de transporte de los animales.
¿Por qué los grandes ganaderos tienen tanto poder en Colombia?, es la pregunta que ha rondado esta investigación y que va acorde con los reclamos de las comunidades de Sabana de Torres (Santander) que se han visto afectadas por una actividad que ha generado el empeoramiento de los recursos naturales y que pone en riesgo su subsistencia, mientras las autoridades competentes no le ponen los ojos con determinación a un negocio que no solamente va en contravía de los derechos y bienestar de los búfalos y vacas, sino que sirve para que ganaderos como el “Toto Ariza” laven los dineros del narcotráfico, financien a grupos paramilitares, despojen tierras y acaben con los ecosistemas.
En Colombia no existen leyes permitan tener una trazabilidad de la venta y distribución de búfalos, lo que impide que se tengan registros de en qué condiciones son transportados a los frigoríficos o puntos de venta.
*Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Fondo para Reportajes sobre Animales y Biodiversidad de Brighter Green (www.brightergreen.org)
