El conflicto entre Refoenergy, del grupo Valorem de los Santo Domingo, y Electrovichada, bajo control de la Gobernación, tiene a Puerto Carreño con un servicio eléctrico limitado. Electrovichada alega pérdidas millonarias y deudas, mientras Refoenergy justifica los cortes por el no pago de facturas. Para completar, la solución fue una planta de biomasa que utiliza monocultivos de madera no nativa, reemplazando la vegetación de la llanura del Orinoco y generando energía no tan limpia.

Por: Unidad Investigativa Revista RAYA

El 12 de noviembre de 2021 fue inaugurada la planta de biomasa Refoenergy Bita en Puerto Carreño, capital del Vichada, con una inversión de 26 millones de dólares. Al evento, que se llevó a cabo en plena pandemia, asistió el propio presidente Iván Duque, junto con los artífices del proyecto: el presidente del Grupo Valorem, Carlos Arturo Londoño, y el exgobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flores, del partido Cambio Radical. 

^{Con una ceremonia pomposa, el expresidente Iván Duque inauguró la planta de biomasa del Grupo Santo Domingo en Vichada / Crédito Superservicios}

Hoy, cuatro años después, Puerto Carreño vive gran parte del día sin servicio eléctrico, y hay cuestionamientos sobre los beneficios ambientales de una planta que se alimenta de plantaciones forestales y que se construyó a pocos metros de un colegio público. 

También hay dudas sobre los manejos de Electrovichada, la empresa eléctrica del departamento. El exgobernador León fue destituido en 2023 por la Procuraduría y suspendido por 8 años debido a irregularidades que favorecieron con más de 1.700 millones de pesos a los financiadores de su campaña. 

Los habitantes de Puerto Carreño tenían la esperanza de que la planta de biomasa fuera la solución definitiva a sus problemas de servicio eléctrico intermitente, pero no fue así. De hecho, añoran el tiempo cuando se compraba la electricidad a Venezuela y tenían garantizadas 24 horas de luz. Después de 2019, cuando el expresidente Iván Duque cerró la frontera con Venezuela, el convenio de interconexión se terminó y la empresa Refoenergy de los Santo Domingo fue presentada como la solución que daría autosuficiencia energética a Puerto Carreño, la capital de uno de los departamentos más aislados del país.

En agosto pasado, la Contraloría señaló que los habitantes de Puerto Carreño viven una “pesadilla diaria” por las fallas en el servicio, que afectan al tercer municipio más caluroso de Colombia. Al momento de la advertencia de la Contraloría, la planta de biomasa llevaba cuatro días sin funcionar y la electricidad dependía de unas plantas complementarias de diésel que apenas suplían parte del servicio.

Desde que Refoenergy comenzó a generar energía en Puerto Carreño, la comunidad ha manifestado su inconformismo en varias movilizaciones, ya que los racionamientos duran hasta 18 horas al día y en ocasiones el servicio se ha interrumpido varios días. Para la comunidad, esta situación puede derivar en un estallido social. “La gente se cansa de protestar y hay algunos violentos que se infiltran en las manifestaciones pacíficas y generan conflictos. Yo entiendo a los comerciantes que hacen unas inversiones grandísimas y están perdiendo todo porque no lo pueden vender. Para los habitantes del común también es complicado porque tenemos temperaturas de 41 grados centígrados, que nos toca soportar sin servicio de energía. Eso es algo inimaginable”, comentó un habitante del municipio.

La versión de Refoenergy es que no puede prestar el servicio debido a la deuda que tenía Electrovichada con la empresa. Según su versión, la falta de recursos no permite pagar a los proveedores de la madera con la que funciona la planta de biomasa ni cubrir los costos de operación. Después de la marcha, volvió la luz a Puerto Carreño, pero por unos meses. Actualmente el servicio sigue siendo intermitente. Por su parte, Electrovichada sostiene que la deuda se debe a la falta de pago de los subsidios por parte del Gobierno Nacional y a los bajos niveles de recaudo.

Javier Fuentes, vicepresidente y representante legal de Refoenergy, aseguró en una entrevista con la Revista RAYA que la deuda con Electrovichada actualmente ronda los 15.000 millones de pesos. Una de las preocupaciones de Fuentes es que desde la empresa no saben si Electrovichada podrá subsanar la deuda que tienen con ellos. “Una de las grandes dificultades del último año fue encontrarnos con la realidad de que ellos no tienen cómo pagarnos esos recursos, a pesar de que la energía se entregó”. 

El directivo agregó que el valor del kilovatio-hora fijado por la Comisión de Regulación de la Energía y el Gas (CREG) para Refoenergy está alrededor de los 1.050 pesos por cada kilovatio, un precio mayor al de otras regiones del país. 

La tarifa era más alta y solo bajó de precio después de un litigio con la entidad regulatoria en el que la empresa se opuso. “Cuando la Creg hizo su cálculo bajó la tarifa un 30% y hoy la tarifa nuestra es cercana a 1.050 pesos. La CREG cambió las condiciones del contrato, pero nosotros somos respetuosos y acatamos la decisión del ente regulador y es lo que estamos cobrando. En el proceso hubo discusiones, no lo puedo negar, pero cuando la CREG se pronunció y dijo que esa era la tarifa y el precio para la región aceptamos y así nos fuimos”. 

Un contrato lleno de interrogantes

La planta de Refoenergy en Puerto Carreño debería generar 4.5 megavatios, lo que sería suficiente para los 18.000 habitantes de la zona. Esta central opera mediante la combustión de material orgánico comprado a proveedores. Este material consiste, en realidad, en madera: más de 1,200 hectáreas de plantaciones de eucalipto y otras especies no nativas sembradas por reforestadoras que cambiaron la vegetación nativa por estos árboles para abastecer la planta.

El líder Indigena César Rodríguez comentó a RAYA que actualmente solo tienen entre 8 y 9 horas de electricidad al día; en ocasiones más, a veces nada. Añadió: “El Gobierno ha permitido avanzar en la siembra de monocultivos sin que la población del Vichada tenga mayor conocimiento, lo que poco a poco está ocasionando más contaminación”.

Fuentes de la zona le contaron a RAYA que el negocio de la planta de biomasa en Puerto Carreño no fue ni planeado con la comunidad, ni resultado de un proceso de evaluación; se escogió de manera arbitraria: “Cortaron la interconexión [con Venezuela] para meter a la empresa Refoenergy”, aseguró una persona cercana al proceso, que reserva su identidad por temor. 

RAYA obtuvo el documento con el cuál se adjudicó el contrato de futuros para que Refoenergy asegurara por veinte años el negocio de vender energía eléctrica a Electrovichada. Las irregularidades son evidentes. La licitación se realizó en 2016 con la empresa EcoEnergía, que pasó a ser propiedad de Refoenergy en 2018. 

^{En la auditoría anual del Grupo Valorem en 2018 se consignó que ya estaba consumado el negocio. En el documento queda en evidencia que el conglomerado económico de la familia Santo Domingo compró la empresa EcoEnergía porque esta ya tenía un contrato amarrado con Electrovichada para suministrar la energía eléctrica de Puerto Carreño.}

La licitación del 2016, por medio de la cual EcoEnergía -hoy Refoenergy- aseguró el contrato con Electrovichada, tuvo varias adendas, aclaraciones, correcciones y modificaciones al cronograma que, a pesar de durar más de seis meses, solo tuvo un proponente: la empresa EcoEnergía. En el acta consta que otra unión temporal que presentó su propuesta veinte minutos después fue descalificada por considerarse “extemporánea”.

^{En los documentos del proceso consta que se adjudicó con un sólo proponente un contrato que dos años más tarde terminó en manos del Grupo Santo Domingo. El argumento para descalificar a la otra empresa interesada fue que llegó veinte minutos después con su propuesta, que ni siquiera fue revisada.}

EcoEnergía SAS era una empresa representada legalmente por Jorge Eliécer Muriel Botero, un abogado que participó en licitaciones y procesos de contratación pública con varias entidades del Estado, incluyendo contratos con la alcaldía de Bogotá durante la administración de Enrique Peñalosa. 

Muriel fue representante legal de empresas de ingeniería y seguridad privada, y en una oportunidad fue denunciado penalmente. El 21 de abril de 2022, la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial, lo señaló de peculado por apropiación en un contrato para construir la plaza central de Arjona, Bolívar. El caso no avanzó porque Muriel falleció seis meses más tarde.

EcoEnergía pertenecía a otras tres compañías: Avila SAS, domiciliada en La Guajira, Colcoint SAS (también representada por Muriel) y SOCOLCO SAS, estas últimas domiciliadas en Bogotá. En 2016, Electrovichada adjudicó la licitación a la empresa EcoEnergia, que no contaba con una planta de energía eléctrica en Puerto Carreño ni la construyó, aunque el contrato exigía instalar “al menos 10 MW de generación de energía en fuente no convencional de energía renovable”, como aparece en el documento. 

^{Entre los requisitos para adjudicar la licitación se tenía prevista la instalación de 10 MW de potencia para generar energía eléctrica en Puerto Carreño, algo que no ocurrió entre 2016 y 2018, mientras el contrato estuvo en poder de EcoEnergía.}

En 2018, el Grupo Valorem de la familia Santo Domingo compró la empresa EcoEnergía, adquiriendo los derechos sobre la venta futura de electricidad por veinte años a Electrovichada. En la práctica, los Santo Domingo, compraron una empresa que solo poseía el monopolio de la venta de energía en Puerto Carreño, sin inversiones significativas en el municipio hasta esa fecha. Fue entonces cuando se inició la construcción de la planta para generar energía a partir de biomasa.

En la entrevista con RAYA, Javier Fuentes se refirió a la compra de EcoEnergía por parte del Grupo Valorem de los Santo Domingo. El vicepresidente de Refoenergy sostuvo que en 2018 recibieron la propuesta de los propietarios EcoEnergía para ser socios en la construcción de la planta y, tras los análisis del negocio, decidieron adquirir el 100% de las acciones de EcoEnergía a finales de ese año, iniciando la construcción de la planta en marzo de 2019. 

Ante la pregunta sobre la decisión del Grupo Valorem de comprar el 100% de las acciones de EcoEnergía a pesar de los cuestionamientos de la Procuraduría y la Contraloría sobre el contrato con Electrovichada, debido a que la empresa no contaba con activos importantes, experiencia en generación de energía ni planta en Puerto Carreño, Javier Fuentes señaló que el grupo vio sentido en entrar al negocio, ya que el mandato de los accionistas incluía desarrollar negocios de energía a partir de biomasa forestal. “Realizamos la debida diligencia para conocer el proceso de licitación y adjudicación, que consideramos debía ser completamente transparente, y no aparecieron señales de alerta, por lo que decidimos seguir adelante”, afirmó.

Durante la construcción de la planta de biomasa, hubo lobby de políticos de la región a favor del proceso. Uno de los más visibles fue el entonces congresista Gustavo Londoño García, afiliado al Centro Democrático, quien se apropió de tierras baldías en la región mediante procedimientos irregulares, y recientemente fue candidato a la gobernación del Vichada por ese partido. El excongresista Londoño García promovió la entrada en operación de Refoenergy, como se evidencia en varios videos en los que afirmaba que las facturas no aumentarían y que el servicio mejoraría.

Otros congresistas, como el actual representante por el Partido de la U para el Vichada, Alvaro Mauricio Londoño, y el representante Javier Alexánder Sánchez, quien pertenece al pueblo Sikuani, y también es oriundo del departamento, han criticado el contrato entre Electrovichada y Refoenergy, presentando denuncias en sesiones del Congreso.

Álvaro Mauricio Londoño afirmó en la sesión del 26 de abril que el convenio era “un contrato mafioso, entre la empresa Refoenergy y Electrovichada; que hoy tiene quebrada a la empresa, un contrato que no lleva más de dos años con unas plantas que comenzaron a fallar antes del tiempo esperado de garantía y que hoy tienen en jaque al municipio”.

En noviembre de 2021, el exgobernador Álvaro Arley León Flores inauguró la planta de biomasa junto al entonces presidente Iván Duque y Carlos Arturo Londoño, presidente del Grupo Valorem. 

Esto ocurrió en un contexto de deterioro del servicio, ya que los costos de producción y distribución de la energía aumentaron de manera abrupta ese año, según el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no interconectadas (IPSE), entidad que reportó que la distribución de la electricidad incrementó sus costos en un 66% en Vichada entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021,  uno de los mayores aumentos en el país durante ese período. La generación, por su parte, aumentó sus costos en un 14% durante el mismo lapso.

A casi cuatro años de funcionamiento de la planta, persisten dificultades en la prestación del servicio. Refoenergy alega falta de recursos para comprar madera, materia prima de la planta, y para pagar a los proveedores de biomasa. Electrovichada, por su parte, afirma que está gestionando recursos con el Ministerio de Minas para cubrir la deuda con la empresa.

La comunidad concuerda en que la energía proveniente de Venezuela era mejor que la de la empresa privada. “Dentro de la línea de energía de Venezuela, éramos la cola y se presentaban deficiencias en el servicio, pero siempre fue mejor que el de Refoenergy con la planta de biomasa, porque esta para constantemente alegando falta de biomasa y recursos financieros debido a las deudas con la gobernación”, señaló un habitante del municipio.

El presidente del Grupo Valorem declaró en la inauguración de la planta que era el proyecto de inversión privada 100% colombiana más relevante en el Vichada: “Le entregamos a Puerto Carreño soberanía energética y la convertimos en la primera capital de departamento en ser totalmente sostenible”. Nada de eso se ha cumplido.

Actualmente, Refoenergy genera 1,5 megavatios a través de su planta de respaldo de diésel, aunque debería alcanzar los 4,5 megavatios. La falta de mantenimiento, atribuida a impagos, ha limitado su capacidad, según la empresa. Electrovichada contribuye con 1,5 megavatios, lo que apenas cubre el 50% de la demanda total.

^{Planta de biomasa operada por la empresa Refoenergy en Puero Carreño, Vichada. Crédito Refoenergy.}

Por su parte, Andrés Medina, gerente de Electrovichada, atribuye la deuda con Refoenergy a dos causas: los subsidios pendientes del Gobierno y las pérdidas de energía, exacerbadas por los bajos niveles de recaudo. Pero no es cierto que el Gobierno no pague los subsidios, pues RAYA obtuvo documentos que demuestran que los giros se realizaron durante el mandato de Iván Duque, quien giró más de siete mil millones en 2021 por ese concepto, y también durante el comienzo del gobierno de Gustavo Petro.

El modelo de subsidios a la energía en las zonas no interconectadas al sistema eléctrico nacional es complejo y depende de factores como la volatilidad en los precios de los combustibles y las horas de servicio prestado por los operadores locales, que pueden ser públicos o privados. 

La ley permite que los operadores cobren los subsidios de un fondo que maneja casi medio billón de pesos al año, pero estos cobros solo se autorizan una vez que el servicio ha sido efectivamente prestado y reportado a un sistema nacional. Es decir, el Gobierno paga meses después y siempre es el operador quien debe garantizar recursos en caja para la continuidad del suministro eléctrico.

Si los operadores fallan o no cumplen con las horas de servicio requeridas, los subsidios no se reconocen, lo que en el caso de Electrovichada ha generado un círculo vicioso: el Gobierno no reconoce los pagos porque el servicio no se prestó, mientras que la empresa sostiene que su crisis se debe a la falta de esos recursos.

^{No es cierto que el Gobierno no reconozca los montos por subsidios a la energía eléctrica para la empresa Electrovichada. Este documento del Ministerio de Minas revela que, por ejemplo, en 2022 se contempló un monto de más de 5 mil millones de pesos para tal fin.}

El Gobierno Petro dejó de pagar subsidios correspondientes a varios trimestres de este año cuando se evidenció que los fondos no se estaban utilizando para garantizar el servicio eléctrico. Líderes de la mesa de concertación alegan que el Ministro de Minas ordenó esta medida ante el desorden financiero y administrativo y la falta de claridad en el manejo de esos recursos, que son públicos y provienen de la sobretasa que los estratos 4 y 5 en las ciudades pagan en sus facturas de servicios públicos. RAYA intentó comunicarse con el Ministerio para confirmar está información pero no obtuvo respuesta. 

La Contraloría sostiene que el Gobierno no paga los subsidios por retrasos en la asignación presupuestal, lo que podría afectar a más de 10 millones de personas en varias regiones, incluido Puerto Carreño. Este retraso, según la entidad, se debe en gran parte a demoras en el Ministerio de Hacienda y a una falta de gestión por parte del Ministerio de Minas y Energía.

La Superservicios, por su parte, ha enviado representantes a reunirse con los delegados de la Mesa de Concertación y a buscar salidas. Una de las soluciones  sobre la mesa es reactivar la compra de energía a Venezuela. 

Irregularidades, opacidad y falta de acción de entes de control

Electrovichada es una empresa mixta constituida legalmente el 21 de junio de 2002, cuya participación accionaria dividida en tres grandes grupos: la Gobernación posee el 65%, el 25% pertenece al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) y el 10% restante está en manos de socios minoritarios. 

Aunque nominalmente la empresa sea mixta, la mayoría de sus acciones están en poder de entidades públicas y particularmente en manos de la Gobernación del Vichada, de allí los señalamientos de corrupción y malos manejos administrativos ligados a intereses políticos.

La Contraloría denunció que Electrovichada no entregó información completa a la última auditoría fiscal, alertó de la posible pérdida de recursos públicos por la gestión ineficaz y cuentas de pasivos de más de 41 mil millones de pesos. De este monto, según el informe del 20 de septiembre, se le debía a Refoenergy más de 18 mil millones de pesos.

Desde el municipio, representantes de la sociedad civil crearon una mesa de veeduría sobre el tema y pidieron la intervención de Electrovichada como un primer paso hacia una solución definitiva. También solicitaron una revisión de los costos que pagan, afirmando que la tarifa no es justa. “Nos cobran como si fuéramos una zona interconectada con el resto del país; en este momento, el costo del kilovatio para el usuario es demasiado alto”, dijo Sonia Prada, representante de la sociedad civil.

“Los recursos que pagamos los usuarios siguieron desapareciendo [en Electrovichada], que empezó a no pagarle a Refoenergy, es decir, a la empresa generadora”, agregó Prada mencionando que el Ministerio de Minas, ante la falta de transparencia en los manejos y las crecientes denuncias de corrupción, bloqueó el pago de subsidios. Según la vocera, esto sucedió como respuesta a la falta de claridad en el manejo de los dineros que se han entregado, que terminan perdiéndose en un “barril sin fondo”, una decisión que ha agravado la crisis.

El profesor Julio César Hidalgo, rector de la Escuela Eduardo Carranza, cercana a la planta de biomasa, contó que casi nunca se le dice la verdad a la comunidad. “Siempre hemos sabido que, por ejemplo, los cortes eléctricos son por razones económicas, por atrasos en esas deudas, pero no todo el valor de esa deuda es real porque la CREG dice que se permite pagar hasta 600 y tantos pesos por kilovatio hora y Refoenergy cobra mil y tantos, según sus cuentas. Entonces hay una inconsistencia en esas cifras de esa cartera de deudas”.

Según la veedora, Refoenergy también empezó a acumular deudas con quienes le suministran la biomasa (madera) y con los transportadores. Ante esta situación, la empresa comenzó a presionar con cortes de energía que afectan a toda la población, incluyendo colegios, hospitales y comercio. 

Energía no tan verde

Para completar, los líderes en Puerto Carreño tienen dudas sobre el cuidado ambiental de la planta de biomasa del Grupo Valorem. Primero, la planta está situada a pocos metros de uno de los principales colegios de Puerto Carreño. Existen estudios científicos que advierten sobre los graves riesgos para la salud derivados del humo de las plantas de biomasa.

El propio vicepresidente de Refoenergy ha reconocido en varios espacios que ellos han utilizado de manera sistemática el combustible diesel aportado por Electrovichada para generar electricidad que deja una enorme contaminación de carbono, lo que contradice el supuesto carácter sostenible y  “verde” de la empresa. “Efectivamente nosotros tuvimos que generar con diesel y eso no es un secreto para nadie. Pero hay una razón y es que cuándo la electrificadora se dio cuenta que no tenía como pagarnos con plata, y ante la necesidad de cubrir la demanda de energía, lo que Ministerio y el IPSE hicieron, por allá en 2022, fue decir que se despachara combustible a Refoenergy para que pueda generar energía y no se tuviera que apagar el municipio”, apuntó en su entrevista con este medio.

Para los indígenas, tampoco está claro cómo los extensos cultivos de eucaliptos y otras especies maderables no nativas del Vichada pueden afectar el equilibrio del ecosistema y el cauce del río Orinoco. Así lo cree Rodríguez, indígena sikuani y líder social: “La empresa dice que no son muy nocivos, pero para nosotros sí. Porque utilizan químicos para poder desarrollar esos cultivos; son cultivos industriales, no nativos. Son cosas distintas y nosotros siempre lo hemos dicho: Dios no quiera, pero en unos 30 o 40 años el río Orinoco se va a secar más de la cuenta por la siembra de esas plantaciones”.

La veedora ciudadana, Sonia Prada, también tiene dudas sobre las supuestas energías limpias de la planta de biomasa: “Nosotros, la comunidad, no le hemos encontrado nada de energías limpias a eso. Está acabando con el agua, porque esos árboles que están sembrando para eso son especies que absorben demasiada agua del subsuelo. Por otra parte, la máquina necesita grandes cantidades de agua para producir la energía, también está agotando el recurso”.

Prada dice que el agua se está desvaneciendo y no está retornando a la tierra: “Es un agua que se está evaporando. Y, por otro lado, lo de la madera: no son plantas nativas, son especies que absorben demasiada agua y estos son terrenos muy secos. La poca agua que tiene la tierra se la están consumiendo”.

El Grupo Valorem anunció a finales del año pasado una nueva planta de biomasa en Colombia, esta vez en Villanueva, Casanare. Luis Felipe Arrubla, presidente del grupo, dijo  a Forbes, al anunciar la nueva planta, que ya fue construida: “Nosotros estamos apostándole a generar energía amigable con el medio ambiente desde hace cinco años. Comenzamos con un piloto en Puerto Carreño, una planta de 4.5 megavatios, para probar al mercado y al sector financiero que era una tecnología viable”.