A pesar de que la alcaldesa del Centro Democrático, Johana Aranda, inauguró un nuevo acueducto para Ibagué, bajo la promesa de solucionar la escasez de agua para cerca de 120 mil habitantes, la obra no ha cumplido su cometido y la veeduría señala deficiencia e improvisación en su construcción. Mientras tanto, el viejo sistema de acueducto pierde por fugas el 52% del agua.

Por Juan Sebastian Giraldo Guzmán

En enero de este año, la transmisión de mando en la alcaldía de Ibagué no tuvo mayores sorpresas. El partido Conservador le entregó el poder al Centro Democrático, que se hizo al primer cargo público de la capital del Tolima. Su representante para ello fue Johana Aranda, quien asumió en medio de un contexto político marcado por la controversia, luego de que su predecesor y mentor político, Andrés Hurtado, aun habiendo invertido alrededor de $90 mil millones en el proyecto de acueducto complementario, no pudiera cumplir su promesa de entregar la obra en diciembre de 2023.

Desde el inicio de la administración de Aranda se han presentado cuestionamientos sobre la ejecución, planeación y calidad del proyecto que busca mitigar la escasez de agua para cerca de 120 mil habitantes que sufren cortes constantes en el suministro del preciado líquido. A pesar de ello, el pasado 15 de octubre, la alcaldesa inauguró, con bombos y platillos, las fases I, II, III y IV, del acueducto complementario, al que denominó “la obra del siglo”.

La inauguración se realizó en medio de controversias y denuncias pues en lo corrido del 2024, se presentaron, al menos, cuatro explosiones en diferentes puntos de la red de conducción del acueducto complementario, incluido su tubo madre, en los meses de mayo, julio y septiembre de este año (en dos ocasiones), en los barrios Baltazar, Combeima y El Libertador. A pesar de ello, el Instituto de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué (IBAL) calificó estos incidentes como “normales y de poco riesgo”.

^{Explosión del tubo madre del acueducto complementario en inmediaciones del barrio El Libertador, en julio de 2024.}

^{El 19 de septiembre de 2024, en el barrio El Libertador, una tubería de 32 pulgadas del acueducto complementario explotó, destruyendo el asfalto y causando inundaciones.El IBAL culpó de lo sucedido al exgerente del IBAL entre 2016 y 2019, Alberto Girón.}

Parte importante de las denuncias sobre las irregularidades en la ejecución de la obra ha provenido desde la veeduría VAPI (Agua para Ibagué), la cual, semanas antes de la inauguración, manifestó preocupaciones, indicando que el sistema de suministro de agua que ha sido construido por tramos durante más de 20 años “obedece a contratos y contratistas diferentes, con interventores y supervisores diferentes y a diversas modificaciones de diseños, lo cual quiere decir, que, en la práctica, no existen garantías legales ni reales que le aseguren a la ciudad que los recursos invertidos lo fueron correctamente”.

^{Caseta de válvulas de la Bocatoma del acueducto complementario, fotografía tomada por la veeduría VAPI el 28 de julio de 2024.}

Durante la inauguración, tanto Aranda como la gerente del IBAL, Erika Palma, afirmaron que el suministro de agua proveniente del río Cocora ya estaba llegando hasta las Comunas 8, 9, 12 y 13, asegurando que se cumplía “el sueño de miles de familias”. No obstante, minutos más tarde, en medios locales, la alcaldesa informó que sectores como Arboleda Campestre (Comuna 9) al cual se le ha prometido ser beneficiado por el acueducto complementario desde 2014, no estaba incluido todavía en el proyecto y su beneficio estaba contemplado en obras futuras.

Una semana después de la inauguración, el descontento ciudadano se intensificó, pues “el sueño de miles de familias” terminó siendo solo una ilusión ya que seguían sin contar con suministro de agua constante a pesar de la anunciada puesta en funcionamiento del acueducto. Las redes sociales se inundaron de quejas y dos días después de la inauguración, varios barrios bloquearon vías exigiendo soluciones a la escasez en su suministro de agua.

Andrés Zambrano, concejal de Ibagué, en declaraciones a Revista RAYA, confirmó el malestar ciudadano y la multiplicidad de denuncias elevadas por la comunidad, razón por la que el jueves 24 de octubre, se realizó un debate de control político al IBAL y a Erika Palma para que aclarara el estado del servicio del Acueducto complementario y explicaran por qué persistían los problemas en las comunas que ya deberían haberse visto beneficiadas; sin embargo, en medio del debate, concejales afines al Gobierno de Aranda se encargaron de entorpecer el espacio en el que finalmente, ni siquiera, la comunidad presente en el recinto pudo intervenir.   

La preocupante situación del acueducto de Ibagué, proyecto en el que se han invertido más de 200 mil millones durante 30 años y aún no soluciona la problemática para la cual se planteó en 1994, pone de relieve la necesidad de respuestas claras y efectivas para abordar las deficiencias en el servicio y garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos.

Aunque el proyecto fue inaugurado, la Administración de Ibagué ha dejado en claro que hacen falta obras complementarias, entre las cuales se encuentra la fase V del proyecto, correspondiente a la construcción al Sistema matriz Alsacia – Santa Ana, en el que según declaraciones de la congresista tolimense, Olga B. González, se prevé que el Gobierno Nacional aporte $46.000 millones.

Desperdicio de agua y alcantarillado obsoleto

Según el informe de la Evaluación Regional del Agua de la Universidad del Tolima y Cortolima, el IBAL tiene asignado un caudal de 3.309 litros por segundo a través de diferentes concesiones de agua, suficiente para abastecer a 1 millón 400 mil habitantes. Esta cifra supera más del doble de la población actual de Ibagué, que ronda los 600 mil habitantes.

A pesar de esta capacidad, la ciudad enfrenta una grave crisis de agua. El sistema de alcantarillado no ha sido renovado en más de 50 años, lo que ha llevado a un deterioro significativo. En toda la ciudad, se observan numerosas fugas de agua que no han sido reparadas, afectando el suministro.

Las administraciones de Andrés Hurtado y Johana Aranda, junto al IBAL, han reconocido esta problemática, pero han hecho poco para resolverla. En 2023, Cortolima impuso cerca de 300 sanciones administrativas al IBAL, que podrían sumar más de mil millones de pesos en multas. Los debates en el Concejo Municipal han revelado que alrededor del 52% del agua procesada por el IBAL se pierde en fugas y robos. Por otro lado, un informe de la Contraloría Municipal señala que el desperdicio se estima en un 13%, resultando en pérdidas de aproximadamente 7 millones 200 mil metros cúbicos de agua y una pérdida de ingresos de cerca de 8 mil 250 millones de pesos para el año 2023.

^{Fragmento del reporte de la Contraloría Municipal de Ibagué sobre el desperdicio de agua en la ciudad.}

Uno de los episodios más controversiales de la administración de Hurtado en 2023 fue la decisión del alcalde y de la gerente del IBAL, Erika Palma, de solicitar a Cortolima una nueva concesión de aguas superficiales y otros permisos en la quebrada Corazón, con el fin de captar más agua y de ese modo reemplazar la que se perdía en fugas. La solicitud fue rechazada debido a que Ibagué ya cuenta con suficiente concesión de agua para más de 10 años, según proyecciones del DANE.

El proyecto del Acueducto Complementario lleva casi 30 años en un estado de inconclusión, y ha servido como un receptáculo de recursos públicos y una promesa política. Sin embargo, los esfuerzos por renovar las tuberías del alcantarillado y por identificar los puntos de fuga de agua son prácticamente inexistentes.

La complicidad de las entidades públicas en la entrega de certificados de viabilidad y disponibilidad de agua a proyectos inmobiliarios

Ibagué, a pesar de su ubicación estratégica y recursos naturales, está relegada en el puesto 13 en competitividad en Colombia, con un índice de 5.42, según el Índice de Competitividad de Ciudades 2024 del Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario. Uno de los principales obstáculos para su desarrollo es la insuficiencia en el suministro de agua, que afecta a aproximadamente a 120,000 habitantes, en particular de las comunas 11, 12 y 13, donde el suministro de agua potable sufre de cortes intermitentes. Este problema se origina en un sistema hídrico deficiente, llevando a las comunidades a depender de acueductos comunitarios que, a menudo, tienen un Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) elevado debido a la falta de potabilización adecuada.

Con la complicidad del IBAL, Cortolima y las Juntas de Acción Comunal (JAC), constructoras como Construcciones JF, Constructora Bolívar y Colpatria, entre otras, han avanzado en sus proyectos inmobiliarios, respaldándose en el imaginario de un “acueducto complementario” o usurpando los limitados afluentes de los acueductos comunitarios. “En los casos en los que las constructoras han creado sus proyectos dependiendo de acueductos comunitarios, han provocado la sobreexplotación del recurso hídrico de estos. Los presidentes de Juntas de Acción Comunal, de manera irresponsable y probablemente bajo intereses personales, permiten la inclusión de nuevas conexiones a su acueducto, ignorando la capacidad de los mismos, y conllevando a que ni la comunidad rural ni los conjuntos residenciales tengan agua, afectando las fuentes del líquido”, declaró el geólogo y ambientalista Jonathan Ortiz en una entrevista con Revista RAYA.

Uno de los casos más controvertidos en la ciudad es el Conjunto Alminar Samoa, construido por Construcciones JF, propiedad de Jorge Fajardo, uno de los constructores más conocidos y adinerados de Ibagué, quien está vinculado al movimiento del senador Óscar Barreto y, anteriormente, al exalcalde Andrés Hurtado. El acueducto Acuamabala el Triunfo, originalmente diseñado para abastecer a una vereda de aproximadamente 50 familias, tenía 312 conexiones hasta 2014; sin embargo, con la construcción de Alminar Samoa, que contaba con mil apartamentos, este número se disparó a 1,312 conexiones. El acueducto no tenía la capacidad para suministrar el servicio a tantos usuarios, pero el entonces presidente de la JAC, Víctor Manuel Becerra, permitió el uso de este a la constructora.

En 2016, el excurador Greisman Cifuentes fue el encargado de otorgar la licencia de urbanismo a Construcciones JF, a sabiendas de que no era posible suministrar agua potable y constante a quienes adquirieran vivienda en Alminar Samoa. En 2021, el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que Cifuentes fuera investigado. Desde 2017 hasta la fecha, los habitantes de Alminar Samoa han cerrado vías periódicamente, protestando y exigiendo soluciones para ellos y sus familias. Debido a estas acciones, se han impuesto multas a distintos funcionarios del IBAL y Cortolima, pero la problemática persiste.

Otro caso emblemático en Ibagué, que ha costado la salud de miles de habitantes, se refiere al proyecto habitacional más grande de la ciudad, Arboleda Campestre, que contempla 47,000 soluciones de vivienda y fue construido por la Constructora Bolívar. Con apoyo de la Alcaldía de Ibagué y el Ministerio de Vivienda, el proyecto buscaba crear un desarrollo urbano 100% de interés social. Sin embargo, el predio donde se construirían los conjuntos estaba en el límite del perímetro urbano. En 2014, el IBAL comunicó a la constructora que no podía garantizar el suministro de agua potable a los futuros residentes, pero ofreció un preaprobado de disponibilidad de agua, condicionando la conexión a la finalización del “Acueducto Complementario”.

Con la promesa de que el acueducto complementario se terminaría pronto, la constructora comenzó a vender apartamentos rápidamente. En vez de oponerse a las prácticas de la constructora, la Alcaldía decidió invertir $3,400 millones en la “Planta Reuso – Urbanización Arboleda Campestre”, una planta de tratamiento de aguas para procesar el agua de un canal de riego cercano con capacidad de 20 litros por segundo. “Parece una planta de juguete, pero supuestamente es un prodigio que hace lo que no han podido hacer en otros países más desarrollados, que es potabilizar estas aguas residuales y darle de beber a 10,000 habitantes de Arboleda Campestre. Plomo, arsénico, mercurio y otras sustancias de alta peligrosidad, pero esa pequeña planta las vuelve óptimas para el consumo humano”, aseguró Henry Cortés, miembro de la Unión de Veedurías por el Agua de Ibagué (UVA).

Desde entonces, ha habido numerosas protestas de los habitantes de ese sector, quienes, al igual que ambientalistas y algunos cabildantes del Concejo, aseguran que el agua no es apta para el consumo humano y que su salud se ha deteriorado. A pesar de los altos índices del IRCA, el IBAL ha negado que la calidad del agua sea mala, lo que refleja la crisis hídrica que enfrenta Ibagué, donde la gestión deficiente y la corrupción continúan obstaculizando el desarrollo económico y la calidad de vida de sus ciudadanos.

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^{Reportaje de El Cronista.co, medio local de Ibagué, sobre situación de agua contaminada en la Arboleda Campestre.}

Una mirada histórica

Entre 1985 y 1993, Ibagué experimentó un crecimiento poblacional significativo, pasando de 301.598 a 370.890 habitantes, según el DANE. Este aumento trajo consigo una expansión en las zonas periféricas, particularmente en las comunas 12 y 13, al sur de la ciudad. Estas áreas, algunas fuera del perímetro hidráulico y sanitario de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de La Pola, dependían de acueductos comunitarios para abastecerse de agua.

En 1994, durante la administración de Rubén Darío Rodríguez Góngora (1992-1994), se contrataron estudios para un acueducto complementario debido a los problemas de turbidez y taponamientos en la cuenca del Río Combeima, principal fuente de agua de Ibagué. El proyecto, inicialmente denominado “Acueducto del Sur”, contemplaba la construcción de una nueva bocatoma, una planta de tratamiento en la comuna 13, y otras obras para captar agua del Río Cocora y distribuirla entre los habitantes del sur de la ciudad. Sin embargo, desde su inicio, el proyecto enfrentó problemas de improvisación, falta de interés político y escasez de recursos.

Durante la administración de Álvaro Ramírez Gómez (1995-1997), se realizaron algunas obras en el Río Cocora, pero fueron destruidas por una crecida del caudal meses después. El proyecto fue abandonado hasta 2006, cuando Rodríguez Góngora, en su segundo mandato (2004-2007), retomó la iniciativa con apoyo de Alberto Girón, aliado del liberalismo y cercano al senador Mauricio Jaramillo.

En 2007, con $16 mil millones del Gobierno Nacional, recursos de la Gobernación del Tolima y la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), se comenzó la construcción de la Bocatoma Cocora y se adquirió un predio para la Planta de Tratamiento de Boquerón en la comuna 13.

La administración de Jesús María Botero (2008-2011) prometió continuar el proyecto, designando a Alberto Girón como gerente del IBAL. Aunque Girón aseguraba que las obras estarían terminadas en 2011, el proyecto sufrió retrasos. En 2009, se adjudicó una licitación por $10 mil millones a la empresa American Pipe and Construction International para suministrar tuberías para la línea de conducción de la bocatoma Cocora a la planta de Boquerón. Sin embargo, en 2010, cuando estaba lista la licitación para instalar 12 km de tubería por $3.900 millones, el alcalde destituyó a Girón y nombró a Libardo Gutiérrez, quien suspendió el proceso durante 17 meses.

La licitación para la instalación de los tubos adquiridos durante la administración de Jesús María Botero se reactivó a finales de 2011, adjudicándose $6.900 millones a la firma Acualterno. Durante su mandato, Luis H. Rodríguez (2012-2015), actualmente privado de libertad por corrupción, enfrentó problemas con Acualterno, a la que terminó adicionando $3.000 millones para que instalara la tubería, que había estado expuesta desde 2009. La firma argumentó que los recursos eran insuficientes y que se requerían $18.000 millones adicionales.

^{Tubería adquirida en 2009, estuvo alrededor de diez años abandonada, pagando arriendo, en un lote de la Comuna 13 de Ibagué.}

En 2015, tras las investigaciones de la Contraloría General de la República sobre el contrato adjudicado por Botero, Rodríguez decidió liquidar el contrato con Acualterno. Esto derivó en una demanda contra el municipio por parte de Orlando Arciniegas Lagos, representante de la firma y estructurador de las licitaciones de las obras de los fallidos Juegos Nacionales de 2015 en Ibagué.

Durante la administración de Rodríguez, los problemas de abastecimiento de agua se extendieron más allá del sur de la ciudad, afectando también a la Comuna 9 y a sectores de las Comunas 7 y 8. A pesar de esta situación, no hubo avances en el proyecto debido a la falta de cumplimiento de Acualterno y a conflictos con el presidente Juan Manuel Santos, lo que llevó al Gobierno Nacional a retirar su apoyo financiero.

Uno de los actos más destacados de Rodríguez fue la adjudicación de un contrato de $10.000 millones al consorcio Atria en 2015 para la construcción del Tanque de la Zona Industrial, aunque este proyecto fue detenido por la administración siguiente.

En la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo (2016-2019), actual ministro de Salud, se retiró la gestión del proyecto al IBAL y se transfirió a la Secretaría de Desarrollo Rural, lo que generó un vacío legal y detuvo las obras a cargo del consorcio Atria. En años posteriores, se registró el robo de materiales del tanque, provocando pérdidas de $357 millones.

^{El abandono en el que se vio el ‘Tanque de la Fiscalía’ o ‘Tanque de la Zona Industrial’ durante varios años, terminó con un importante detrimento patrimonial y sobrecostos para la ciudad.} 

A pesar de estos inconvenientes, durante el gobierno de Jaramillo se avanzó en la compra de tuberías y en la construcción de una parte importante de la primera fase del acueducto mediante una licitación de $27.000 millones, adjudicada al Consorcio Acueducto Ibagué 2017, representado por Jorge Eduardo García Barrera, quien posteriormente sería investigado por incumplimientos en otra obra con el IBAL. Al final de su mandato, se invirtieron cerca de $90.000 millones en el proyecto, de los cuales el Ministerio de Vivienda aportó $5.000 millones.

Jaramillo, junto a José Alberto Girón Rojas, gerente del IBAL y su sucesor en la Alcaldía, aseguraron que la Fase I del proyecto tenía un avance del 96% y la Fase II, del 30%. El IBAL estableció que el proyecto debía completarse en cinco fases:

1. Traer agua desde la bocatoma Cocora para ser tratada en la planta de La Pola.
2. Llevar agua de la planta La Pola al tanque Sur.
3. Construcción de la planta Boquerón e interconexiones.
4. Conexión y construcción del tanque de la zona industrial.
5. Sistema matriz Alsacia – Santa Ana (en proceso de aprobación en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esperando gestión de recursos).

Tres meses después del anuncio de Girón, en la administración de Andrés Hurtado (2020-2023), el gerente del IBAL, Juan Carlos Núñez, desmintió las cifras de Jaramillo y reportó ocho interferencias en los trabajos realizados anteriormente, señalando que se necesitaban al menos otros $10.000 millones para continuar. Además, aseguró que las primeras dos fases estarían terminadas para mediados de 2021.

En 2020, Ibagué solicitó al Gobierno Nacional $49.000 millones para la última fase del acueducto complementario, correspondiente al Sistema matriz Alsacia-Santa Ana. Sin embargo, tanto el Gobierno de Iván Duque como el actual de Gustavo Petro se negaron a aportar los recursos. Erika Palma, actual gerente del IBAL, afirmó que “no existía voluntad para apoyar el proyecto”.

En 2022, la administración de Hurtado logró que el Consorcio Atria entregara el Tanque de la Zona Industrial tras siete años y varias adiciones presupuestales, finalizando una demanda por $11.000 millones por daños y perjuicios contra el municipio. Ese mismo año, se adjudicó un contrato por $25.000 millones al Consorcio Cocora IBATOL, representado por Luis Egimio Barón Vargas, para completar y poner en funcionamiento las primeras dos fases del acueducto complementario.

El contrato fue rechazado en tres ocasiones. En dos de ellas, el Consorcio Cocora IBATOL no cumplió con las exigencias técnicas. En su segundo intento, fue el único oferente y también fue rechazado. Sin embargo, en la tercera convocatoria, el proceso LP-150-2022, ganó el contrato siendo nuevamente el único oferente.

Un año después, la Contraloría Municipal reportó cinco hallazgos sobre el contrato, señalando al Consorcio Cocora IBATOL por ejecutar obras sin licencias ambientales y provocar un presunto detrimento patrimonial de $958 millones al desechar 385 metros de tubería adquiridos en la administración de Jaramillo.

En marzo de 2023, se adjudicó un nuevo contrato por $7.400 millones al Consorcio Zona Industrial 2023, representado por Jorge Eduardo García y Olaguer Agudelo Prieto, para la instalación del Tanque de Zona Industrial.

En la alcaldía de Hurtado también se adjudicó un contrato por $30.000 millones a Olaguer Agudelo Prieto, conocido por incumplimientos en la construcción del Puente de la 60 en Ibagué y en la edificación de dos hospitales en Tolima, para construir la planta de tratamiento de agua potable para las comunas 11 y 12. Asimismo, en 2023, se le adjudicaron $2.600 millones para poner en funcionamiento el acueducto complementario desde el Tanque Zona Industrial al Tanque Mirolindo. Finalmente, cerró su administración con una inversión cercana a los $90 mil millones únicamente para el Acueducto Complementario.