Distintas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han encendido las alarmas sobre la persecución a periodistas en El Salvador por el gobierno de Nayib Bukele. Después de cumplirse un año bajo régimen de excepción conversamos con dos periodistas que cubren la fuente política en el país centroamericano.

Por Ángela Martin Laiton

El periodismo es libre o es una farsa

Rodolfo Walsh

“Llevamos 8 meses en esta guerra contra las pandillas y gracias a Dios la estamos ganando […] 31 años después de los falsos acuerdos de paz, al fin nuestro pueblo vive una verdadera paz” comunicaba ante el ejército de El Salvador el presidente Nayib Bukele hace 4 meses mientras abría una nueva etapa de su régimen de excepción, coartando libertades y derechos en el país que gobierna.

“La Constitución salvadoreña reconoce la facultad de un gobierno de decretar un régimen de excepción, que es una suspensión temporal de derechos constitucionalmente protegidos por una situación de emergencia o de grave perturbación del orden público, pero la Constitución es clara en decir que son una serie de derechos los que se pueden suspender.” Afirma Ricardo Avelar, periodista salvadoreño enfocado en el cubrimiento político.

Según Avelar, son contados los derechos avalados para este régimen de excepción, tales como: la libre circulación, la libertad de reunión, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el derecho a la defensa ante una detención. Sin embargo, las atribuciones tomadas por el gobierno de Bukele superan con creces tales determinaciones constitucionales: “para efectos prácticos en gran parte del territorio nacional se ha suspendido también la presunción de inocencia, y a qué me refiero con esto, la Policía Nacional Civil y las fuerzas armadas del Salvador están capturando gente en redadas masivas de la cual no tienen indicios, ni denuncias, ni ninguna sospecha de haber cometido algún crimen y a muchas personas se les ha capturado de manera arbitraria, simplemente en virtud de cómo lucen o de dónde viven. Es decir, si son personas de piel morena, que tienen tatuajes, o son personas que viven en una comunidad estigmatizada o pobre, esas personas están siendo víctimas de arrestos arbitrarios.”

Mientras organizaciones de Derechos Humanos encendían las alarmas sobre las crecientes denuncias por abusos y detenciones arbitrarias, Bukele celebraba su aparente victoria en la guerra contra el crimen organizado del país centroamericano. Un país de seis millones de personas con más de 60.000 detenciones.

Con más de 170 casos enviados por organizaciones de la sociedad civil ante la CIDH en los que se denuncian detenciones masivas y arbitrarias, la política de Bukele es noticia en el mundo con la apertura de mega cárceles que prometen no garantizar ningún derecho como forma de contrarrestar el crimen organizado.

“Es que, en la calle la Policía y el Ejército se han convertido en jueces, así de hecho lo expresó el director general de la Policía; llamó a sus agentes jueces en la calle. La Policía puede hacer lo que quiera, entrar a tu casa, puede ordenarte que desbloquees tu teléfono, leer tus mensajes de WhatsApp, ver tus fotografías, capturarte por las razones que el agente o el soldado considere oportunas. Además, eso ha conducido a la captura a estas alturas de 66.000 personas aproximadamente, lo cual nos convierte en el país con la tasa de personas en prisión más alta del mundo, por sobre los Estados Unidos que ostentaba ese título infame” nos cuenta Carlos Martínez periodista de investigaciones especiales de El Faro.

El discurso de Bukele no ha pasado desapercibido: Dios, fuerzas militares y Estado de excepción son tres de los pilares con los que el líder dice que construye un país autónomo. “Por ahí andan rumores de que se quieren empezar a vengar de la gente honrada, hagan eso y no tendrán un solo tiempo de comida en las cárceles. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales” cerró en uno de sus discursos. Frente a esto, Carlos Martínez afirma: “No existe en este país una institución que controle el poder de la Policía y del Ejército. La narrativa oficial desde el Estado es esta: cualquiera que cuestione el régimen de excepción es porque está protegiendo a los pandilleros.”

La prensa, un enemigo

Frente a la situación que se vive en El Salvador, la prensa ha sido otro de los blancos del presidente Nayib Bukele quien en distintas intervenciones ha arremetido contra medios y periodistas. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció más de 100 agresiones contra periodistas en el 2022, diez de ellos tuvieron que salir hacia el exilio.

“El presidente Bukele se ha propuesto, y lo ha conseguido, gobernar la narrativa sobre qué es lo que ocurre en el país y machaca hasta la saciedad esta idea: Él, es el caudillo que ha liberado a este país del flagelo de las pandillas y se enfrenta, lamentablemente, al embate de estorbosas organizaciones que intentan proteger criminales y ralentizar el trabajo que hace. Entre esas organizaciones, está la prensa.” Nos cuenta Carlos Martínez, quien en numerosas ocasiones ha sido señalado públicamente por el presidente en comunicados en los que incita a las personas a buscarle en la redacción del periódico, lo culpa de ser aliado de las pandillas y ha ordenado más de cinco auditorías al medio de comunicación para el que trabaja.

En octubre de 2022, la Sociedad Interamericana de Prensa publicó un informe sobre libertad de prensa en 25 países, dentro de los que estaba El Salvador, en éste concluyó que durante el gobierno de Nayib Bukele la libertad de prensa está amenazada por la censura, señalando que los medios independientes son sistemáticamente intimidados y amenazados. “La animosidad contra los medios independientes es alentada por funcionarios del poder Ejecutivo o diputados del oficialismo en la Asamblea Legislativa”, afirma la SIP.

Aún así, los periodistas afirman que la persecución a la prensa inició antes de que se declarara el régimen de excepción y una vez que éste se anuncia desde la Asamblea Legislativa empiezan a aprobarse muy rápido medidas de amordazamiento a la prensa.

Medios de comunicación y periodistas creen que una de las razones por las que se tomaron estas medidas con urgencia era la de detener investigaciones que llevaba la prensa sobre las negociaciones que adelantaba el gobierno de Nayib Bukele con las pandillas. De hecho, el fracaso de éstas fue el detonante para que el presidente cambiara la estrategia política e iniciara una guerra abierta contra estos grupos. Para ello, decidió con completa impunidad coartar a la prensa prohibiendo las entrevistas o menciones de personas que pertenecieran a bandas criminales en las investigaciones periodísticas. “En una sesión plenaria en abril del año pasado ellos también agregaron una pena de cárcel nueva y modificaron el Código Penal para decretar hasta 15 años de cárcel a quien publique mensajes que han sido producidos por las pandillas que puedan generar pánico o zozobra, ¿por qué es esto? porque básicamente antes del régimen de excepción, sabemos por reportes periodísticos, que el gobierno tenía negociaciones con grupos de pandillas.” cierra Avelar.

A partir de esta situación, la SIP también llamó la atención en el informe sobre la creciente autocensura que se estaba presentando en El Salvador. Por temor a los señalamientos, persecuciones a través de las instituciones o, incluso, ser encarcelados, muchos medios viraron en sus contenidos para no incomodar al oficialismo. Asimismo, muchos periodistas críticos del gobierno de Bukele fueron despedidos o decidieron renunciar ante la situación. “El peor efecto ha sido una amplia autocensura por la ambigüedad de la norma, debido a que se puede calificar como apología cualquier contenido relativo al trato o maltrato de reos” señaló la SIP.

Después de las alertas que hizo la SIP, la organización Reporteros Sin Fronteras advirtió las crecientes amenazas que sufría la libertad de prensa advirtiendo cómo el discurso del gobierno señalaba a medios y periodistas como enemigos del orden o aliados de los delincuentes: "El presidente Nayib Bukele ataca y amenaza a los periodistas críticos con su gobierno. El gobierno contrarresta la presión constante que ejerce la oposición acusando de estar a su servicio a la prensa que investiga los gastos del Estado, para desacreditar las críticas"

En el ranking de RSF sobre libertad de prensa, El Salvador cayó más de 30 puestos quedando en el lugar 112 en noviembre del año pasado. Dentro de las amenazas sistemáticas a la prensa de parte del gobierno de Bukele, el periodista Ricardo Avelar nos caracteriza las más recurrentes: “La primera es acoso y estigmatización, si yo publico alguna información inmediatamente se me acusa de ser opositor, de ser corrupto, de ser defensor de las pandillas. Empieza una serie de insultos que generalmente vienen de altos funcionarios o del Presidente de la República y a medida que se van trasladando hacia su base de fanáticos o hacia sus mandos medios empiezan a crecer en agresividad. Después viene la violencia física, hemos tenido casos en los que la policía golpea periodistas y la respuesta ante la agresión es un aplauso general, no hubo ninguna sanción al funcionario. Luego está la persecución a través de instituciones del Estado, como es el caso de El Faro con acusaciones que se realizaron a través del Ministerio de Hacienda solo para "silenciar a los periodistas".

Finalmente, otro de los aspectos sobre los que se ha alertado es el ocultamiento sobre uso de fondos públicos que viene haciendo el gobierno de Nayib Bukele desde el 2020. La prensa no puede acceder a datos que en cualquier democracia son abiertos, por ejemplo, compras, inversiones o proveedores de las instituciones del Estado. Frente a esto Carlos Martínez señala: “El gobierno del presidente Bukele ha cancelado cualquier mecanismo para obtener información pública, destruyó el Instituto de Acceso a la Información y ha declarado en reserva, por ejemplo, todos los gastos, todas las compras y a todos los proveedores de la pandemia. También a todo lo que tiene que ver con el combate a las pandillas es decir, todo lo relacionado al régimen de excepción, como por ejemplo, esa mega cárcel que promocionó; no podemos saber cuánto costó, quiénes la construyeron, qué empresas licitaron, cuánto pagaron. Todo eso es secreto. Este es un gobierno que pretende gobernar a través de monólogos y abomina a la prensa que pretenda interrumpirlos.