Revista RAYA publica el segundo capítulo del libro ChuzaDAS, del periodista Julián F. Martínez, en cuya investigación se hallan los detalles más íntimos de la relación que tenían los paramilitares, a través del comandante Salvatore Mancuso, con la policía secreta de Colombia al mando de José Miguel Narváez durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Por: Julián F. Martínez

Furioso llegó el presidente Álvaro Uribe al aeropuerto militar de Catám en Bogotá a la posesión del nuevo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Édgar Alfonso Lésmez Abad, quien desde ese lunes 8 de septiembre de 2003, definiría el rumbo de las operaciones del comando aéreo que se desarrollarían contra la guerrilla en trabajos de inteligencia conjuntos con el Ejército, la Armada y el DAS.

Antes de que el jefe de Estado le entregara el sable al general Lésmez Abad y éste asumiera el mando de la FAC, delante de 300 hombres, entre cadetes y oficiales, en compañía del Estado Mayor de las Fuerzas Militares y de la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, el presidente Uribe pronunció —frente a la tropa— un discurso en el que desahogó la irá presidencial contra las organizaciones defensoras de derechos humanos, a quienes denominó como “traficantes de derechos humanos” que se deberían “quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos”, gesticulando exasperadamente.

El presidente continuó su intervención señalando que las ONG trabajaban para las FARC y no para promover los derechos humanos. “¡Politiqueros al servicio del terrorismo —dijo— que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado!”, dijo en el recinto militar.

En esa misma escala de tiempo —eran aproximadamente las 11 de la mañana de ese lunes—, mientras el presidente Uribe continuaba con su violento discurso contra las ONG, estaban aterrizando en Colombia los representantes de las organizaciones internacionales que vigilan la protección de los derechos humanos en nuestro país. Se trataba de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch; Susan Lee, delegada de Amnistía Internacional, y agentes de las Naciones Unidas y de la OEA. La comitiva arribaba al país para acudir al Encuentro Nacional e Internacional de Paz y Democracia que se celebraría el 9 de septiembre, día nacional de los derechos humanos.

Álvaro Uribe prosiguió con sus palabras durante la ceremonia militar expresando que cuando los terroristas se sentían débiles enviaban a sus voceros —refiriéndose a las ONG—, para que increparan al gobierno en materia de derechos humanos. “Muchas de esas críticas la ha tomado la página de internet de las FARC, no tienen vergüenza ni limitaciones. Sacan libros en Europa sobre rumores y calumnias, ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos”, puntualizó.

Lo que tenía enojado y embravecido al presidente Uribe era que 80 organizaciones se habían unido para presentar el informe de su primer año de gestión en materia de derechos humanos, que fue titulado “El Embrujo Autoritario” y editado por impresiones Aurora. Dicho estudio, que analizaba la política de seguridad democrática, criticaba al presidente por no reconocer el conflicto armado sino insistir en que Colombia padecía una “amenaza terrorista”. También planteaba que su estrategia de gobierno apuntaba “al control social e implementación del terror en la población, con el consecuente deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos”. El informe documentó, además, la entrega de poderes de policía judicial a las fuerzas armadas, detenciones masivas y arbitrarias de campesinos víctimas de la guerra y allanamientos de organizaciones de la sociedad civil, hechos que llevaron a expresiones de preocupación por parte de las Naciones Unidas.

El presidente sentía que se le desmoronaba su propósito de certificar al país en respeto a los derechos humanos para poder consolidar la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Entonces siguió con su alocución ofensiva contra las ONG en la posesión del comandante de la FAC.

“Ya buscaron hace meses en Londres engañar nuevamente a la opinión internacional que los desconoció para frenar la ayuda en Colombia. Se empezaron a dar cuenta en Europa que aquí hay unos traficantes de derechos humanos que viven a toda hora pidiendo auxilios de la Unión Europea y de otras entidades simplemente para sostenerse porque han hecho de eso un modus vivendi”, sostuvo airadamente el presidente.

Uribe se refería a una reunión que tuvo el gobierno de Colombia en Inglaterra el 10 de julio de 2003, en donde asumió el compromiso de respetar la labor de los activistas de derechos humanos y garantizar la seguridad de quienes arriesgan su vida ejerciendo esa labor. Pero el discurso del presidente, tres meses después de asumir ese compromiso en Londres, demostraba lo contrario: veía a los defensores de derechos humanos como sus enemigos y les declaraba la guerra en público.

“¿Las organizaciones de derechos humanos? Las respetamos. Tienen el espacio en Colombia. El vicepresidente y yo personalmente, nos hemos reunido con ellos, estamos dispuestos a atender sus críticas objetivas, otros países en menores problemas los echaron de su territorio”.

Esas palabras también contradecían lo que había dicho Uribe durante un acto de reconocimiento de las Fuerzas Militares, el 15 de agosto de 2002, ocho días después de su posesión presidencial. “La seguridad no es para perseguir verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos. La seguridad democrática es para todos los colombianos, para que los defensores de derechos humanos se apliquen a su labor sin amenazas”.

Sin embargo, 13 meses después el presidente remataba su discurso de posesión del nuevo comandante de la fuerza aérea colombiana diciéndole al escuadrón militar que le prestaran a la Nación el servicio de ayudar a que los liberaran, de una vez por todas, de esa pesadilla e hizo explícito su nuevo objetivo: “General Lésmez: ¿asume usted el comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo? Que los traficantes de derechos humanos no lo detengan. ¡Proceda!”.

El recinto militar se copó de aplausos. Para la época Álvaro Uribe tenía el 65% de aprobación en las encuestas y se convertía en uno de los presidentes más populares en la historia. “El discurso de Uribe contras las ONG indica que la línea más dura ganaba espacio en el gobierno”, señaló para le época en su editorial la revista Semana. Y la mayoría de colombianos también lo ovacionó.

Esas declaraciones del presidente Uribe, pronunciadas un día antes del día nacional de los derechos humanos, generó no sólo la reacción de los defensores de derechos humanos sino una inmensa preocupación porque el escenario que él escogió para descalificar su labor —aunque no identificó con nombre propio a las ONG que son “fachada de la guerrilla” pero terminó estigmatizándolas a todas—, sí puso en riesgo la vida de cientos de activistas que, desde ese momento, estaban en peligro y se convertían en objetivo militar, pues el presidente estaba delante de uniformados que vilmente no podrían distinguir entre el disidente político y el “auxiliador” del terrorismo.

La primera persona que dimensionó lo que se vendría años después en contra de las ONG fue el coronel en retiro Carlos Alfonso Velásquez quien, en declaraciones al programa de televisión Contravía^[1], aseguró que “eran muy delicadas y peligrosas” las palabras del presidente. “Si miramos los discursos más incendiarios en ese sentido del presidente Uribe durante su gobierno siempre han sido frente a tropas”, dijo.

“Es peligroso porque militares sin criterio que escuchen a un presidente decirle eso a un comandante de fuerza y de por sí ya está matriculando a estas personas como si fueran parte de la organización del enemigo, entonces de ahí pueden surgir cosas muy delicadas”, añadió Velásquez, que hizo carrera militar durante más de 25 años y conoce profundamente cómo se desarrollan las operaciones en contra de quienes un gobierno considera “enemigos”.

En ese sentido también se pronunció Robert Goldman, asesor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. “Es un tipo de señalamiento que puede conducir a que gente de la extrema derecha, al margen de la Ley, puedan intentar acciones violentas”.

El chileno José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que había llegado a Colombia desde Washington D.C., jamás se imaginó que lo recibirían con esas palabras del Ejecutivo. “Es muy grave que el presidente sostenga en su discurso que en otras partes a estas organizaciones de derechos humanos las habrían ya echado —así dijo literalmente—”.

Y se preguntó a qué democracia se refería Álvaro Uribe. “Yo no conozco ningún país genuinamente democrático donde las organizaciones que velan por los derechos humanos se les haya expulsado del país, salvo en juntas militares, dictaduras del Cono Sur o en la dictadura cubana, donde la tolerancia es cero frente a la crítica”.

Vivanco se negó a creer que el discurso presidencial formaba parte de la nueva estrategia oficial para combatir al terrorismo porque, según él, “haría muy difícil trabajar en derechos humanos en Colombia”.

Otros líderes activistas que vigilan el respeto de los derechos humanos condenaron que los hayan tildado de tener coincidencias ideológicas con la guerrilla, pues existen informes en el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, con datos y hechos concretos en los que se denuncia la violación de derechos humanos por parte de las FARC y del ELN. “La opinión de que los organismos de derechos humanos son parcializados y que nunca se pronuncian respecto de los hechos cometidos por la guerrilla no es cierto”, dijo Diego Pérez del CINEP.

Los defensores también criticaron al presidente porque no había leído el informe de su primer año de gestión sino que se dedicó a criminalizar las recomendaciones que hicieron en materia de derechos humanos. Philippe Texie de las Naciones Unidas, le dijo a Uribe que la democracia “no es el unanimismo sino la pluralidad de opiniones”.

El director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Gustavo Gallón, manifestó que Uribe estaba haciendo lo que presidentes anteriores le habían prohibido a los funcionarios públicos, es decir, señalar al movimiento de derechos humanos de aliado del terrorismo, pues cuando Uribe llegó a la Presidencia de la República habían asesinado 54 activistas, entre 1996 y 2002, que habían sido previamente calificados como “simpatizantes de la guerrilla”.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) deploró las declaraciones del presidente, que nutrían la preocupación internacional frente a su compromiso con los derechos humanos. “En su discurso el señor Uribe utilizó la palabra ‘terrorista’ solamente en referencia a los grupos insurgentes, catalogando a los paramilitares como ‘grupos de justicia privada’”, dijo la ONG en un comunicado desde Estados Unidos.

Un día después de la furia presidencial, representantes de ONG de América Latina y Europa, reunidos de Guatemala con ocasión de la Conferencia Regional de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, le pidieron al presidente colombiano que facilitara la labor y la protección de las organizaciones.

No obstante, tres días después, el 11 de septiembre de 2003, un caballo bomba explotaba en el centro de Chita, una población del departamento de Boyacá, en donde murieron ocho personas, entre ellas un niño, y dejó 20 heridos. El acto aterrorizó al país y se estableció la autoría del frente 45 de las FARC.

Los cadáveres quedaron bajo los escombros de tres casas que se derrumbaron por la onda explosiva. Los guerrilleros habían intimidado a un campesino para que llevara al animal. El labriego, amenazado, lo ubicó en el lugar donde se detonó la bomba.

Inmediatamente el presidente Uribe se trasladó a la zona junto con el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Enrique Mora Rangel. Allí, Uribe arremetió de nuevo contras las organizaciones de derechos humanos a quienes les reclamó su supuesta inexistente solidaridad con las víctimas de las FARC.

Con micrófono en mano, Uribe se preguntó: “¿a dónde están los actos de solidaridad, si quiera las expresiones de solidaridad, de tantos hablantinosos de derechos humanos?”. Y añadió, otra vez frente a la tropa, que se les estaba acabando la luna de miel a los defensores de derechos humanos. “¡Desoímos a los patrocinadores de los defensores del terrorismo! ¡Y, desoímos, a los que están engañados a través de informaciones desviadas por el terrorismo, pero no han venido a Chita a constatar el sufrimiento del campesinado colombiano víctima de estas acciones del terrorismo”.

Esa misma semana, la ministra Marta Lucía Ramírez, reforzó el discurso presidencial y anunció, desde Washington, que el Gobierno se proponía revisar 1.300 organizaciones de derechos humanos.

Paralelamente, bajo la sombra, en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), tomaron atenta nota de los discursos presidenciales y lógicamente lo interpretaron como una orden la declaración de guerra a los defensores de derechos humanos. Cuando el presidente le dijo al general Lésmez que procediera contra los activistas de derechos humanos, no sólo fue una directriz a él per se, sino a todos los organismos del Estado que recibían sus instrucciones. Para ello, al interior del organismo de inteligencia, se había creado ilegalmente —cinco meses antes de esa alocución—, una unidad secreta que se denominó el Grupo Especial de Inteligencia G-3, que no aparecía en el organigrama oficial del DAS, pero que funcionaría en una oficina del piso 10 de la entidad con equipos de cómputo, extensiones telefónicas y logística en general y después se pasaría a un cuarto más amplio en el piso 8 del departamento, a pocos metros de la sala de juntas.

Todos los pormenores de sobre la consecución de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del cuerpo secreto fueron aprobados inicialmente por Gian Carlo Auque de Silvestri, el primer director de Inteligencia del DAS en la era Noguera, y por Enrique Alberto Ariza Rivas, quien reemplazó a Auque en ese cargo. Ellos validaron los recursos económicos de los gastos reservados que eventualmente se necesitaron para las operaciones ilegales del G-3 y permitieron que esta unidad trabajara en conjunto con las 27 seccionales del DAS en el país. Auque asignó originalmente un vehículo blindado para realizar los desplazamientos del espionaje que le iban a hacer a los ‘blancos’ en Bogotá.

La dependencia fantasma se dedicaría a hacer el trabajo sucio contra organizaciones y personas que se oponían a las políticas de Álvaro Uribe, tal y como indirectamente lo había pedido públicamente el mandatario frente a la tropa ese 8 de septiembre de 2003. Todas las personas a las que el comandante en jefe del DAS, es decir, el presidente de la República, se refiriera en términos desobligantes en sus intervenciones públicas y privadas entraban a formar parte de los objetivos del grupo ilegal que se había creado en la entidad.

En marzo de 2003, el G-3 nació sin el respaldo de un acto administrativo pero se encontraba adscrito a la dirección general de Inteligencia. Durante dos años y siete meses, es decir, hasta octubre de 2005 —fecha en la que Jorge Noguera renunció a la dirección del DAS—, operó clandestinamente para escarbar los detalles íntimos y las reuniones privadas de los directivos y miembros de las organizaciones de derechos humanos que estaban haciéndole vigilancia a la gestión del gobierno Uribe. Lo que se propuso el G-3 era determinar los detalles con los que se podrían desprestigiar a las organizaciones y personas que criticaban al gobierno o a las Fuerzas Militares, así alertarlo a la Casa de Nariño para que el presidente lo hiciera público o para que fuera filtrado a los medios de comunicación para consolidar el propósito difamatorio.

La Fiscalía General de la Nación definió al grupo ilegal como una “empresa criminal” que instituyó la designación de objetivos denominados como ‘blancos’ o ‘frentes’, cuya característica usual era, entre otras, periodistas que representaban para un sector de la sociedad alto nivel de credibilidad y que eventualmente podrían investigar al presidente; organizaciones promotoras de la defensa de derechos humanos que elaborarían informes en esa materia; opositores políticos que ejercerían control en el Congreso a los miembros del gobierno; y magistrados de las altas cortes que podrían tomar decisiones en contravía de los intereses (personales) del alto gobierno (presidente Uribe); y los sindicatos que llevarían a tribunales internacionales sus denuncias sobre la violación de derechos humanos en Colombia.

El ente investigador estableció el 3 de abril de 2009, fecha en el que el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) elaboró el informe 454673, con base en el allanamiento que se hizo en el DAS por el denominado escándalo de las “chuzadas”, que el G-3, según las pruebas obtenidas, materializó acciones “naturalmente ilegales” como: estrategias de desprestigio y montajes, ataques psicológicos y amenazas a través de seguimientos, interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, espionaje y llamadas intimidatorias, en contra de quienes fueron considerados como objetivos dentro del citado grupo para complacer el discurso presidencial.

La Fiscalía encontró 103 AZ en la Oficina de Archivo de la Subdirección de Análisis del DAS, cuyas carpetas contienen cerca de 51.500 hojas tamaño carta, que documentan el accionar de funcionarios del DAS que realizaron múltiples y diversas violaciones a la ley penal, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, lo cual se generó sin orden de autoridad judicial competente. Los fiscales, al observar los documentos, señalaron que las conductas punibles en las cuales incurrieron los altos y medios mandos del DAS estaban tipificadas en los siguientes delitos: violación ilícita de comunicaciones; utilización ilícita de equipos transmisores y receptores; abuso de autoridad; falsedad ideológica en documento público; destrucción, supresión u ocultamiento de documentos público; concierto para delinquir y fraude procesal.

El propósito principal que se trazó el G-3 del DAS, según consta en los memorandos y misiones de trabajo que se encontraron en los archivos de ese grupo secreto, fue realizar “seguimientos a organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales con el fin de restringir o neutralizar su accionar”.

La coordinación de las operaciones ilegales de esa unidad estaban a cargo de Jaime Fernando Ovalle Olaz. Un hombre blanco y flaco, de estatura 1.83 metros, 85 kilos, ojos verdes, nariz recta y labios delgados. Ovalle tenía 47 años cuando fue encargado de la misión del G-3. Él había ingresado al DAS el 9 de julio de 1990 ocupando el cargo de analista de los “frentes delincuencial y socio-laboral”. Desde 1997 se desempeñó también como jefe de recopilación de información de la subdirección de Análisis, después fue nombrado como director de la Unidad Regional de Inteligencia de Medellín hasta 1998. Posteriormente ocupó el cargo de jefe del CODAS (Centro de Operaciones del DAS), en la cual recibían información de otros organismos de seguridad para elaborar informes destinados a las directivas del DAS. Ovalle se autodenominaba como un experto en el análisis de información de inteligencia para alertar al alto gobierno del desprestigio que organizaban “los auxiliadores del terrorismo”, es decir, según él, las ONG’s.

Ovalle Olaz era economista y comunicador social de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. En los pasillos del alma máter, conoció al también economista José Miguel Narváez Martínez, quien se convertiría, años después en el DAS, en su amigo y promotor de su carrera. Narváez había sido profesor de Ovalle en las clases que dictó sobre “guerra política” en esa universidad.

Corría el año 2003 y José Miguel Narváez se encontró con su alumno Ovalle Olaz. Era febrero. Narváez asistía al DAS a una reunión que tenía con Jorge Noguera y Gian Carlo Auque de Silvestri en su condición de asesor de la dirección del organismo de inteligencia. Días después a ese encuentro, Ovalle fue llamado para recibir instrucciones para la creación del grupo G-3. Las órdenes, según él, se las dio Narváez Martínez y Gian Carlo Auque, quien ya había hablado previamente con Noguera para las tareas que iba a realizar ese grupo bajo las decisiones de Narváez.

“La única actividad que yo le conocí fue la de asesorar en la dirección general de Inteligencia en la creación del G-3. Él iba dos o tres veces a la semana a la oficina y establecía los objetivos, nos suministraba libros y documentos sobre estos objetivos y supervisaba las acciones que se desarrollaban”, le dijo Ovalle Olaz a la Fiscalía sobre la labor de José Miguel Narváez, durante su segundo interrogatorio el 1 de julio de 2009, tras conocerse la existencia de ese grupo.

El coordinador del G-3 reveló que ad portas de fundar la unidad secreta, Narváez les explicó a él y a los detectives que conformarían el grupo, que las organizaciones no gubernamentales, políticos de izquierda y algunos periodistas representaban una estrategia, denominada “guerra política”, que era utilizada por el comunismo en contra del gobierno para tomarse el poder a través de la desestabilización institucional. Conforme a esa teoría, esa “guerra política” constituía el 70% del esfuerzo del comunismo y un 30% lo genera la “guerra armada”. Con base en esto, se determinaron los objetivos de la inteligencia de ese grupo, a través de medios técnicos como la interceptación de teléfonos y correos electrónicos.

Mientras en el DAS se le daba inicio a las operaciones del G-3, el ministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos radicaba en el Congreso de la República un proyecto de Ley para la creación de la Central Nacional de Inteligencia (CENIT), una idea que tenía el empresario e industrial uribista Pedro Juan Moreno Villa, quien trabajó con Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia y quien le hablaba al oído al presidente en sus primeros años de gobierno. La propuesta buscaba legalizar las actividades de inteligencia en contra de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, a Pedro Juan Moreno no le gustó el proyecto porque consideraba que “no era necesaria una ley para hacerle inteligencia a las ONG que son mecanismos que se inventó la subversión y los violentos para poder posicionarse”.

Moreno Villa pesaba que Colombia necesitaba “centralizar en un solo sitio y bajo una cabeza la inteligencia que hacen las diferentes fuerzas. Y eso no implica crear más burocracia, sino tener oficiales de enlace que presenten toda la información que han recolectado, para que sea procesada en un área de informática. Una información que debe ser depurada por analistas que son conocedores y expertos en cada uno de los blancos: FARC, ELN y EPL, narcotráfico, autodefensas, las ONG, delincuencia común”. Para alimentar su propuesta al presidente Uribe, Pedro Juan sugirió el nombre de José Miguel Narváez como director de la CENIT. Dicho proyecto de hundió en el Congreso en 2004, pero el plan B para el trabajo en contra de las ONG ya estaba a cargo del G-3 del DAS.

José Miguel Narváez compartía el pensamiento de Álvaro Uribe y de Pedro Juan Moreno en el sentido de que las organizaciones de derechos humanos eran fachadas de la guerrilla y los organismos de seguridad del Estado debían agotar sus esfuerzos para desmantelarlas al costo que fuera. Esa obsesión los identificaba a los tres desde los años 90.

El creador e ideólogo del grupo G-3 del DAS, había participado en la comisión de empalme del ministerio de Defensa entre los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y se desempeñó a partir de agosto de 2002 como asesor de la ministra Marta Lucía Ramírez. La especialidad de Narváez en operaciones psicológicas, las estratagemas y su conocimiento para desarticular las armas políticas de la guerrilla y sus vínculos con la población civil, lo llevaron a convertirse en asesor de los altos mandos militares desde 1994. Fue profesor de “guerra política” de la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. No había oficial del Ejército que no pasara por sus aulas para recibir adoctrinamiento antes de llegar a ser general. Narváez también asesoró a Fondelibertad, la agencia antisecuestro del Estado, fue consejero de Fedegán y llegó a la subdirección del DAS a finales de la administración de Jorge Noguera, entre junio y octubre de 2005.

José Miguel Narváez estudió economía y administración de empresas. En 1990 hizo el Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) de la Escuela Superior de Guerra. A partir de esos estudios, el Ejército lo contrató en 1995 para asesorar a la Brigada XVII con sede en el Urabá antioqueño, que comandaba el general Rito Alejo del Río, conocido popularmente como “El Pacificador”, hoy condenado a 25 años de prisión por el asesinato del campesino Marino López, perpetrado en febrero de 1997, a quienes los paramilitares le cortaron la cabeza en una operación conjunta con los soldados a cargo del general del Río, con el argumento de que era miliciano de las FARC.

Los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, alias ‘Triple Cero’; Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’; Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, han manifestado ante la Fiscalía que José Miguel Narváez no solamente era asesor del Ejército sino que actuó como instructor ideológico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien asistía con libros y documentos a las fincas de Carlos Castaño en Urabá para adoctrinar a los paramilitares.

‘El Alemán’ dijo que Narváez le dictó un curso a las AUC en 1997 que se denominó “¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?”. Durante esa cátedra, que se desarrolló, según el paramilitar, en una escuela de formación de las autodefensas llamada la ‘La 35’, ubicada en el Tomate San Pedro, Urabá, el profesor Narváez le mostró a los paramilitares una lista de 50 organizaciones de derechos humanos que supuestamente eran de las FARC.

En los campamentos, Narváez explicó a los paramilitares su tesis de que los sectores sociales que promueven los derechos humanos y la paz, son idiotas útiles de la guerrilla. Y así sustentaba por qué tenían que elaborar una lista con los nombres de personas y organizaciones que supuestamente cumplían esa labor.

Salvatore Mancuso dijo que Carlos Castaño pensaba que José Miguel Narváez era demasiado radical y veía guerrilleros por todas partes. Alias ‘El Iguano’ mencionó durante una declaración ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz el 17 de junio de 2008 que Narváez “instigó a Carlos Castaño para que asesinara al periodista Jaime Garzón”, crimen que ocurrió el 13 de agosto de 1999, y lo acusó también de estar detrás del secuestro de la senadora Piedad Córdoba, plagio ejecutado el 21 de mayo de 1999 por los paramilitares. Versiones que también fueron complementadas con los testimonios de los paramilitares ‘Ernesto Báez’ y ‘Don Berna’.

Actualmente José Miguel Narváez enfrenta procesos judiciales por la conformación del grupo ilegal G-3 del DAS, los asesinatos de Jaime Garzón y el líder de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas ocurrido el 9 de agosto de 1994, crimen por el que se condenó a la Nación en 2010, y por el plagio de Piedad Córdoba. Un fiscal de la unidad de derechos humanos lo acusa del delito de “secuestro extorsivo y agravado”.

Narváez también se codeaba con los representantes de los gremios industriales y ganaderos más importantes del país. Sus apreciaciones también eran escuchadas en la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) y en el Consejo Gremial. La consejería que desarrolló para la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, consistió en ofrecer cursos para prevenir y manejar situaciones de secuestro y cómo prevenir el accionar de la guerrilla.

Con ese historial anónimo para la sociedad colombiana, José Miguel Narváez llegó en una mañana de marzo de 2003 a la sala de juntas de la dirección de inteligencia del DAS en el piso 8 del edificio de Paloquemao en Bogotá a explicarle a los detectives que harían parte del grupo G-3 cómo se establecerían los ‘blancos’ para hacerles inteligencia y cómo se distribuirían los objetivos.

Además de Jaime Fernando Ovalle como coordinador del G-3, se incorporaron al grupo los detectives Juan Carlos Sastoque Rodríguez, Jorge Armando Rubiano Jiménez, Rodolfo Medina Alemán, Blanca Cecilia Rubio Rodríguez, Lina María Romero Escalante, Astrid Fernanda Cantor Varela, Ronald Harbey Rivera Rodríguez, Carlos Alberto Herrera Romero, Sandra Lucía Muñoz Zúñiga, Yuli Paulin Quintero Cepeda, Sonia Rodríguez Briceño, Deysi Carolina Cancino Ardila, Neider Ricardo Hoyos, María Osana Ruíz Vargas y Mario Orlando Ortiz Mena. Narváez los convocó para enseñarles las estrategias y actividades que tenían que desarrollar sobre los ‘blancos’ que él mismo le asignaría a cada uno de los agentes del G-3. Frente a todos Narváez dijo que las “ONG eran las principales auspiciadoras de estrategias políticas en contra del Estado, la democracia y el capitalismo”.

El objetivo principal del G-3 era el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización defensora de los derechos humanos reconocida por su labor jurídica en representación de las víctimas de crímenes de Estado y con amplia trayectoria en el terreno internacional. La operación contra el CAJAR la denominó el DAS como “Transmilenio”. Dicho trabajo incluía trabajos de inteligencia ilegal, especialmente, en contra del presidente Alirio Uribe Muñoz y su familia, pero diseñaron una operación contra 78 miembros que trabajan en esa ONG, desde el mensajero hasta los directivos. La Operación “Transmilenio” se ejecutó, asimismo, contra las organizaciones colombianas y extranjeras que tenían nexos con el Colectivo de Abogados que, según los documentos secretos del G-3, son cerca de 120 ONG’s.

También hubo especial dedicación del DAS con procedimientos clandestinos hacia otros objetivos que inicialmente se propuso José Miguel Narváez:

Operación “Puerto Asís”: en contra del periodista Hollman Felipe Morris Rincón, director del programa de televisión Contravía, su familia y su equipo periodístico.

Operación “Cascabel”: en contra de la Comisión Colombiana de Juristas, organización de derechos humanos con estatus consultivo ante Naciones Unidas, su director y fundador Gustavo Gallón Giraldo.

Operación “Paseo I y II”: en contra de los magistrados de las altas cortes, entre los que se destacan en los memorandos del G-3, los miembros de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil, Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería, Álvaro Tafur Galvis, Alfredo Beltrán Sierra, Marco Gerardo Monroy Cabra, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes.

Una de esas 103 carpetas llamó la atención de los investigadores de la Fiscalía. En la AZ 57 aparecen varias referencias al presidente Álvaro Uribe, la mayoría de ellas escritas a mano por el coordinador del grupo ilegal Jaime Ovalle, quien anotaba en la parte superior derecha de los folios las palabras “Presidente Uribe” o “Presidente”. Con base en ese hallazgo, el 8 de marzo de 2011, la Fiscalía remitió copias de esa carpeta a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue a Uribe por las acciones ilegales del DAS.

Detectives del organismo realizaron un acta “reservada” el 12 de agosto de 2005 en el que dejaron consignadas las posturas de los magistrados de la Corte Constitucional frente a la reforma constitucional que permitió la reelección del presidente Uribe. En el cuadro se determina la posición ideológica de cada miembro, que en ese entonces, eran más quienes se oponían en la Corte, que los que estaban de acuerdo, con declarar exequible un segundo gobierno de Álvaro Uribe. El folio fue marcado por el G-3 con la evidencia manuscrita “Presidente” y fue realizado después de un trabajo de inteligencia a los magistrados de la Corte Constitucional. Así la Presidencia de la República utilizaba al organismo de inteligencia estatal con fines políticos.

También se dieron instrucciones para perseguir y esculcar la vida privada de líderes sindicales, políticos de oposición como Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Wilson Borja y otras organizaciones de derechos humanos como la Corporación Minga, Redepaz, Asamblea Nacional por la Paz, Comunidad de Paz de San José de Apartadó, CINEP, Justice for Colombia, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Watch, entre otras.

Además aparecen en los registros del G-3, el periodista Carlos Arturo Lozano Guillén, director del semanario Voz y miembro del Partido Comunista Colombiano, el entonces senador del Polo Democrático Carlos Gaviria Díaz, Luis Eduardo Garzón, quien para la fecha de los memorandos secretos era el alcalde Mayor de Bogotá; Ramiro Bejarano Guzmán, abogado y columnista del periódico El Espectador, la periodista independiente Claudia Julieta Duque, el director de Noticias Uno Daniel Coronell Castañeda y el periodista Félix de Bedout de la W Radio, entre otros.

“Todas las órdenes eran dadas de carácter verbal”, expresó Ovalle Olaz. Narváez manifestó que no existirían documentos escritos al respecto, las reuniones no generarían actas para garantizar que no hubiera archivo de ellas “por la sensibilidad y secreto de la información”. La junta se llevaba a cabo dos veces al mes con “el fin de informar sobre las estrategias de las ONG contra el Estado colombiano a nivel nacional e internacional” y también participarían los directores de Inteligencia que para el periodo de operación del G-3 fueron Gian Carlo Auque de Silvestri y Enrique Alberto Ariza Rivas, añadió Ovalle.

Supuestamente a esas reuniones no asistía el director del DAS Jorge Noguera porque para esa labor estaba a cargo su asesor Narváez, aunque sí estaba al tanto de las actividades que estaba desarrollando el G-3. Jaime Ovalle le dijo al fiscal que lo interrogó que en por lo menos en dos ocasiones acompañó a Narváez a la oficina de Jorge Noguera para entregarle un balance sobre las actividades del grupo para que éste le emitiera las alertas a la Casa de Nariño.

La dirección de Inteligencia a cargo de Auque y después de Ariza, además de establecer los objetivos del G-3 con José Miguel Narváez, era la encargada de autorizar el apoyo de las subdirecciones de Inteligencia (Operaciones, Análisis, Contrainteligencia) para la recopilación de información y los “cursos de acción” sobre los ‘blancos’ a través de apoyo humano y logístico para las operaciones, es decir, detectives y vehículos para el espionaje y los seguimientos; y la interceptación de abonados telefónicos y correos electrónicos de las personas que consideraron como “enemigos de la seguridad democracia”.

“A mí me llegaban procedente de la dirección general de Inteligencia, las interceptaciones telefónicas y de correos de organizaciones e integrantes de ONG, que previamente habían sido señalados como objetivos, por parte de las directivas, en las reuniones que he hecho mención”, reveló a la justicia Jaime Fernando Ovalle, días después de su captura el martes 22 de septiembre de 2009.

El contenido de las grabaciones interceptadas a los ‘blancos’ del G-3 se las entregaba a Jaime Fernando Ovalle Olaz en un CD el director de Inteligencia Enrique Ariza o en otras ocasiones delegados de la subdirección de Contrainteligencia que estaban a cargo de esa labor. “Una vez me llegaba a mí, el grupo G-3 imprimía la información y su contenido lo incorporaba a las hojas de vida de los objetivos”, añadió el coordinador.

Cuando la Fiscalía le preguntó a Ovalle Olaz si tenía conocimiento de la autorización judicial para realizar las interceptaciones ilegales de los teléfonos y correos de defensores de derechos humanos, periodistas y de políticos de oposición, él respondió que no conocía de soportes legales pero que presumía que existían porque eran ordenados por las directivas del DAS. Prácticamente aceptando que desde el G-3 estaban infringiendo la ley y defraudando al Estado.

La diligencia de inspección determinó que el G-3, desde el año 2003 en adelante, obtenía las grabaciones de abonados telefónicos y correos electrónicos de personas naturales y jurídicas que eran almacenadas en los discos duros que se encontraron en un cuarto del DAS que fue bautizado como “Sala Vino”.

El coordinador del G-3 justificaba las acciones del grupo con el argumento de que su labor en el DAS preservaba “la seguridad nacional ante amenazas y riesgos” que representaban “actores sociales y políticos”. Las ONG se encargaban de “adelantar una guerra política de desprestigio contra el Estado colombiano, ante organizaciones mundiales de derechos humanos” y, según él, buscaban determinar los posibles vínculos con “terroristas como las FARC y el ELN”. Esas palabras de Jaime Fernando Ovalle, después de la reunión que tuvo con José Miguel Narváez y luego de escuchar el discurso del presidente Uribe contras las organizaciones de derechos humanos, indicaban que en el DAS se habían tomado en serio la orden de “proceder” en contra de las ONG porque eran “traficantes de derechos humanos”, dirigidas por “politiqueros al servicio del terrorismo”.

En el folio 211 de la AZ 33, documentos que se encuentran en cadena de custodia por la investigación que adelanta la Fiscalía del grupo denominado G-3, aparece el acta de una reunión confidencial celebrada el 8 de marzo de 2005 en la que participaron el director del DAS Jorge Noguera, el asesor José Miguel Narváez, el director de Inteligencia Enrique Ariza, la directora general Operativa Jacqueline Sandoval y el subdirector de Operaciones Carlos Alberto Arzayus Guerrero, cuyo objetivo era impartir instrucciones para “obtener información de inteligencia sobre Gustavo Gallón, presidente de la ONG Comisión Colombiana de Juristas y asesor de las Naciones Unidas en derechos humanos”.

La mayoría de directivos que participaron en la reunión para iniciar las labores de inteligencia no las firmaron porque José Miguel Narváez volvió a reiterar que “por la sensibilidad de la información no es pertinente dejar nada por escrito”. Entonces ese documento solo lo certificaron Jaime Fernando Ovalle y Carlos Alberto Arzayus.

En otro de los memorandos del DAS, aparece la fotografía de un hombre que no lograron identificar pero que por el solo hecho de haber participado en una marcha de unos trabajadores lo incluyeron en los archivos del G-3. El documento reservado dice: “persona que gritaba arengas en contra del gobierno”.

Los detectives encargados de las operaciones tenían que conseguir información sobre la estructura laboral y familiar de cada ‘blanco’ para la composición de los que ellos denominaron “hoja de vida”, que era un sistema de recopilación de información íntima de las personas víctimas del G-3, para luego realizar las presentaciones en Power Point que les exigiría el asesor José Miguel Narváez en la sala de juntas para ordenar los cursos de acción en contra de cada objetivo.

Dichas exposiciones, por ejemplo, incluían los nombres y cargos del personal de una ONG con sus respectivas fotografías. Hacían un perfil psicológico de cada directivo con el fin de determinar cuál podría ser la acción desestabilizadora que podrían hacer en contra de la persona. Incluyeron la identificación de vicios y debilidades, gustos y detalles de la mayor intimidad. “Se nos exigía que las hojas de vida tuvieran datos básicos como fotografías, información sobre el núcleo familiar, actividades desarrolladas, representación nacional e internacional, situación económica”, expresó uno de los detectives del G-3.

En las carpetas que contienen la información sobre la operación “Transmilenio”, en contra de las organizaciones de derechos humanos, aparecen memorandos “secretos” del DAS que dan cuenta de la revisión que hicieron de las canecas de la basura de la casa de Alirio Uribe Muñoz, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. En los desechos encontraron los apuntes escolares de uno de sus hijos que para esa época era menor de edad. Los detectives que recibieron la orden para perseguir a Uribe Muñoz, conservaron el cuaderno del joven para elaborar un informe psicológico de la familia y así ejecutar la estrategia para intimidar personal y laboralmente al abogado. La exhaustiva indagación incluyó la elaboración de los perfiles de toda su estructura familiar y de amistades. A la empleada doméstica de su hogar la vigilaron constantemente desde una residencia cercana a la casa de Uribe Muñoz que el DAS arrendó —y pagó con dineros públicos— para fotografiar a las personas que ingresaban a esa residencia. La Fiscalía estableció que en por lo menos dos oportunidades, detectives del DAS lograron entrar a la casa de Alirio Uribe Muñoz para convencer a la señora del servicio para que les suministrara información personal de esa familia.

Entonces el trabajo ilegal del DAS no solo consistió en interceptaciones telefónicas y electrónicas, sino en seguimientos incluso al exterior de todas las personas a las que José Miguel Narváez estableció como objetivos del G-3, tal y como lo pidió públicamente el presidente Uribe en su discurso de septiembre de 2003.

^[1] MORRIS, Hollman. “Declaración de guerra a los defensores de derechos humanos”. CONTRAVÍA. Programa emitido el 14 de septiembre de 2003 por el canal Uno. Colombia.